Funcionarios de los puertos de entrada a EE. UU. no pueden registrar los dispositivos electrónicos de los viajeros internacionales sin que exista la sospecha de que han cometido un delito, dictaminó un juez federal.
El procedimiento legal aborda la creciente tensión entre las necesidades de las fuerzas del orden y los derechos de privacidad individual, en un momento en donde se ha incrementado la dependencia personal de la tecnología. También analiza lo que hacen los funcionarios en los puertos de entrada, sopesando la libertad de expresión y los derechos de privacidad de los viajeros, en contra de la misión del gobierno de mantener a salvo al país y a sus habitantes.
En un caso citado como Alasaad v. Nielsen, la jueza de distrito de EE. UU. Denise J. Casper, dictaminó el 12 de noviembre que la Cuarta Enmienda está en contra de la búsqueda e incautación irrazonable y requiere que los agentes fronterizos alberguen al menos, una sospecha razonable e individualizada de comportamiento criminal, antes de buscar teléfonos celulares y computadoras sin una orden judicial. Casper fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama en 2010.
La administración Trump había argumentado que gracias a los procedimientos de búsquedas en los dispositivos electrónicos en los puertos de entrada «se han descubierto con éxito amenazas a la seguridad nacional, actividades ilegales, contrabando y la inadmisibilidad de personas y cosas».
Al mismo tiempo, la jueza no fue receptiva al argumento de que los agentes de la frontera deben tener primero una causa probable – un estándar probatorio más alto requerido para las órdenes de registro por creer que el dispositivo de un viajero contiene prueba de contrabando antes de registrarlo.
Las búsquedas de dispositivos electrónicos deben tratarse de manera diferente a los exámenes de documentos habituales y las revisiones físicas que se consideran invasiones aceptables de la privacidad, señaló Casper.
«Incluso bajo la excepción de búsqueda en la frontera, son los intereses de privacidad implicados por el acceso sin restricciones a tal tesoro de información personal lo que debe equilibrarse con la promoción de intereses gubernamentales primordiales en la frontera», escribió Casper en el fallo.
Los grupos que presentaron la demanda quedaron satisfechos con el resultado.
«Este fallo promueve significativamente las protecciones de la Cuarta Enmienda para millones de viajeros internacionales que ingresan a Estados Unidos cada año», dijo en un comunicado Esha Bhandari, abogada del Proyecto de Tecnología, Privacidad y Discurso de la ACLU (Unión de Libertades Civiles Americanas).
«Al poner fin a la capacidad del gobierno para hacer registros, sin sospechas, a los dispositivos electrónicos, el tribunal reafirma que la frontera no es un lugar sin ley y que no perdemos nuestros derechos de privacidad cuando viajamos».
«Este es un gran día para los viajeros que ahora pueden cruzar la frontera internacional sin temor a que el gobierno, en ausencia de cualquier sospecha, saquee la información extraordinariamente sensible que todos llevamos en nuestros dispositivos electrónicos», dijo Sophia Cope, Abogada del staff senior de la EFF (Electronic Frontier Foundation).
La política gubernamental ha permitido a los funcionarios buscar en los dispositivos electrónicos de los viajeros sin una orden judicial o sospecha individualizada de irregularidades por parte de un viajero. A veces, a los funcionarios se les ha permitido confiscar dichos dispositivos sin causa probable, manteniéndolos lejos de sus dueños durante meses.
Se cree que la Constitución de Estados Unidos ofrece poca protección en los cruces fronterizos y los puertos de entrada con la teoría de que proteger a la nación de posibles riesgos de seguridad nacional, delincuentes y contrabando reemplaza los derechos individuales de los viajeros. En general, dentro de Estados Unidos, los automovilistas, propietarios de viviendas y peatones tienen una demanda más fuerte de las protecciones constitucionales, como el requisito de una orden judicial o causa probable.
La demanda fue presentada en nombre de un grupo de demandantes por la ACLU y el EFF. Las dos organizaciones demandaron al Departamento de Seguridad Nacional en nombre de 11 viajeros cuyos teléfonos inteligentes y computadoras portátiles fueron registrados sin orden judicial en la frontera de Estados Unidos.
La ACLU dijo que los agentes estadounidenses realizaron búsquedas sospechosas de teléfonos inteligentes que contenían registros confidenciales, como comunicaciones de abogado-cliente y fotografías íntimas.
Según la ACLU, el número de búsquedas de dispositivos electrónicos en la frontera ha aumentado significativamente desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en 2017. Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. realizaron más de 30.000 búsquedas de dispositivos electrónicos en el año fiscal 2018, más del triple del año fiscal 2015.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios de La Gran Época al momento de esta publicación.
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