Un juez federal ha ordenado a los abogados del presidente Donald Trump y a la fiscalía de Manhattan que le informen si es necesario seguir adelante con el proceso después de que la Corte Suprema haya confirmado la citación de la oficina sobre los registros fiscales de Trump.
El juez de la Corte de Distrito de EE.UU., Víctor Marrero, pidió el viernes (pdf) a las partes que le proporcionen «áreas potenciales para más argumentos» en caso de que se necesiten más procedimientos en el caso a la luz de la decisión de la Corte Suprema que determinó que el presidente no era categóricamente inmune a las citaciones del gran jurado del estado.
El caso surge de una disputa sobre una citación emitida a Mazars USA, la empresa de contabilidad de Trump, por el fiscal de distrito del condado de Nueva York, Cyrus Vance, por los registros fiscales relacionados con Trump y sus negocios en relación con una investigación del gran jurado. Vance está investigando el dinero oculto que supuestamente se pagó a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016: la estrella de cine Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Trump ha negado los asuntos y cualquier otra irregularidad.
Trump ha estado luchando contra la citación de Vance desde septiembre de 2019, argumentando que el presidente goza de inmunidad absoluta frente a los procesos penales del estado según la Constitución. El tribunal de distrito denegó la solicitud de Trump de una orden judicial sobre la citación y desestimó el caso en octubre. El Segundo Circuito también denegó la solicitud de desagravio del presidente.
El abogado de Trump argumentó en la Corte Suprema que un presidente en ejercicio tiene inmunidad absoluta de las citaciones penales estatales porque su cumplimiento perjudicaría el desempeño de sus deberes presidenciales. El gobierno federal, que también estaba involucrado en el caso, argumentó que una citación del gran jurado estatal para los registros personales de un presidente en ejercicio debería cumplir con un estándar de necesidad más alto.
El jueves la Corte Suprema rechazó ambos argumentos y dijo que «ningún ciudadano, ni siquiera el Presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le llama en un procedimiento penal».
«Reafirmamos hoy ese principio y sostenemos que el Presidente no es absolutamente inmune a las citaciones penales del Estado que solicitan sus documentos privados ni tiene derecho a un mayor nivel de necesidad», escribió el presidente de la Corte Suprema John Roberts en nombre de la mayoría en el fallo de 7-2 (pdf).
Roberts señaló que la decisión de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones solo se centró en los argumentos de «inmunidad absoluta y mayor necesidad» y, por lo tanto, devolvió el caso a los tribunales inferiores para que el presidente pueda «presentar más argumentos según proceda».
La Corte Suprema indicó que la decisión no deja al presidente sin recurso, diciendo que Trump «puede impugnar la citación como un intento de influir en el desempeño de sus funciones oficiales» o el ejecutivo podría argumentar que «el cumplimiento de una determinada citación impediría sus deberes constitucionales».
El abogado de Trump, Jay Sekulow, indicó el jueves que continuarán el caso en los tribunales inferiores. «Ahora procederemos a plantear cuestiones constitucionales y legales adicionales en los tribunales inferiores», dijo Sekulow en una declaración a los medios de comunicación.
La Casa Blanca también emitió una declaración después del fallo, insinuando también que el presidente puede plantear argumentos adicionales, incluyendo protecciones constitucionales, contra las citaciones.
La orden del viernes de Marrero también indicó que las partes tienen programada una conferencia telefónica para el 16 de julio para discutir sus posiciones en el caso y cualquier otro programa de información adicional, si es necesario.
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