FORT PIERCE, Florida – La juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, escuchó hoy los argumentos sobre la solicitud del expresidente Donald Trump de retrasar el juicio por cargos penales federales relacionados con la retención de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca, pero no tomó una decisión inmediata.
El abogado especial Jack Smith trató de mover la fecha del juicio del 20 de mayo al 8 de julio, mientras que el expresidente Trump argumentó que debería ser empujado a después de las elecciones de noviembre. En su defecto, Trump sugirió una fecha de juicio en agosto.
El expresidente Trump fue acusado en 2023 de 40 delitos graves relacionados con el presunto manejo indebido de documentos clasificados de la época en que ocupaba la Casa Blanca, lo que dio lugar a una redada del FBI en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. El expresidente ha defendido sus acciones y argumenta que está protegido por la Ley de Registros Presidenciales.
Los abogados del expresidente Trump argumentaron enérgicamente que el juicio no debería celebrarse antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
«Seguimos creyendo firmemente que un juicio que tiene lugar antes de las elecciones es un error y no debería ocurrir», dijo Todd Blanche, un abogado que representa al expresidente, durante la conferencia. Argumentó que es injusto para el pueblo estadounidense mantener al expresidente Trump en la sala de la corte cuando debería estar en la campaña electoral.
Gran parte del debate sobre la fecha del juicio se centró en la programación de las peticiones previas al juicio y, en particular, en las audiencias probatorias, complicadas en este caso debido a que las pruebas son documentos clasificados.
Los abogados del expresidente Trump argumentaron que la 6ª Enmienda le otorga el derecho a estar presente y a participar en los procedimientos judiciales, mientras que, al mismo tiempo, la 1ª Enmienda le otorga a él —y al pueblo estadounidense— el derecho a participar en los discursos de su campaña.
Los abogados defensores argumentaron que es insostenible que el expresidente Trump esté involucrado en múltiples casos judiciales al mismo tiempo, que es casi seguro que tengan calendarios de audiencias que se solapen.
Blanche preguntó cómo podía argumentar la fiscalía «con cara seria» que se debía esperar que el expresidente Trump volara de ida y vuelta a múltiples salas de juicios con fechas coincidentes para las audiencias. La única razón para solicitar un juicio anticipado, argumentaron, es llevar a juicio al presidente Trump antes de las elecciones.
«Esto no es un juego», dijo Blanche.
Blanche sí permitió que si el juicio no se retrasara hasta después de las elecciones, podría trasladarse a agosto o septiembre.
Los abogados defensores también argumentaron que el caso debería desestimarse basándose en su reclamación de inmunidad presidencial. La Corte Suprema de EE.UU. anunció el 28 de febrero que consideraría esta reclamación en relación con otras acusaciones de que interfirió en el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
Los abogados defensores argumentaron que la juez Cannon debería retrasar el fallo sobre la inmunidad presidencial hasta después de que la Corte Suprema emita su decisión.
La Fiscalía sostiene que no hay motivo para el retraso
Smith asistió a la conferencia, pero permitió que los abogados Jay Bratt y David Harbach se ocuparan de los argumentos relativos al calendario del juicio.
La fiscalía sostuvo que era en interés de la justicia que el juicio se celebrara rápidamente y que no había impedimentos para ello.
«Este caso puede juzgarse este verano», dijo Bratt.
Dijo que la celebración del juicio entonces no violaría la política del Departamento de Justicia de juzgar casos con implicaciones políticas antes de unas elecciones. «Cumplimos plenamente con el manual del Departamento de Justicia», declaró Bratt.
El expresidente Trump se sentó en silencio y pareció escuchar atentamente los argumentos, a veces susurrando con Blanche. Los dos coacusados junto aTrump en el caso, su ayuda de cámara Walt Nauta y el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago Carlos De Oliveira.
La juez Cannon, en noviembre de 2023, denegó una moción de los abogados del expresidente Trump para cambiar la fecha del juicio, pero dijo que consideraría un retraso, que se está discutiendo hoy. También decidió fijar nuevos plazos previos al juicio para el caso debido al «alto volumen» de documentos clasificados que deben examinarse en el proceso de presentación.
El presidente Trump fue acusado junto con dos coacusados —el señor Nauta y el señor De Oliveira—, quienes también enfrentan cargos por presuntamente ocultar y manipular indebidamente documentos clasificados en la residencia del expresidente en Florida.
Smith dirige la acusación tanto en el caso de los documentos clasificados en Florida como en el caso relacionado con las acciones del expresidente Trump el 6 de enero de 2021, que se está juzgando en Washington.
Solicitud de acceso a documentos clasificados
Los abogados defensores de los señores Nauta y De Oliveira solicitaron acceso personal a ciertos materiales clasificados en el caso de los documentos de Florida, pero la juez Cannon falló en contra de la solicitud de los coacusados el 27 de febrero.
«El Asesor Especial ha demostrado suficientemente que la revisión personal de los demandados Nauta y De Oliveira de los materiales producidos en el proceso de presentación de pruebas clasificadas no sería ‘relevante y útil’ para su defensa», dijo la juez Cannon en su fallo.
Añadió que «la revisión personal de los demandados del contenido de los documentos clasificados no es ‘útil para contrarrestar el caso del gobierno o reforzar una defensa'».
«Los acusados Nauta y De Oliveira siguen sin proporcionar ningún ejemplo de documentos producidos en el descubrimiento clasificado que -si se pusieran a su disposición para su revisión personal— serían útiles para contrarrestar la acusación de que conspiraron para ayudar al acusado Trump a ‘guardar documentos clasificados que se había llevado de la Casa Blanca’ y ‘ocultarlos y esconderlos de un gran jurado federal'», dijo el juez.
Los acusados argumentaron en presentaciones judiciales anteriores que algunos de los documentos solicitados se relacionan con la búsqueda de una defensa basada en «enjuiciamiento selectivo y vengativo».
Presentaron correos electrónicos publicados a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) que supuestamente mostraban a la Casa Blanca coordinándose con el Departamento de Justicia (DOJ) en el caso judicial. Los abogados de la defensa están buscando material adicional a través de la presentación de pruebas ante la corte para que se desestime el caso.
Los fiscales respondieron el 26 de febrero que los argumentos de los acusados equivalen a una «teoría de la conspiración» y que hasta ahora no han aportado «pruebas claras y convincentes».
Disputa sobre el cuestionario del jurado
Más recientemente, los fiscales y los abogados defensores terminaron de crear un cuestionario conjunto para el jurado y lo presentaron a la corte el 28 de febrero, estableciendo qué preguntas se harán a los posibles jurados en el caso de los documentos clasificados.
Ambas partes discreparon sobre la lista de preguntas. Los fiscales querían que se mantuviera sellada hasta después de la selección del jurado, alegando que revelar las preguntas en un caso de tan alto perfil sería similar a dar las respuestas antes de un examen.
«Los posibles jurados pueden tener opiniones firmes sobre Trump, sus coacusados o el Gobierno en este caso, y proporcionar información anticipada sobre el contenido del cuestionario aumenta el riesgo de que los posibles jurados puedan elaborar sus respuestas para aumentar sus probabilidades de servir o evitar el servicio en el jurado», dijeron los fiscales en los archivos judiciales.
Los acusados argumentaron que no debería archivarse bajo sello y que debería ser accesible al público.
La lista inicial de preguntas propuestas se dio a conocer en archivos judiciales el 28 de febrero, con un notable desacuerdo entre fiscales y acusados sobre las preguntas que debían hacerse a los posibles jurados.
Los fiscales se opusieron a las preguntas que evaluaban los sentimientos de los jurados hacia la policía, las fuerzas del orden y el sistema de justicia penal, mientras que los acusados se opusieron a las preguntas que preguntaban a los jurados si creían que las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020 habían sido robadas.
El cuestionario final del jurado —y las preguntas que contendrá— está aún por determinar.
Catherine Yang, Jack Phillips y Caden Pearson contribuyeron a este artículo.
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