Un juez del condado de Indiana falló en contra de los proveedores de abortos y los grupos de defensa que buscaban ampliar el acceso al aborto bajo la prohibición casi total del estado, promulgada en 2022 tras la anulación del caso Roe contra Wade por la Corte Suprema de Estados Unidos.
La juez Kelsey Blake Hanlon, que presidió un juicio de tres días en mayo, emitió una orden el 11 de septiembre que deniega una solicitud de medida cautelar permanente presentada por Planned Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Indiana, que impugnaron legalmente el proyecto de ley del Senado 1 (SB 1).
La SB 1, promulgada por el gobernador Eric Holcomb en 2022, prohíbe el aborto excepto en casos de violación, incesto, anomalías fetales letales o cuando la vida o la salud de la mujer estén en peligro. Indiana fue el primer estado en promulgar una prohibición casi total del aborto después de que la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer Jackson devolviera a cada estado la autoridad para determinar sus propias políticas sobre el aborto.
En su demanda contra la ley SB 1, los demandantes buscaban ampliar las exenciones médicas de la ley y bloquear el requisito de que los abortos se practiquen solo en hospitales. Argumentaban que las exenciones para proteger la salud de la mujer son tan estrechas que los médicos suelen dudar al interrumpir embarazos, incluso en casos médicamente justificados. También alegaron que el requisito de solo hospital aumenta el coste de la atención y limita el acceso.
En su fallo de 50 páginas, Hanlon confirmó las dos disposiciones impugnadas del SB 1, concluyendo que no violan las protecciones constitucionales y que los demandantes no aportaron ejemplos para respaldar sus argumentos.
«Los demandantes no han demostrado un caso en el que un aborto sea necesario para tratar un riesgo grave para la salud, pero que también quede fuera de la Excepción de Salud y Vida», escribió Hanlon, añadiendo que los profesionales médicos han demostrado capacidad para aplicar las excepciones de salud y vida de la ley, asegurando que se proporcione la atención necesaria.
«Además, los demandantes no han demostrado que el Requisito Hospitalario sea materialmente gravoso para el acceso al aborto constitucionalmente protegido, ni que falle la evaluación de base racional en cuanto a los abortos autorizados por ley (pero no constitucionalmente protegidos)», añadió.
Hanlon indicó que se presentaron pruebas sólidas sobre el impacto de la ley SB 1 en los profesionales médicos, pero subrayó que el tribunal no puede invalidar las decisiones políticas tomadas por la Asamblea General de Indiana.
La juez señaló que la definición legal de «riesgo grave para la salud» en el SB 1 pone a los médicos de Indiana «en la posición increíblemente poco envidiable de proporcionar atención obstétrica exigente en un entorno políticamente cargado y bajo un nuevo régimen legal que incluye la posible responsabilidad penal y la revocación de la licencia».
Sin embargo, escribió, el SB 1 permite el aborto cuando los médicos creen, basándose en un «juicio médico razonable», que «una mujer se enfrentaría a un riesgo grave» en el sentido de la ley.
En respuesta a la sentencia, el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, celebró la decisión como una victoria para el movimiento provida del estado.
«¡Otra gran victoria para la vida! Hoy, la Corte de Circuito del Condado de Monroe denegó la moción de Planned Parenthood para una medida cautelar permanente contra nuestra ley provida», dijo Rokita en X.
Los proveedores de abortos y grupos de defensa de Indiana emitieron una declaración conjunta afirmando que se mantienen firmes en su oposición a la ley, que según ellos deja a los residentes de Indiana con «opciones peligrosamente limitadas» cuando buscan interrumpir un embarazo.
«Las residentes de Indiana con graves complicaciones de salud se han visto obligadas a soportar un sufrimiento injustificado debido a abortos espontáneos, embarazos ectópicos y otros problemas relacionados con el embarazo, o a abandonar el estado para acceder a una atención adecuada», reza el comunicado de Planned Parenthood, ACLU de Indiana, All-Options y Lawyering Project.
Se espera que los demandantes apelen la sentencia.
Mientras tanto, la tasa de abortos en Indiana ha descendido drásticamente. Según el Departamento de Salud del Estado de Indiana, en el segundo trimestre de 2024 se registraron 27 abortos, un descenso del 98,6% en comparación con los 1938 abortos que se practicaron en el mismo periodo de 2023, cuando la ley del aborto de Indiana seguía bloqueada por los tribunales.
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