Después de semanas de intentar obtener una fianza y argumentar ante un tribunal de apelaciones que una fianza de 454 millones de dólares era “imposible”, el expresidente Donald Trump obtuvo una fianza de 175 millones de dólares para suspender el juicio. A pesar de dicho proceso ahora tendrá que volver a exponer el caso diciendo por qué esto debería satisfacer a la fiscal general de Nueva York y evitar que se apodere de sus propiedades.
El 22 de abril, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, el juez del tribunal de primera instancia que dictó la sentencia de 454 millones de dólares, escuchará la impugnación del fiscal general sobre la suficiencia de la fianza del presidente Trump.
La cifra de 175 millones de dólares había sido fijada por la división de apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York. El presidente Trump ha criticado con frecuencia al juez Engoron por «ignorar» las órdenes de la corte de apelaciones, como cuando permitió pruebas más allá del plazo de prescripción establecido por la división de apelaciones durante el juicio.
¿Quién respalda la fianza?
La fiscal general ha tratado de sembrar dudas sobre la estabilidad de Knight Specialty Insurance Company (KSIC), con sede en Los Ángeles, calificándola como una “pequeña aseguradora” y argumentando que no está autorizada a hacer negocios en Nueva York.
Argumentaron que KSIC nunca ha suscrito una fianza y tiene «un superávit total de asegurados de solo 138 millones de dólares».
Amit Shah, presidente de la compañía de seguros, exigió que el tribunal obligue a la fiscal general a demostrar la causa o probar la acusación de que la compañía de seguros no cumple con el estándar.
El Sr. Shah presentó una declaración jurada explicando que KSIC ahora tiene control sobre una cuenta bancaria del presidente Trump que mantendrá 175 millones de dólares en efectivo mientras dure la apelación. La compañía de seguros celebró un acuerdo de garantía con el Donald J. Trump Revocable Trust. El Sr. Shah presentó documentos que establecen que su empresa goza de “buena reputación” y fue aprobada para la elegibilidad de línea excedente en Nueva York en junio de 2021.
“Como aseguradora de línea excedente elegible en el estado de Nueva York, KSIC está, por lo tanto, debidamente autorizada para emitir la garantía en nombre de los demandados”, afirmó. Esta autorización es válida siempre que la compañía de seguros cumpla con el requisito de la Excess Line Association de Nueva York de mantener un excedente mínimo de asegurado de USD 47 millones. El Sr. Shah declaró que su compañía mantiene un excedente mínimo de USD 48 millones.
Añadió que, a finales de 2023, la compañía de seguros tenía 539 millones de dólares en activos y 138 millones de dólares en capital, y su empresa matriz, Knight Insurance Company, tenía en forma consolidada 1000 millones de dólares en activos y 1000 millones de dólares en capital. La empresa matriz también mantiene 56 millones de dólares en efectivo y 937 millones de dólares en valores negociables para respaldar las obligaciones de reaseguro.
«Siguiendo mis instrucciones, KSIC también llevó a cabo diligencias para confirmar su autoridad legal para actuar como aval antes de emitir la fianza en cuestión», declaró el Sr. Shah. «Aunque KSIC no había emitido antes una fianza en Nueva York, es una aseguradora de líneas excedentes en el estado de Nueva York».
La fiscal general también discrepó del hecho de que KSIC no tiene «derecho exclusivo» sobre la cuenta que contiene 175 millones de dólares en efectivo, y destacó el hecho de que necesitaría «un aviso de dos días» para mover ese efectivo.
Los abogados estatales instaron al tribunal a «no confiar en el resumen financiero de KSIC» porque la compañía de seguros «envía el 100 por ciento de su riesgo de seguro retenido a afiliados en las Islas Caimán», lo que, según argumentaron, «refuerza artificialmente su superávit».
Argumentaron que las aseguradoras de líneas excedentes solo están autorizadas si la administración se considera «confiable y competente», y la KSIC no calificó porque «las autoridades federales han determinado que su administración ha operado empresas afiliadas dentro de la estructura de la sociedad holding de la KSIC en violación de la ley federal en múltiples ocasiones en los últimos años”.
Knight pertenece al grupo de empresas financieras The Hankey Group, que incluye la filial Westlake Financial Services LLC. La fiscal general argumentó que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de los Estados Unidos descubrió que Westlake «violó numerosas leyes federales al presionar a los prestatarios mediante el uso de tácticas ilegales de cobro de deudas, incluido el uso de información falsa de identificación de llamadas, amenazando falsamente con remitir a los prestatarios para investigación o enjuiciamiento penal» en 2015. La compañía fue multada y proporcionó 44 millones de dólares en restitución a los consumidores.
La fiscal general solicita que se le exija al presidente Trump que deposite una fianza de sustitución en un plazo de siete días.
30 empresas dijeron que no
La fianza requerida era originalmente de 454 millones de dólares, pero los abogados del presidente Trump argumentaron que había n contratado a cuatro corredores que durante semanas negociaron con las mayores garantías del mundo sin éxito.
Unas 30 empresas no cubrirían la fianza, argumentaron, porque las fianzas normalmente no aceptan activos tangibles (como los bienes raíces, el principal activo de la Organización Trump) como garantía.
En cambio, exigirían el monto del bono en efectivo, más primas adicionales dado el tamaño inusualmente grande, por un total de lo que estimaron en más de USD 550 millones en efectivo.
En vísperas de la fecha límite para pagar la fianza, el presidente Trump recurrió a las redes sociales para afirmar que tenía cerca de 500 millones de dólares en efectivo, pero que había planeado utilizar gran parte de ellos en su campaña de reelección y no quería entregárselos a un Tribunal de Nueva York mientras lucha por conservar sus edificios.
Además, en una rueda de prensa posterior, afirmó que la cifra de 454 millones de dólares la habían fijado arbitrariamente la fiscal general y el juez porque habían visto una cifra similar en sus cuentas bancarias, que han sido reveladas al tribunal en el curso del caso de fraude civil.
La fiscal general había solicitado originalmente 250 millones de dólares, que aumentaron a unos 370 millones de dólares al final del juicio. Más los intereses retroactivos, se ordenó al presidente Trump pagar 454 millones de dólares en total.
Los abogados de Trump presentaron una declaración jurada de uno de los corredores contratados para negociar la fianza de 454 millones de dólares, quien explicó que, en el mundo de las fianzas, 100 millones de dólares era una fianza grande y difícilmente se emitía a particulares. Afirmó que solo un “puñado” de fiadores están autorizados por el gobierno federal para emitir bonos de ese tamaño, y muchos tenían políticas internas que limitaban los bonos que emitían a 100 millones de dólares. También afirmó que las fianzas no toman como garantía activos duros, porque no están diseñadas para liquidarlos rápidamente en caso de que haya que pagar una fianza.
La fiscal general instó al tribunal a no tomar estas declaraciones juradas al pie de la letra, poniendo en duda la credibilidad del abogado y corredor al afirmar que tenían conexiones previas con el presidente Trump. Los abogados estatales sugirieron que la razón por la que el presidente Trump no pudo cumplir con la fianza fue porque es posible que sus empresas no estén en tan buena situación como él afirmaba.
Los abogados de Trump señalaron que un monitor designado por el tribunal ha dado a los abogados y al tribunal acceso total a las finanzas de la Organización Trump desde 2022, y las finanzas han sido transparentes.
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