Un juez peruano anunciará el próximo viernes si acepta el pedido de la Fiscalía para que dicte 28 meses de prisión preventiva contra Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), actualmente asilada en México, quien es investigada por presuntamente integrar una organización corrupta en el Gobierno de Perú.
El magistrado Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, informó este lunes que desde las 16.00 hora local (21.00 GMT) del viernes 9 continuará «con el dictado de la resolución» del pedido fiscal.
El juez escuchó este lunes los argumentos que presentó el fiscal José García, quien dijo que el asilo que ha recibido Paredes del gobierno de preside Andrés Manuel López Obrador puede afectar el proceso y abrir la posibilidad de que otros investigados de su entorno, entre ellos sus hermanos Walter y David, puedan solicitar una medida similar a México.
Los abogados de los investigados rechazaron esa posibilidad y pidieron que se desestime el pedido porque aseguraron que sus defendidos cuentan con trabajo estable y arraigo domiciliario, además de haber acudido a todas las citaciones de la Judicatura.
Paredes, que participó en la audiencia de manera virtual, agradeció al juez por permitirle intervenir brevemente para rechazar que haya integrado alguna organización criminal o cometido algún delito.
«Soy cristiana y no me gusta mentir ni decir cosas falsas», enfatizó la esposa de Castillo, quien está asilada en México junto con sus dos hijos menores de edad.
Durante una audiencia anterior, el fiscal aseguró que Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión y que se le atribuye ser «coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo» que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado.
El juez Justiniano rechazó en marzo pasado un primer pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva a Paredes, tras declarar «fundada la nulidad» de la solicitud fiscal, que fue presentada por los abogados de la ex primera dama y sus hermanos, investigados por presunta colusión y organización criminal.
En ese momento, el juez dijo que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva.
La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
El pasado 7 de diciembre, tras intentar dar un golpe de Estado, Castillo emprendió camino hacia la Embajada de México con su esposa y sus hijos menores de edad, pero fue detenido, aunque sus familiares sí lograron llegar a la representación diplomática y luego recibieron asilo del gobierno de López Obrador.
Castillo permanece desde entonces en prisión preventiva mientras es investigado por rebelión y conspiración, así como por los casos de presunta corrupción al interior de su Gobierno.
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