Un representante del juez en el juicio civil por fraude del expresidente Donald Trump en Nueva York dijo que el juez no tuvo ningún contacto inapropiado con un abogado antes de dictar su decisión de multar a Trump con 454 millones de dólares por inflar el valor de sus activos en febrero, según un nuevo informe.
Adam Leitman Bailey, un abogado inmobiliario de alto perfil de Nueva York, dijo a la NBC de Nueva York en una entrevista el 16 de febrero que ofreció consejos no solicitados al juez Arthur Engoron unas semanas antes de que tomara su decisión.
«Lo vi en una esquina [del juzgado] y le dije a mi cliente: ‘Tengo que irme’. Me acerqué y empezamos a hablar. … Quería que supiera lo que pienso y por qué. … Realmente quería que lo hiciera bien», dijo al medio en la entrevista el mismo día en que el juez Engoron dictó sentencia.
La conversación podría haber violado las Normas de Conducta Judicial del Estado de Nueva York que rigen las interacciones con los jueces sobre casos pendientes fuera de los procedimientos oficiales en los que están presentes las partes implicadas.
Esas normas establecen que «un juez no iniciará, permitirá ni considerará comunicaciones ex parte, ni considerará otras comunicaciones hechas al juez fuera de la presencia de las partes o sus abogados», con la excepción de obtener el «consejo de un experto desinteresado» si el juez avisa a las partes implicadas.
Ex parte se refiere a la comunicación en la que una parte implicada en un caso habla, escribe o se comunica directamente con el juez sobre cuestiones relativas al caso sin el conocimiento o la presencia de las otras partes.
«No hubo ninguna conversación ex parte en relación con este asunto entre el juez Engoron y el señor Bailey o cualquier otra persona», dijo Al Baker, un portavoz de la Oficina de Administración Judicial del Estado de Nueva York a NBC Nueva York. «La decisión que el juez Engoron emitió el 16 de febrero fue solo suya, fue profundamente meditada y no fue influenciada en absoluto por este individuo».
El abogado argumentó contra el uso del novedoso estatuto de fraude
El Sr. Bailey dijo que no era un «fan» del presidente Trump, pero ofreció su punto de vista porque quería que el juez Engoron tomara la decisión correcta, que habría sido opuesta a la forma en que realmente falló.
Dijo que creía que el juez Engoron no debería utilizar un estatuto específico de fraude estatal para cerrar una gran empresa, argumentando que dañaría la reputación del estado y perjudicaría su economía.
Un argumento similar fue presentado por el equipo legal del presidente Trump, pero negado por el juez Engoron.
Charles Trzcinka, profesor de finanzas de la Universidad de Indiana-Bloomington, argumentó lo mismo a The Epoch Times, diciendo que tendría un «efecto escalofriante» en los inversores de Nueva York debido a la novedad del caso.
«Si hablas con la gente en este mercado, están muy, muy molestos … y estas son personas que son neutrales o incluso opuestas a Trump», dijo el Sr. Trzcinka a The Epoch Times. «Simplemente están enojados por eso».
El caso promete desalentar a los inversores de hacer negocios en el Empire State, el Sr. Trczinka y otras dos fuentes bien informadas dijeron a The Epoch Times en ese momento.
El Sr. Bailey argumentó en una entrevista posterior con la NBC de Nueva York que no creía que él o el juez hubieran hecho nada malo.
En qué punto se encuentra el caso de fraude civil
En abril, el expresidente Trump y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, llegaron a un acuerdo con respecto a su fianza de 175 millones de dólares en su caso civil de Nueva York, imponiendo restricciones adicionales al tiempo que resolvía las preocupaciones sobre la seguridad de los fondos.
La fiscal general argumentó que Knight Specialty Insurance Company (KSIC) carecía de un «certificado de cualificación» y que el presidente Trump todavía tenía acceso a la cuenta de Charles Schwab comprometida con la aseguradora como garantía.
El juez Engoron aceptó el acuerdo del 22 de abril, que otorgaba a KSIC el control exclusivo de la cuenta. El estado hizo la oferta después de que el Sr. Kise proporcionó un argumento oral.
La fianza emitida por KSIC está destinada a garantizar el cumplimiento por parte del presidente Trump de una sentencia de 454.2 millones de dólares ganada por la Sra. James mientras se lleva a cabo una apelación.
La Sra. James había cuestionado la suficiencia de la fianza del presidente Trump y había puesto en duda la estabilidad de la compañía de seguros.
Con información de Sam Dorman, Catherine Yang, Janice Hisle y Juliette Fairley.
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