Un juez federal desestimó el jueves una demanda contra una ley del Distrito de Columbia que permite a los «residentes no ciudadanos» votar en las elecciones locales.
La juez Amy Berman Jackson, designada por el presidente Barack Obama, consideró que un grupo de siete ciudadanos demandantes carecía de legitimación para impugnar la ley.
Su demanda contra la Junta Electoral del Distrito de Columbia, presentada el 14 de marzo, pretendía bloquear la ley de 2022 aprobada por el Consejo del Distrito de Columbia.
Argumentaban que los «no ciudadanos» no tienen un derecho fundamental a votar en Estados Unidos y que permitirles votar y ocupar cargos en el Distrito de Columbia diluye los votos de los ciudadanos estadounidenses.
«De nuestra independencia nacional se desprende que los ciudadanos de Estados Unidos tienen derecho a gobernarse y a ser gobernados por sí mismos. El derecho constitucional al autogobierno de los ciudadanos, además, ha sido reconocido en repetidas sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos», dice la demanda.
«Tampoco ningún extranjero tiene derecho constitucional a gobernar Estados Unidos», añade la demanda.
El grupo argumentó que el Tribunal Supremo ha reconocido y protegido estos derechos contra su violación en «múltiples precedentes».
El grupo, en su demanda, argumentó que la dilución del voto causada por la ampliación de la franquicia a los inmigrantes ilegales ha sido analizada bajo la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda «sobre la base de que discriminan a un grupo identificable al perjudicar a ese grupo mientras benefician a otro».
Y aunque la demanda señalaba que la 14ª Enmienda solo se aplica a los estados, sostenían que la cláusula del debido proceso de la 5ª Enmienda concede a los residentes del Distrito de Columbia el mismo derecho de igual protección.
Sin legitimación activa
Sin embargo, en una opinión emitida el jueves, la juez Jackson determinó que los siete demandantes no lograron demostrar «que han sido sometidos personalmente a ningún tipo de desventaja como votantes individuales en virtud del hecho de que a los no ciudadanos también se les permite votar».
«Pueden objetar como una cuestión de política el hecho de que los inmigrantes lleguen a votar en absoluto, pero sus votos no recibirán menos peso o serán tratados de manera diferente que los votos de los no ciudadanos», escribió el juez.
«No están perdiendo representación en ningún órgano legislativo; ni los ciudadanos como grupo han sido discriminatoriamente manipulados, ‘empaquetados’ o ‘agrietados’ para dividir, concentrar o devaluar sus votos», continuó.
El juez concluyó: «En el fondo, se limitan a plantear un agravio generalizado que es insuficiente para conferir legitimación».
The Epoch Times se puso en contacto con la Junta Electoral de Washington D.C. para obtener comentarios.
«Un ataque directo al autogobierno estadounidense»
The Epoch Times se puso en contacto con el Immigration Reform Law Institute (IRLI), con sede en Washington D.C., que representaba a los demandantes, para pedirles comentarios.
En una declaración anunciando la demanda, Christopher Hajec, director de litigios del IRLI, dijo que la ley «es un ataque directo al autogobierno estadounidense».
«Esta ley no solo da voz a los ciudadanos extranjeros en los asuntos de nuestro país, sino que les otorga un poder de voto al que los políticos inevitablemente tendrán que responder. Esa transferencia de poder va en contra del claro derecho del pueblo estadounidense a gobernarse a sí mismo», afirmó.
El director ejecutivo del IRLI, Dale Wilcox, dijo en un comunicado el 14 de marzo que cuando se erosiona el poder de voto de los ciudadanos, «nuestra nación empieza a perder su independencia».
«Si no se derogan leyes como ésta, lo próximo que se pedirá en muchos estados es que se permita votar a los extranjeros en las elecciones estatales e incluso federales», añadió.
Ley sobre el voto de los no ciudadanos
La ley en cuestión, conocida como Noncitizen Voting Act, eliminó el requisito de ciudadanía previa para votar en las elecciones municipales, permitiendo a todos los residentes mayores de 18 años que hayan vivido en el distrito durante 30 días, independientemente de su estatus migratorio, votar sólo en las elecciones locales.
Los que reúnan los requisitos pueden votar en las elecciones del distrito para alcalde, concejal, fiscal general y comisionados asesores vecinales. También pueden votar en iniciativas locales, referendos, revocaciones o medidas de enmienda de los estatutos.
Además, en combinación con otras leyes, la Ley del Voto de los No Ciudadanos permite a los inmigrantes ilegales ser alcalde de Washington, formar parte del Consejo de Washington y de la Junta Electoral de Washington.
Según un expediente judicial, en una reunión del Comité Judicial y de Seguridad Pública de Washington, D.C. celebrada el 27 de septiembre de 2022, el concejal Charles Allen, hablando en apoyo de la legislación, dijo: «Nuestros vecinos no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido, trabajado y criado una familia en el Distrito durante décadas, merecen la oportunidad de participar en su gobierno y determinar sus propios líderes al igual que todos nosotros».
El Epoch Times se puso en contacto con Allen para obtener más comentarios.
El Congreso debe revisar la legislación aprobada por el Consejo del Distrito de Columbia; sin embargo, los esfuerzos por derogar la ley por la vía legislativa acabaron estancados en el Senado estadounidense.
Después de que la Cámara de Representantes aprobara una resolución de desaprobación de la ley el 9 de febrero de 2023, el Senado no consiguió aprobar una resolución contra la ley en el plazo establecido.
Esto llevó al grupo de siete ciudadanos a presentar su demanda.
La demanda argumentaba que la ley viola las garantías de la 5ª Enmienda sobre el debido proceso y la igualdad de protección de los ciudadanos. La demanda también alegaba que la ley viola «el derecho constitucional de autogobierno de los ciudadanos» al permitir que «no ciudadanos ocupen cargos públicos», según una presentación judicial.
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