NUEVA YORK—Una jueza de Manhattan dictaminó el miércoles que el Comité Judicial de la Cámara y su presidente, el representante Jim Jordan (R-Ohio), puede citar a un exfiscal que trabajó para el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg.
La jueza Mary Kay Vyskocil, designada por Trump, ordenó que el Comité Judicial de la cámara baja tenga autoridad para involucrarse en la investigación del expresidente Donald Trump.
Específicamente, Vyskocil concedió—a pesar de la objeción de Bragg—que Jordan podría citar a Mark Pomerantz, un exfiscal de la oficina de Bragg, para que testifique en relación con su investigación sobre Trump.
La orden de la jueza del miércoles implica que Pomerantz debe declarar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 20 de abril. Pomerantz podría incurrir en responsabilidades penales al testificar en el Congreso, dijo uno de los abogados de Bragg durante la audiencia del miércoles. Pomerantz también podría ser declarado en desacato al Congreso si no coopera con las peticiones del Congreso, dijeron sus abogados en una presentación el lunes, lo que pone al exfiscal en una difícil situación.
La orden del miércoles se emitió tras una discusión verbal de una hora de duración entre Theodore J. Boutrous Jr., abogado de Bragg, y el abogado general de la Cámara, Matthew Berry, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esto supuso para los legisladores del Comité Judicial una victoria anticipada en su enfrentamiento legal con Bragg, que comenzó cuando éste demandó al Comité, así como a Pomerantz, para impedir que el órgano del Congreso hiciera cumplir la citación judicial para Pomerantz.
En su dictamen del miércoles, Vyskoci falló a favor de los legisladores del Congreso, afirmando su postura de que la citación que emitieron para Pomerantz responde a fines legislativos legítimos y, por tanto, está protegida de demandas por la Cláusula de Libertad de Expresión y Debate de la Constitución de EE. UU. La Cláusula de Libertad de Expresión y Debate protege a los legisladores federales de demandas por acciones que sirvan a un propósito legislativo válido.
“La decisión de hoy muestra que el Congreso tiene la capacidad de supervisar y emitir citaciones a personas como Mark Pomerantz, y esperamos con interés su comparecencia ante el Comité Judicial», declaró Russell Dye, portavoz de Jordan, a The Epoch Times en un comunicado posterior al fallo del miércoles.
El poder judicial republicano se enfrenta a Bragg
La investigación de Jordan sobre el enjuiciamiento de Trump por parte de Bragg comenzó dos días después de que Trump anunciara el 18 de marzo que sería arrestado. Jordan le pidió a Bragg que proporcionara documentos sobre su “enjuiciamiento por motivos políticos” de un expresidente.
Luego llegó la imputación a Trump el 4 de abril. El expresidente fue imputado de 34 cargos de delito grave de falsificación de registros comerciales. El 6 de abril, Jordan citó a Pomerantz para solicitar su testimonio.
Pomerantz había presionado por una imputación contra Trump en 2021 tras liderar una investigación sobre las finanzas del expresidente. Él renunció a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en febrero de 2022 porque Bragg inicialmente decidió no perseguir un caso criminal contra Trump. Pomerantz publicó posteriormente unas memorias sobre el caso.
En respuesta a la citación de Jordan a Pomerantz, Bragg presentó una demanda federal el 11 de abril para anular la citación de Jordan, que incluía una solicitud de emergencia de una orden de restricción temporal sobre Jordan y una orden judicial para bloquear la ejecución de la citación. La corte ordenó que se celebrara una audiencia sobre esta solicitud de emergencia, lo que dio lugar a la audiencia del miércoles y al posterior rechazo por parte de la corte de la solicitud de Bragg.
Cuestión de la autoridad del Congreso
Durante la audiencia, el abogado de la Cámara afirmó que la citación del comité de Jordan responde a un propósito legislativo válido y, por tanto, está protegida de cualquier interferencia de las cortes en virtud de la Cláusula de Libertad de Expresión y Debate de la Constitución de EE. UU.
Berry propuso dos razones para esta afirmación.
En primer lugar, el abogado declaró que el Congreso había presentado una legislación que el testimonio de Pomerantz podría ayudar a fundamentar. Citó un proyecto de ley que, de convertirse en ley, prohibiría el uso de fondos federales para investigar a un presidente en funciones o a un expresidente (Ley de Responsabilización por la Violencia Sin Ley en Nuestros Vecindarios, o ALVIN, por sus siglas en inglés), así como otro que permitiría al Congreso desestimar una acción o proceso contra un expresidente (HR 2553).
El abogado de la Cámara también argumentó que el Congreso está facultado para examinar si los procesamientos por «motivos políticos» de un expresidente podrían interferir en las funciones de un presidente en funciones. Por ejemplo, puede influir de manera inapropiada en la toma de decisiones de un presidente en funciones sobre políticas, ya que el presidente puede “temer” el enjuiciamiento a posteriori por parte de un fiscal de distrito local por una decisión que puede ser impopular para las personas en la localidad del fiscal de distrito, dijo Berry.
El abogado de Bragg se opuso a estas afirmaciones. La citación del comité, dijo Boutrous, excedió la autoridad del Congreso porque es trabajo del poder judicial—no del Congreso—garantizar que este proceso en curso no tenga “motivaciones políticas”.
Afirmó que el comité, al emitir la citación, pretendía «interrumpir» el caso penal de Bragg contra Trump y que esta acción «invade» otras instancias del gobierno: el Departamento Ejecutivo de Nueva York y el poder judicial.
El abogado de Bragg citó el caso de la Corte Suprema Trump vs. Mazar, donde la corte superior falló a favor de Trump y declaró que los comités del Congreso no podían citar los estados financieros de Trump. La Corte Suprema razonó en ese fallo que llevar a cabo una investigación criminal es una facultad del poder ejecutivo y que la citación del Congreso contra Trump viola los principios de separación de poderes. Boutrous dice que la sentencia de la Corte Suprema se aplica a este caso porque este caso también plantea importantes cuestiones de separación de poderes.
En su fallo del miércoles, Vyskocil afirmó la posición del Congreso de que la citación tiene un propósito legislativo válido.
Además, rechazó el razonamiento de Bragg de que Trump vs. Mazar es aplicable al caso.
“La citación del Congreso en Mazars estaba dirigida a materiales relacionados con el presidente en ejercicio de Estados Unidos”, escribió Vyskocil en su fallo.
«La citación del Congreso en Mazars iba dirigida a material perteneciente al presidente en ejercicio de Estados Unidos. En cambio, en este caso, la citación se expidió a un ciudadano particular que ya no trabaja para ningún gobierno estatal y que ha escrito un libro y hablado extensamente sobre el tema de la investigación del Congreso», escribió.
Zachary Stieber contribuyó a este artículo.
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