El juez peruano Víctor Zúñiga declaró infundados los pedidos que la candidata presidencial Keiko Fujimori. y varios integrantes de su partido habían hecho para mantener abierta la investigación fiscal en su contra por delitos de corrupción y evitar así la apertura de un juicio oral.
Este fallo sostiene así la decisión de la Fiscalía peruana, que ya dio por terminado el período de indagación y pidió formalmente el inicio de un juicio y en consecuencia el proceso legal contra Fujimori puede seguir su curso.
La defensa de Fujimori y de sus allegados plantearon la reapertura de la investigación realizada por el fiscal José Domingo Pérez, que determinó la denuncia por 30 años de cárcel contra ella y el pedido de cierre del partido Fuerza Popular, con el argumento de que había pruebas de su inocencia que no se habían considerado.
La investigación abierta contra Fujimori y 34 imputados es a raíz de los millonarios aportes irregulares detectados en sus campañas electorales del 2011 y 2016 de la empresa brasileña Odebrecht y de otras compañías peruanas.
El juez Zúñiga concluyó en su resolución que la incorporación de otros medios de prueba, en una etapa posterior, «no reduce ni elimina las posibilidades reales ni razonables del investigado de probar, defenderse y formular todos los argumentos que considere pertinentes».
El hecho de que los investigados busquen incluir las nuevas pruebas en una etapa específica del proceso afectaría la autonomía del Ministerio Público (Fiscalía), lo cual no tiene amparo constitucional, explicó el magistrado.
«No se observa que la decisión del fiscal de concluir la investigación preparatoria reduzca o impida la garantía de los derechos de prueba, defensa, presunción de inocencia, y los derechos correlativos al principio de objetividad fiscal e interdicción de la arbitrariedad, generando un estado de indefensión efectiva con consecuencias prácticas», señaló Zúñiga en su resolución.
De esta forma, el magistrado declaró infundadas las nulidades interpuestas por Fujimori, su esposo Mark Vito y su empresa MVV Bienes Raíces, el exsecretario general de su partido Jaime Yoshiyama, así como la misma organización política Fuerza Popular.
Keiko Fujimori, que ya estuvo en prisión preventiva por esta investigación, postula a la presidencia de Perú en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo, en la que se enfrenta al candidato Pedro Castillo del izquierdista Perú Libre.
El fiscal Pérez, que investigó a Fujimori y la cúpula de su partido, señaló que la actual candidata «no quiere que un Poder Judicial independiente juzgue sus crímenes en un juicio oral público, y de la misma manera los demás acusados», al criticar en mayo los pedidos de nulidad.
En tal sentido, expresó que Fujimori «no se debe correr al juicio histórico por sus crímenes de delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en proceso administrativo», cargos derivados de las investigaciones por los aportes irregulares en las otras dos campañas en las que postuló a la Presidencia de Perú.
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