Un juez federal ha emitido una orden de restricción temporal contra el FBI, impidiendo que la agencia utilice los procedimientos de confiscación de activos civiles para incautar los bienes de cuatro clientes de una empresa de cajas de seguridad de Beverly Hills en la que el FBI hizo una redada como parte de una investigación criminal.
En la orden de restricción del 22 de junio (pdf), el juez de distrito R. Gary Klausner criticó al FBI por los «avisos inadecuados de confiscación» enviados a las personas que tenían propiedades en las cajas de seguridad operadas por U.S. Private Vaults (USPV), en la que la agencia hizo una redada el 22 de marzo y que, según los archivos judiciales posteriores, era el centro de una conspiración criminal relacionada con las drogas y el lavado de dinero.
Klausner dictaminó que a los acusados «se les prohíbe decomisar civilmente los bienes de Jeni Verdon-Pearsons, Michael Storc, Travis May y Joseph Ruiz sin enviar primero notificaciones de decomiso que identifiquen la base fáctica y jurídica específica de la determinación del gobierno de iniciar un procedimiento de decomiso civil».
Dio al FBI hasta el 29 de junio para que explicara por escrito por qué el tribunal no debía emitir una orden judicial preliminar en nombre de los demandantes.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el FBI para solicitarle comentarios, pero no ha recibido respuesta antes de publicar este artículo.
El 22 de marzo, el FBI hizo una redada en USPV e incautó el contenido de cientos de cajas de seguridad, incluidas las alquiladas por los cuatro demandantes, que posteriormente presentaron reclamaciones al FBI solicitando la devolución de sus bienes incautados. El FBI no ha devuelto los bienes —que incluyen plata, oro, documentos personales y un total de unos 122,000 dólares en efectivo— y ha indicado que está tratando de decomisar los artículos, enviando notificaciones a los demandantes al respecto.
Las cuatro personas presentaron una demanda, argumentando que las notificaciones enviadas por el FBI no cumplen con su derecho a la Quinta Enmienda sobre el debido proceso.
«El Tribunal está de acuerdo», escribió Klausner, añadiendo con respecto a una de las notificaciones que, «dicho sin rodeos, [ésta] no proporciona ninguna base fáctica para la incautación de los bienes de los demandantes».
En una acusación contra USPV, citada por Los Angeles Times, el fiscal de Los Ángeles acusó a la empresa de participar en una conspiración criminal.
«El gobierno incautó las guaridas de cajas de seguridad porque había pruebas abrumadoras de que USPV era un negocio criminal que conspiraba con sus clientes criminales para distribuir drogas, blanquear dinero y estructurar transacciones para evitar los requisitos de declaración de divisas, entre otros delitos», señalaban los documentos judiciales presentados en marzo en el tribunal federal de Los Ángeles, que fueron revelados el 2 de abril, según el LA Times.
Los fiscales afirmaron que en la redada se encontró un número indeterminado de armas, junto con fentanilo y «enormes pilas de billetes de 100 dólares» olfateados por perros antidroga.
Un gran jurado federal ha acusado a USPV de tres cargos de conspiración para el lavado de dinero, la distribución de drogas y la estructuración de transacciones en efectivo para evitar su detección por parte de las autoridades.
En mayo, el FBI envió una carta (pdf) en la que detallaba lo que había encontrado en las cajas junto con sus planes de utilizar los procedimientos de confiscación de activos civiles para reclamar los más de 85 millones de dólares que contenían las cajas.
Pero Klausner argumentó que el FBI fue demasiado lejos al confiscar todos los activos de las cajas y no proporcionar suficientes detalles para la confiscación.
«Entre ellos se incluyen secciones del código que prohíben influir en un agente de crédito, la falsificación, poner en circulación moneda falsa, el contrabando, el fraude de préstamos, el fraude informático y el fraude bancario, entre otros. Las notificaciones, por tanto, se quedan muy cortas en cuanto a la obligación del gobierno de proporcionar ‘la disposición legal específica supuestamente violada'», señaló.
Robert Frommer, abogado principal del Instituto de Justicia, dijo en un comunicado de prensa tras la emisión de la orden de restricción que «cientos de personas inocentes han visto sus vidas trastocadas por la apropiación de 85 millones de dólares por parte del gobierno».
«Esta orden rechaza directamente las ‘anémicas notificaciones’ del gobierno por ser un intento inconstitucional de apropiarse de la propiedad de los titulares de las cajas sin una buena razón», añadió.
Rob Johnson, abogado principal del Instituto para la Justicia, dijo que, aunque la orden se aplica formalmente «solo a nuestros cuatro clientes, el razonamiento de la orden se aplica a cada uno de los cientos de titulares de cajas privadas de Estados Unidos en esta situación».
Johnson pidió al FBI y al fiscal de EE. UU. que pusieran fin al procedimiento de confiscación.
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