Un juez de Missouri confirmó la ley estatal que prohíbe los procedimientos transgénero en niños.
En una sentencia dictada el lunes, el juez R. Craig Carter, de la Corte de Circuito del condado de Cole (Missouri), afirmó que la impugnación no había fundamentado varios argumentos. Uno de los argumentos sin fundamento se refiere al presunto consenso médico sobre si es ético utilizar fármacos y cirugías para tratar la disforia de género de los adolescentes.
«En lo que respecta a la ética del tratamiento de afirmación del género en adolescentes, parece que la profesión médica se encuentra en medio de un campo de minas ético, con escasas pruebas que la guíen», escribió Carter.
«Los Estados tienen un interés permanente en proteger la integridad y la ética de la profesión médica».
La ley en cuestión, conocida oficialmente como Ley para Salvar a los Adolescentes de la Experimentación (SAFE), prohíbe a los profesionales sanitarios recetar bloqueadores de la pubertad y hormonas sexuales cruzadas o realizar operaciones de transexualidad a menores de 18 años. Aquellos a quienes ya se les hayan recetado los llamados medicamentos de «afirmación del género» antes del 28 de agosto de 2023 podrán seguir recibiéndolos.
La ley también concede a los pacientes 15 años después de que finalice su tratamiento o 15 años después de cumplir 21 años, lo que ocurra más tarde, para presentar una demanda civil contra el proveedor médico. Los pacientes que sufran daños (definidos como infertilidad causada por procedimientos transgénero) podrán recibir una indemnización mínima de 500,000 dólares, sin máximo, y la carga de la prueba recaerá en el proveedor médico.
El gobernador de Missouri, Mike Parson, firmó la ley en junio de 2023, diciendo que los niños carecen de la capacidad de dar su consentimiento informado para tratamientos irreversibles de los que podrían arrepentirse más adelante en sus vidas.
«Estas decisiones tienen consecuencias permanentes para la vida y no deben ser tomadas por niños impresionables que pueden estar en crisis o influenciados por las persuasiones políticas de otros», dijo Parson en ese momento.
La impugnación
La ley se enfrentó a una impugnación legal en julio de 2023, justo antes de que entrara en vigor en agosto. Una coalición de activistas LGBT, proveedores de atención médica y tres familias de Missouri de niños con disforia de género demandaron al estado, argumentando que la Ley SAFE viola la autonomía parental: El derecho fundamental de los padres a buscar y seguir consejos médicos para salvaguardar la salud y el bienestar de sus hijos.
«La prohibición de la Ley de brindar atención basada en evidencia y médicamente necesaria a los adolescentes transgénero con disforia de género está en conflicto directo con el derecho fundamental de los padres a tomar decisiones sobre el cuidado de sus hijos, en particular cuando se alinea con los intereses de libertad del adolescente y su derecho a la autonomía en la atención médica», decía su demanda.
Carter rechazó ese argumento, afirmando que el Estado está actuando razonablemente para proteger a los niños de tratamientos que podrían alterar gravemente su crecimiento natural, incluso si los tratamientos son iniciados por los padres.
«Hay una buena razón por la que las leyes estatales y federales no permiten que los menores tomen ciertas decisiones, y es lógico que a los padres se les pueda impedir por ley llevar a un niño a una clínica de atención y someter a un hijo o hija a estos tratamientos médicos y quirúrgicos», escribió.
El caso se sometió a un juicio de nueve días en septiembre. Entre los testigos que testificaron a favor de los estados se encontraban Chloe Cole, una mujer de California a la que le extirparon los pechos a los 15 años y que desde entonces ha hablado públicamente de su arrepentimiento; y Jamie Reed, que declaró que una clínica de sexo infantil de St. Louis trataba a muchos pacientes sin hacerles antes las evaluaciones de salud mental adecuadas.
«Su testimonio no surge de ningún prejuicio ideológico o de otro tipo», escribió Carter sobre Reed. «De hecho, está casada con un transexual».
La sección de Missouri de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Lambda Legal, que presentaron el caso contra el Estado, dijeron en un comunicado conjunto que están «extremadamente decepcionados» por esta decisión y que apelarán.
«Las conclusiones de la corte señalan una preocupante aceptación de la discriminación, ignoran un amplio historial de juicios y las voces de los transexuales de Misuri y de quienes se preocupan por ellos», afirmaron en un comunicado conjunto.
El fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, celebró la sentencia.
«El Estado tiene un papel que desempeñar para determinar qué sistemas deben ponerse en marcha para proteger a los niños y garantizar que los adultos y los pacientes entienden la falta de ciencia y medicina que hay detrás de ciertos procedimientos recomendados», dijo en X.
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