Un juez del distrito de Washington, D.C., emitió el jueves una orden judicial temporal que impide que los demandantes, tanto civiles como militares, sean despedidos después de haber presentado una demanda contra la orden de vacunación de la Casa Blanca.
La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, nombrada por el expresidente Bill Clinton, emitió una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar que prohíbe el despido de los demandantes mientras estén pendientes sus solicitudes de exención religiosa a la vacuna COVID-19.
«Ninguno de los empleados civiles demandantes será objeto de medidas disciplinarias mientras esté pendiente su solicitud de excepción religiosa», escribió Kollar-Kotelly en una orden, fechada el jueves.
La jueza también dictaminó que «los demandantes militares en servicio activo, cuyas solicitudes de exención religiosa han sido denegadas, no serán disciplinados ni separados durante la tramitación de sus apelaciones», señalando que el gobierno federal no ha proporcionado «ninguna garantía de lo que sucederá… si sus solicitudes de exención son denegadas».
Los demandantes citados en el juicio, entre los que se encuentran todos los secretarios del poder ejecutivo de la administración Biden, tienen que emitir memorandos complementarios antes del viernes en los que digan que no despedirán ni sancionarán al personal mientras se tramitan las exenciones religiosas, dictaminó también Kollar-Kotelly.
El presidente Joe Biden y los miembros de su administración fueron demandados por 20 demandantes el mes pasado por su orden ejecutiva del 9 de septiembre, que exigía vacunas a todos los empleados y contratistas federales, informó Fox News.
En su demanda, los demandantes escribieron que «los demandantes junto con cientos de miles de otros empleados federales y miembros del servicio activo serán despedidos, dados de baja o separados el o antes del 22 de noviembre de 2021».
«El gobierno de Biden ha mostrado una actitud displicente sin precedentes hacia el estado de derecho y una absoluta ineptitud ante los contornos constitucionales básicos», dijo el abogado de los demandantes, Michael Yoder, a la cadena tras el fallo de Kollar-Kotelly.
Describiendo esta orden como «peligrosa para la libertad estadounidense», Yoder dijo que «nuestra Constitución protege y asegura el derecho a permanecer libre de persecución y coerción religiosa».
Asimismo, elogió la sentencia de Kollar-Kotelly y dijo que «estamos un paso más cerca de poner a la administración Biden en su sitio, limitando el gobierno a sus poderes enumerados. Es hora de que los ciudadanos y los tribunales digan no a la tiranía. La Constitución no necesita ser reescrita, necesita ser releída».
El anuncio de Biden sobre las órdenes de vacunación en diferentes sectores de la sociedad suscitó importantes críticas, lo que llevó a varios estados a presentar demandas por los requisitos.
Antes de la fecha límite de la orden, varias asociaciones comerciales —entre ellas grupos de transportistas y camioneros— advirtieron al gobierno de Biden que las órdenes de vacunación provocarían cuellos de botella en la cadena de suministro y desencadenarían el caos en todo el país.
La orden del tribunal de Washington se produjo cuando el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció que su estado presentó una demanda contra la Casa Blanca por su orden de vacunación para los contratistas federales.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de prensa de la Casa Blanca para obtener comentarios.
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