El juez que interviene en la causa del avión venezolano-iraní retenido en Argentina bajo investigación judicial por posibles vínculos con el terrorismo internacional liberó a 12 de los 19 integrantes de la tripulación que se encuentran en el país suramericano desde principios de junio pasado.
En cambio, y según el fallo judicial al que tuvo acceso Efe, el juez decidió retener en Argentina a 7 de los 19 tripulantes —5 iraníes y 14 venezolanos— del avión venezolano que se encuentra paralizado en el aeropuerto internacional Ezeiza desde hace casi dos meses.
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena levantó la prohibición de dejar el país para el iraní Mahdi Mouseli y los venezolanos Victoria Valdiviezo Marval, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendon Oropeza, Albert Gines Pérez, Ángel Marín Ovalles y Nelson Coello, y dispuso devolverles sus documentos de viaje.
Los tripulantes liberados deberán fijar un domicilio y presentarse una vez por mes —ya sea en forma presencial o por medio electrónico— ante la embajada argentina en Irán y Venezuela.
El juez mantuvo la prohibición de salida del país y retención de los documentos de viaje de los iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vaki Zadeh y de los venezolanos Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez y José García Contreras.
El avión retenido en Argentina es un Boeing 747 Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y que actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino de la localidad bonaerense de Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado la inmovilización del avión.
Unos días después, un juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los miembros de la tripulación, quienes, por lo demás, tienen plena libertad de movimientos, al tiempo que incautó el avión para obtener más datos sobre la nave y qué hacían en Buenos Aires los integrantes del vuelo.
Uno de los tripulantes que seguirá retenido en el país es uno de los pilotos, proveniente del país persa, Gholamreza Gashemi, que se llama igual que un miembro de las Fuerzas Quds —una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria islámica—, definida por Estados Unidos como instructores de Hezbolá.
El caso generó una fuerte polémica en Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990 —contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires— por los que la Justicia local señala al grupo Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní.
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