Un juez federal en Rhode Island ratificó el miércoles una ley estatal recientemente promulgada que prohíbe la posesión de cargadores de gran capacidad que lleven más de 10 rondas de municiones.
La decisión se produjo luego de una solicitud de una tienda de armas Chepachet y de varios propietarios de armas de Rhode Island de una orden judicial preliminar para bloquear la ley, que, argumentan, viola sus derechos constitucionales, incluido el derecho de la Segunda Enmienda a poseer y portar armas, entre otras cosas.
Sin embargo, el juez principal del Tribunal de Distrito de EE.UU., John J. McConnell Jr., dijo el miércoles que los demandantes, Big Bear Hunting and Fishing Supply; tres residentes de Rhode Island nombrados en la demanda como Mary Brimer, James Grundy y Jonathan Hirons; y un propietario de Newport que vive en Florida, Jeffrey Goyette, no logró persuadir al tribunal de que la ley es inconstitucional y que sufrirían daños irreparables si se permitiera que entrara en vigor.
El juez también dijo que permitir que se hiciera cumplir la ley era de interés público.
El gobernador Dan McKee, un demócrata, promulgó la ley de prohibición de cargadores de alta capacidad en junio, señalando en ese momento que Rhode Island era uno de los pocos estados que introdujo o reforzó la legislación de seguridad de armas destinada a reducir y prevenir la violencia armada tras los tiroteos masivos de Buffalo (Nueva York) y Uvalde (Texas).
La ley, que entró en vigor el 18 de diciembre, tipifica como delito la posesión o tenencia de cargadores de gran capacidad que contengan más de 10 cartuchos de munición, que, según el gobernador, han «permitido numerosos tiroteos masivos» en todo el país.
La nueva ley podría causar un “daño irreparable” al negocio de las armas de fuego
También se promulgó una serie de otras medidas, incluida la elevación de la edad legal para comprar armas de fuego o municiones en Rhode Island de 18 a 21 años, con excepciones para la policía y otro personal encargado de hacer cumplir la ley, y la prohibición de portar en público cualquier rifle o escopeta que estén cargados.
Sin embargo, la prohibición de cargadores de alta capacidad pronto provocó una demanda de los demandantes, quienes afirmaron que ahora estaban «obligados a deshacerse de sus cargadores de capacidad estándar de propiedad privada y adquiridos legalmente antes del 18 de diciembre de 2022, sin recibir ninguna compensación, o derechos con o sin condiciones de propiedad continua para mantener su propiedad adquirida legalmente”.
“Si los Ciudadanos Demandantes no cumplen con este requisito, ahora cada uno puede ser condenado por un delito grave y potencialmente enfrentar cinco (5) años de encarcelamiento. Además, ciertas armas de fuego, debido al vencimiento de su producción y por otras razones, no pueden modificarse para usarse con un cargador de menor capacidad”, escribieron los demandantes.
Por otra parte, Big Bear Hunting and Fishing Supply, el distribuidor de armas de fuego que figura en la demanda, argumentó que el negocio sufriría un daño irreparable como consecuencia de la ley, señalando que los cargadores de gran capacidad constituyen una parte sustancial de su inventario.
A pesar de sus afirmaciones, el juez McConnell Jr. dijo el miércoles que los demandantes no demostraron que los cargadores representaban «armas» como se establece en la Segunda Enmienda, ni presentaron evidencia creíble que estableciera los cargadores como un arma de autodefensa, según The Boston Globe.
El juez también escribió que los cargadores de gran capacidad se pueden usar fácilmente para convertir pistolas en armas semiautomáticas capaces de disparar rápidamente.
Además, McConnell señaló que las víctimas de los tiroteos masivos no son “elegidas al azar” sino “por lo que representan para una persona en particular con un arma y muchas municiones”.
“Las víctimas no han sido elegidas al azar”
“Es cierto, son aleatorios en el sentido de que el tirador generalmente no conoce sus identidades, y parece que al tirador no le importa si el próximo muerto es una persona en particular o la mujer que está junto a él. Pero en realidad, las víctimas no han sido elegidas al azar”.
“Han sido elegidos porque asisten a una sinagoga en Pittsburgh o a una iglesia en Sutherland Spring. O porque están sentados en un salón de clases de una escuela en Newtown o en un salón de clases de una escuela secundaria en Parkland. O porque estaban en un concierto en Las Vegas o en un club nocturno en Orlando”, dijo McConnell.
“De acuerdo con su obligación de proteger la seguridad pública, pero en consonancia con su lealtad a la Constitución, la Asamblea General de Rhode Island ha respondido con, entre otras regulaciones de armas de fuego, la Prohibición [a cargadores de gran capacidad]. Es inevitable que Rhode Island algún día sea el escenario de un tiroteo masivo. La Prohibición de LCM es un intento pequeño pero mesurado de mitigar la posible pérdida de vidas mediante la regulación de un instrumento asociado con la matanza masiva”, escribió el juez.
La decisión de McConnell permitió al estado hacer cumplir la prohibición, a pesar de que aún está pendiente la demanda que solicita una medida cautelar temporal contra la medida.
Los líderes estatales, incluido el presidente del Senado, Dominick J. Ruggerio, y el presidente de la Cámara, K. Joseph Shekarchi, elogiaron la decisión de McConnell, calificándola como “cuidadosamente desarrollada y revisada a fondo” y agregaron que las restricciones son “necesarias, razonables y en el mejor interés de la seguridad pública”, en un comunicado a The Boston Globe.
Sin embargo, los opositores, incluido el presidente del Ayuntamiento de Burrillville, Donald Fox, compartieron su decepción por el fallo.
“Un juez designado por Obama que cree en legislar desde el banquillo, en lugar de defender la Constitución de EE.UU., tomó una mala decisión. No es sorpresa”, dijo Fox en un comunicado a The Boston Globe.
“Recomendaría que los residentes de RI no entreguen sus cargadores. Creo que la prohibición eventualmente llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos y será anulada por lo que es, inconstitucional”, agregó Fox.
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