Un juez federal rechazó el miércoles un plan para colocar cerca de 200,000 nombres en las listas de votantes de Georgia antes de las elecciones para el Senado del próximo mes.
«Los demandantes han demostrado que el proceso de mantenimiento de la lista de Georgia puede no ser preciso para identificar a los votantes que realmente se han mudado. Pero no han demostrado, ni siquiera alegado, que el proceso se haya aplicado de manera diferente a alguna clase de votantes», escribió en su fallo el juez Steve Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia. «Aquí no hay pruebas en este momento de que el proceso de mantenimiento de la lista no se aplique de manera uniforme».
El juez dijo que volver a poner los nombres en las listas «impondría una severa carga» a la Oficina del secretario de Estado Brad Raffensperger mientras administra las elecciones, y crearía confusión.
También señaló que los votantes tenían un año para reinscribirse, y algunos probablemente lo hicieron.
«Los demandantes reconocen que no saben cuántas personas en su lista de inscripciones canceladas pueden haberse reinscrito antes del 7 de diciembre de 2020», escribió Jones. «Por lo tanto, el riesgo de registros duales y de confusión de los votantes es alto».
Aún así, el juez dijo que «puede haber discrepancias» en los registros utilizados para cancelar inscripciones de votantes y animó encarecidamente a las partes a que se reunieran y averiguaran «la explicación, si la hubiera, de las supuestas inexactitudes».
Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), uno de los demandantes en el caso Black Voters Matter Fund contra Raffensperger, no respondió a una solicitud de comentarios.
El republicano Raffensperger dijo en un comunicado que «esta demanda de los grupos de izquierda —como las recientes de la derecha— se basaba en conjeturas de ‘expertos’ no cualificados extraídas de un análisis chapucero».
«Esta oficina cumple con la ley sin importar las críticas y supervisa elecciones justas y precisas abiertas a todos los votantes con derecho a voto, pero solo a los votantes de Georgia con derecho a voto», añadió.
El funcionario electoral dijo que su oficina sí retiró a los votantes pero que tal medida era parte de la rutina de mantenimiento requerida por las leyes estatales y federales.
Antes de retirar a los votantes, se envió a cada persona una carta en la que se le instruía que devolviera una tarjeta postal adjunta si quería seguir registrado para votar. Una carta similar se envió hace cuatro años; en el tiempo transcurrido, se les incluyó como inactivos en las listas pero aún así figuraban en ellas.
Los demandantes habían alegado que la cancelación de las inscripciones «se basaba en la afirmación infundada de que estos votantes se habían mudado». Dijeron que la forma en que se hicieron las cancelaciones violaba la Ley Nacional de Registro de Votantes.
La ACLU alegó en un informe publicado en septiembre que ninguno de los votantes que fueron eliminados se había mudado.
«Hay decenas de miles de votantes de Georgia que se han inscrito, han mantenido correctamente su residencia en el mismo condado y, sin embargo, su inscripción ha sido suprimida por el estado de Georgia», dijo en su momento Andrea Young, directora general de la ACLU de Georgia. «Animamos a todos a que comprueben su condición de votantes. Muchas personas en la lista de este estado tienen todo el derecho a suponer que están registrados para votar. Queremos que tengan tiempo para volver a registrarse».
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