La solicitud del CEO de MyPillow, Mike Lindell, para que le devuelvan su teléfono móvil, después de que fuera incautado por agentes del FBI, fue rechazada por un juez federal en Minnesota el 3 de noviembre, según muestran documentos judiciales.
El Buró incautó el teléfono móvil de Lindell en septiembre mientras estaba con un amigo en un autoservicio de Hardee, en Mankato, Minnesota.
Los documentos judiciales muestran que el dispositivo fue tomado como parte de una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre presunto robo de identidad, daño intencional a una computadora protegida y conspiración para cometer robo de identidad o dañar intencionalmente una computadora protegida.
Según el DOJ, Lindell y otras personas, incluida la secretaria electoral del condado de Mesa, Colorado, Tina Peters, forman parte de una investigación sobre la supuesta violación a la seguridad de un equipo de votación en el condado de Mesa. Peters se ha declarado inocente.
Tras la incautación de su dispositivo móvil, Lindell presentó una demanda (pdf) en un tribunal federal de Minnesota alegando que la medida violaba sus derechos de la Primera, Cuarta, Quinta y Sexta Enmienda.
El empresario solicitó que se le devolviera su teléfono y que se le prohibiera al DOJ y al FBI acceder a los datos recopilados del dispositivo o divulgar cualquier información que estuviera en su teléfono. También pidió ver los materiales de la orden de registro que respaldan la búsqueda.
Lindell no ha sido acusado de ningún delito.
«He perdido 10 días enteros de datos», le dijo Lindell a The Epoch Times. «No he hecho nada malo. Nunca he visto nada como esto».
Sin embargo, el juez Eric Tostrud, designado por Trump, dijo el jueves en un fallo de 36 páginas (pdf) que Lindell no demostró que el registro e incautación de su dispositivo móvil fuera inconstitucional y que el Departamento de Justicia “demostró un interés apremiante en prevenir la divulgación prematura de los materiales de la orden de allanamiento durante su investigación penal federal en curso”.
Hay un «interés gubernamental significativo en la integridad» de la investigación penal en curso
Ese interés apremiante supera el derecho de acceso de Lindell, dijo el juez.
“Múltiples factores aquí justifican mantener sellados los materiales de la orden de allanamiento. La extensa declaración jurada de la orden de allanamiento de 80 páginas describe con considerable detalle «la naturaleza, el alcance y la dirección de la investigación del gobierno y las personas y [actividades] específicas involucradas», incluida la información obtenida de comunicaciones grabadas, informantes confidenciales y testigos colaboradores”, continuó el juez.
Tostrud también señaló que los materiales de la orden de allanamiento también “revelan información sobre personas que no son objetivos” de la orden de allanamiento y que “la divulgación prematura de estos materiales socavaría significativamente la investigación penal en curso del Gobierno, dando a los Demandantes (y potencialmente a otros objetivos de la orden de allanamiento) una ventana a la investigación del Gobierno que podría comprometer la investigación en su conjunto”.
«El significativo interés gubernamental en la integridad de una investigación criminal en curso, así como los intereses de privacidad de estos individuos asociados, no acusados, superan el interés de los Demandantes en el acceso a estos materiales de la orden de registro», escribió.
El juez también dijo que “no hay forma práctica” de proporcionar una versión tachada de la orden de registro de 80 páginas a Lindell.
Con base en esto, el juez rechazó la solicitud de Lindell para que le devolvieran su teléfono y de acceder a los materiales de la orden que se usaron para la búsqueda.
Lindell ha afirmado que el FBI lo atacó porque ha expresado denuncias de fraude electoral e irregularidades en la votación durante las elecciones generales de noviembre de 2020.
Los abogados del empresario también han dicho que no se le permitió hacer una copia de seguridad del contenido de su teléfono, que está conectado a sus audífonos, y desde el que dirige cinco empresas, cuando su dispositivo móvil fue incautado por agentes en septiembre.
«Eso significa que podrían ir por cualquiera que vean como testigo potencial, ir a confiscar sus teléfonos, y no tendrías una pierna en la que apoyarte. Estamos completamente a su merced. Han armado al FBI contra nuestros ciudadanos y esto tiene que parar. Voy a hacer todo lo que pueda para seguir siendo proactivo y tratar de detener la tiranía que está ocurriendo en este país», dijo Lindell.
Eva Fu contribuyó a este artículo.
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