Un juez peruano rechazó este miércoles el pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva a Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) actualmente asilada en México, en la investigación que se le sigue juntos a dos de sus hermanos por un presunto caso de corrupción gubernamental.
El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró «fundada la nulidad» del pedido fiscal, que fue presentada el pasado lunes por los abogados de Paredes y sus hermanos Walter y David.
«En consecuencia se declara improcedente el requerimiento de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público», remarcó el magistrado.
Justiniano detalló que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada hasta el momento a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva.
El juez remarcó, sin embargo, que su resolución «deja a salvo el derecho del Ministerio Público» para que pueda volver a formular los requerimientos judiciales «que considere pertinentes».
Tras conocer la decisión, el representante fiscal anunció que iba a presentar una apelación «en el plazo correspondiente» y los abogados defensores manifestaron su conformidad.
Lilia Paredes asistió de manera virtual a la audiencia, aunque solo fue requerida para que acredite su nombre completo y documento de identidad.
El magistrado realizó este audiencia tras haberla reprogramado el pasado lunes mientras resolvía los recursos de nulidad presentados en ese momento por la defensa de los implicados.
Al inicio de esa audiencia, el abogado de Paredes, Giovanni Escusel, planteó una «cuestión» sobre el pedido de prisión de la Fiscalía y luego solicitó que «se declare nulo el proceso de prisión preventiva por tener vicios insubsanables», ya que Paredes cuenta con «la condición jurídica de comparecencia simple».
«El único camino jurídico y válido era la revocación de esta comparecencia», sostuvo antes de decir que su defendida «ha tenido un comportamiento idóneo» y ha declarado y acudido a las citaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
El abogado de Walter y David Paredes, hermanos de la esposa de Castillo, también pidió que se declare la nulidad del pedido fiscal «por ser contrario a la Constitución y la normatividad procesal penal pertinente» ya que, según dijo, se está «vulnerando el derecho al debido proceso».
En respuesta, la Fiscalía señaló que su intención era asegurar «la presencia de la investigada Lilia Paredes en este proceso penal» ante lo que consideró una «actitud evasiva» de la ex primera dama peruana.
Paredes también siguió esa audiencia en forma remota y ante una consulta del juez evitó dar su dirección exacta, pero manifestó que «como todos saben», está «asilada en México», un estatus otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el fallido golpe de Estado dado por Castillo el 7 de diciembre pasado.
La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
El día que Castillo dio el fallido golpe de Estado estaba camino a la Embajada de México con sus hijos menores de edad, pero fueron impedidos de continuar su desplazamiento por la Policía Nacional y la seguridad del Estado que recibió la orden de detener al exjefe de Estado por rebelión y conspiración.
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