La juez de distrito Aileen Cannon emitió una orden el 27 de junio negando una audiencia mientras ordenaba otra en el caso de los documentos clasificados del expresidente Donald Trump.
Los abogados del expresidente Trump están argumentando que algunas pruebas se obtuvieron indebidamente y por lo tanto no se pueden utilizar en el juicio.
El 25 de junio, los abogados defensores argumentaron ante el juez que el registro en Mar-a-Lago se llevó a cabo ilegalmente y que la orden de registro había contenido declaraciones falsas y omisiones significativas.
La juez Cannon dictaminó que la defensa no había demostrado sustancialmente que ese fuera el caso, y denegó su petición de una vista adicional sobre el asunto.
Los abogados de la defensa habían argumentado que los agentes que registraron Mar-a-Lago no recibieron directrices, lo que dio lugar a un «revoltijo» en la propiedad de 17 acres y a una búsqueda de documentos que se extendió a las habitaciones de la ex primera dama y de Barron Trump. Los fiscales de la oficina del abogado especial Jack Smith argumentaron que los agentes se habían comportado de forma adecuada y profesional.
Los abogados de Trump también solicitaron una audiencia probatoria, que podría permitirles obligar a testificar a los miembros del equipo del abogado especial que dirigió el gran jurado en el Distrito de Columbia.
En la nueva orden, la juez Cannon se puso del lado de la defensa al considerar necesaria dicha audiencia, escribiendo que fijaría una fecha en una orden separada.
La jueza señaló que el abogado especial «se opone vigorosamente» a la determinación de hechos adicionales sobre estos temas, pero «el Tribunal no puede estar de acuerdo».
La jueza se reservó pronunciarse sobre si las pruebas serán suprimidas, indicando que la nueva audiencia sería necesaria antes de que ella decida.
Ambigüedades en la orden de registro
Los fiscales argumentaron que no había ambigüedad en la orden de registro, que ordenaba a los agentes identificar documentos con «marcas de clasificación», «información de defensa nacional» y «registros presidenciales».
El juez Cannon estuvo de acuerdo en que las marcas de clasificación no eran ambiguas, pero consideró que «información de defensa nacional» y «registros presidenciales» eran lo suficientemente ambiguos como para que los agentes no hubieran podido saber qué era propiedad «incautable» sin más aclaraciones.
«Se justifica un mayor desarrollo de los hechos», dice la orden.
El 25 de junio, las partes también discutieron sobre los procedimientos del gran jurado que condujeron a la acusación del expresidente Trump. La audiencia fue sellada y no abierta al público.
Los abogados del expresidente Trump han alegado que su privilegio abogado-cliente fue violado ilegalmente durante estos procedimientos, y que la evidencia del testimonio relevante no puede ser utilizada.
La jueza Cannon escribió que era su obligación hacer conclusiones fácticas sobre la moción del acusado.
«Un medio estándar para hacer tales conclusiones —como es habitual en los litigios penales de supresión— es después de una audiencia probatoria en la que ambas partes puedan presentar pruebas (documentales y testimoniales, según proceda)», dice la orden.
La juez escribió que el derecho del acusado a esta determinación de los hechos pesaba más que el deseo de los fiscales de evitar el contrainterrogatorio de sus testigos durante una audiencia probatoria.
Los fiscales se opusieron a la audiencia solicitada, argumentando que daría lugar a un «mini juicio» con testigos específicos en el estrado para que la defensa los interrogara.
La juez Cannon contestó que «hay una diferencia entre un ‘mini juicio’ que consume recursos y produce retrasos» y la investigación obligatoria de los hechos asociada a la petición del acusado de suprimir las pruebas.
Aseguró a las partes que participarían en la fijación del alcance y el calendario de la vista antes de que ella la programara, y que los fiscales podrían solicitar «limitaciones razonables» para la vista.
T.J. Muscaro contribuyó a este artículo.
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