Un juez orteguista negó esta semana una vez más el derecho a una defensa privada al segundo sacerdote nicaragüense, José Leonardo Urbina Rodríguez, del departamento central de Boaco que fue encarcelado por la dictadura nicaragüense el pasado julio, esto en medio de una serie de irregularidades judiciales.
El pasado 13 de julio, una jueza nicaragüense dictó prisión preventiva contra el sacerdote José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro de la ciudad de Boaco, quien es acusado de presunta violación a una menor de 14 años, según medios locales.
Desde ese entonces, el párroco solicitó en repetidas ocasiones al sistema de justicia de Nicaragua que se le permitiera tener un abogado privado. Sin embargo, el juez asignado al caso, Edén Aguilar Castro, titular del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Violencia de Managua, rechazó las peticiones—Aguilar Castro sería un partidario muy asiduo del régimen Ortega-Murillo, según activistas de derechos humanos.
Urbina contaba, en un primer momento, con la defensa del abogado sandinista asignado a su caso, Harry Antonio Valle Palacios—que los defensores de DD. HH. señalan que desempeñó un rol nulo como verdadero defensor en la audiencia inicial del clérigo, el pasado 21 de julio. Más tarde, ese mismo día, Valle Palacios, renunció a la defensa del párroco.
El exabogado, según el expediente judicial, habría alegado como causa de su renuncia a la defensa del sacerdote discrepancias con familiares del acusado, agregando que tampoco tenía capacidad económica para solventar los servicios jurídicos, informó el medio local Despacho 505.
Por lo que, el 22 de julio, un familiar del sacerdote solicitó a través de un escrito el nombramiento de Marlon Antonio Aburto Hidalgo, como abogado defensor privado de Urbina.
Sin embargo, en un breve lapso de tiempo la abogada defensora pública, Jennifer Eliett Hernández, presentó un escrito solicitando representar legalmente al sacerdote, a través de una intervención de ley.
Días más tarde, el 27 de julio un familiar presentó una nueva solicitud para designarle Urbina un abogado y asistente, solicitando también autorización para entrevistarse con el sacerdote, la cual no fue permitida. El 2 de agosto, la familia volvió a realizar una petición de defensa privada, misma que hasta el momento no se ha admitido, según el medio.
El abogado nicaragüense exiliado en EE. UU., Yader Morazán, quien también fue funcionario del sistema judicial del país, sigue el caso de Urbina y denuncia en sus redes sociales las irregularidades y vicios que acompañan el caso de la acusación del sacerdote.
“Le recuerdo al Juez que la designación de un abogado defensor de la elección del acusado es un derecho exclusivo e imperante de él, y no del juez. A usted lo que se le hace es un acto de comunicación y en subsidio es que le corresponde resolver (art. párrafo primero art. 101CPP)”, dijo Morazán en Twitter, el pasado 27 de julio.
Este 24 de agosto se prevé que se celebre el juicio del caso del sacerdote Urbina.
El primer sacerdote nicaragüense detenido fue Manuel García, en junio, acusado por presunta violencia contra una mujer.
Esto ocurre mientras el país vive una ola de persecución contra la iglesia y fieles católicos por parte del régimen de Daniel Ortega. La dictadura en los últimos meses ha perseguido a sacerdotes católicos e impedido la celebración de misas para los creyentes.
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