Un juez de Georgia dictaminó que los funcionarios electorales de los condados deben certificar los resultados de las elecciones antes de la fecha límite establecida por ley, independientemente de las irregularidades o sospechas de fraude.
La ley de Georgia exige que los superintendentes electorales de los condados certifiquen los resultados de las elecciones antes de las 5 p.m. del lunes siguiente a la elección —o el martes, si la fecha cae en un feriado federal, como sucede este año.
El juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Robert McBurney, dictaminó el 14 de octubre que los funcionarios electorales deben cumplir con ese plazo.
«Ningún superintendente electoral (o miembro de una junta electoral y de registro) puede negarse a certificar o abstenerse de certificar los resultados electorales bajo ninguna circunstancia», escribió el juez en su dictamen.
El juez McBurney añadió que si un superintendente determinara la necesidad de obtener información adicional de la junta electoral o de otros funcionarios electorales, esa información debe ser proporcionada «con prontitud», cuando no esté protegida por la ley.
«Sin embargo, cualquier retraso en la recepción de dicha información no es una base para negarse a certificar los resultados de las elecciones o abstenerse de hacerlo», escribió a continuación.
Julie Adams, miembro republicano de la Junta de Elecciones y Registros del condado de Fulton, presentó la demanda después de que el director electoral designado por el condado supuestamente le negara sus reiteradas solicitudes de acceso a los resultados y procesos electorales.
«La demandante prestó juramento de ‘prevenir el fraude, el engaño y el abuso’ en las elecciones del condado de Fulton y de ‘hacer una declaración veraz y perfecta’», escribieron los abogados de Adams en la demanda inicial.
«Estas obligaciones se ven frustradas por la negativa repetida y continua a permitir que la demandante tenga acceso y conocimiento directo de la información que la demandante cree razonablemente que necesita para ejecutar sus deberes fiel y minuciosamente», añadieron los abogados.
Al no poder observar por sí misma los resultados y procesos electorales del condado, Adams votó en contra de la certificación de los resultados de las primarias presidenciales de marzo. Su demanda buscaba aclarar el alcance del papel del director electoral y sus propios derechos como miembro de la junta electoral.
En su fallo, el juez McBurney sostuvo que la certificación de las elecciones es «una tarea puramente ministerial que no otorga a su ejecutor discrecionalidad para excluir unos votos y contar otros».
Él razonó que permitir a los superintendentes electorales «hacer de investigador, fiscal, jurado y juez» y negarse a certificar los resultados «debido a una determinación unilateral de error o fraude» silenciaría de hecho a los votantes de Georgia.
«Nuestra Constitución y nuestro Código Electoral no permiten que eso ocurra», concluyó el juez.
El último fallo de McBurney coincidió con el inicio de la votación anticipada en Georgia. Los votantes tendrán la opción de votar anticipadamente en persona hasta el 1 de noviembre.
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