Un juez federal dictaminó el viernes prohibir la separación de familias en la frontera suroeste de Estados Unidos durante los próximos ocho años, excepto en ciertos casos, aprobando el acuerdo de una demanda de años de la era Trump.
La decisión se produce como parte del acuerdo de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en 2018, que aborda la separación de familias que ingresan ilegalmente al país como unidades familiares en la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez de distrito estadounidense Dana Sabraw aprobó el acuerdo, diciendo que la separación de miles de familias «representa uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de nuestro país».
Según el acuerdo, que entra en vigor el 11 de diciembre, las agencias aún pueden separar a los niños de los adultos que los acompañan en ciertas circunstancias, como sospecha de abuso, seguridad nacional, emergencias médicas y ciertas órdenes penales. Esta práctica es anterior a la política de separación de la administración Trump, y las sentencias anteriores del caso señalaron que los niños fueron separados de los adultos que viajaban con ellos por estos motivos.
Notablemente, la política se establece para prevenir preventivamente que una política similar sea traída de vuelta durante una potencial segunda administración Trump.
Según los términos del acuerdo, que se publicó inicialmente en octubre antes de recibir la aprobación de la corte, cubre a los padres o tutores legales y sus hijos que fueron separados en la frontera entre Estados Unidos y México entre el 20 de enero del 2017 y el 20 de enero del 2021.
Las exclusiones se aplican a los padres con antecedentes penales especificados y a las personas separadas después del 26 de junio del 2018, debido a condiciones médicas, preocupaciones sobre la aptitud de los padres u órdenes de detención activas para el adulto.
Alrededor de 4500 a 5000 niños y sus padres están cubiertos por el acuerdo. El gobierno estadounidense está obligado a identificar y reunificar a más familias, ofreciéndoles una vía para solicitar asilo en Estados Unidos.
Las familias afectadas recibirán ayuda no monetaria, como asistencia sanitaria, alojamiento y apoyo jurídico. También tendrán acceso a un proceso de asilo acelerado y la posibilidad de recibir tres años de libertad condicional humanitaria.
Algunas de estas prestaciones son temporales y están adaptadas al proceso de reunificación.
Es importante destacar que se prohíbe al gobierno promulgar una política similar de tolerancia cero en los próximos ocho años, hasta diciembre del 2031.
El juez Sabraw citó una declaración de la ACLU, declarando que ningún acuerdo en la historia de la corte ha sido más importante que este. La política, implementada en 2017 y 2018, resultó en la separación de miles de niños de sus familias.
En junio del 2018, poco después de que el presidente Trump pusiera fin a la política a través de una orden ejecutiva, el juez Sabraw ordenó el fin de las separaciones, lo que provocó un esfuerzo caótico para reunir a los niños con sus padres en un plazo de 30 días. La falta de registros organizados provocó dificultades para confirmar la reunificación de más de 1000 niños con sus padres, según datos recientes del Gobierno.
Hablando desde el banquillo, el juez Sabraw recordó su sensación de horror ante las acusaciones iniciales y su consternación por cómo se llevaron a cabo las separaciones en 2017 y 2018. Leyendo de una orden anterior en el caso de 7 años de duración, dijo que la práctica era «brutal, ofensiva y no cumple con las nociones tradicionales de juego limpio y decencia».
El juez señaló que era «simplemente cruel» que los padres fueran deportados sin saber dónde estaban sus hijos.
La ACLU informó que 68 niños permanecen en paradero desconocido, un hecho que el juez describió como su «mayor temor y preocupación».
El presidente Trump, que busca la reelección en 2024, defendió la política el mes pasado, diciendo a Univision que «impidió que la gente viniera por cientos de miles».
«Cuando escuchas que vas a ser separado de tu familia, no vienes. Cuando crees que vas a venir a Estados Unidos con tu familia, vienes», dijo el presidente Trump.
Indicó que una nueva administración Trump abordaría la crisis en la frontera sur de Estados Unidos a través de deportaciones masivas y la construcción de un robusto muro fronterizo.
La demanda, presentada en 2018, logró una orden judicial a nivel nacional contra la política, exigiendo que la administración reunificara a los niños con sus padres dentro de los 30 días, una orden que enfrentó desafíos debido a la falta de registros organizados.
Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en la demanda, dijo que el acuerdo es un «paso crítico para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la administración Trump».
The Epoch Times se puso en contacto con la campaña de Trump para obtener comentarios.
Con información de The Associated Press.
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