Un juez federal desestimó el viernes una demanda presentada por estados liderados por republicanos contra un programa de la administración Biden que ha permitido que decenas de miles de inmigrantes de cuatro países ingresen a Estados Unidos.
El juez federal de distrito Drew Tipton dictaminó que los demandantes —una coalición de 21 estados— “no demostraron que Texas haya sufrido un daño” debido al programa y, por lo tanto, carecían de legitimación activa para mantener esta demanda.
“Al llegar a esta conclusión, la corte no abordó la legalidad del Programa. La corte solo puede abordar esa cuestión después de que el demandante haya establecido que tiene legitimación activa”, escribió el juez en un fallo de 31 páginas.
La administración Biden anunció el programa en enero del año pasado, permitiendo que hasta 30,000 personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela ingresen legalmente a Estados Unidos cada mes.
Según el programa, los inmigrantes deben solicitar la libertad condicional con anticipación, proporcionando el nombre de una persona que aceptará apoyarlos financieramente si se aprueba.
El inmigrante también debe pasar una verificación de antecedentes y presentarse en un puerto de entrada, en lugar de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.
En su fallo, Tipton dijo que el número de personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde los cuatro países ha “disminuido dramáticamente” en “hasta un 44 por ciento” desde que se implementó el programa.
“Este caso se desestima sin perjuicio. La corte niega todas las reparaciones solicitadas y dictará sentencia definitiva mediante auto separado”, añadió.
Unos 234,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron a Estados Unidos a través del programa hasta noviembre del año pasado, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, elogió el fallo y calificó el programa de libertad condicional como “un elemento clave de nuestros esfuerzos para abordar el nivel sin precedentes de migración en todo nuestro hemisferio”.
«Nos complace que el fallo judicial de hoy signifique que los procesos de libertad condicional para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela continuarán», dijo el secretario Mayorkas en una declaración.
“Estos procesos, una forma segura y ordenada de llegar a Estados Unidos, han resultado en una reducción significativa en el número de estos individuos encontrados en nuestra frontera sur”, agregó el Sr. Mayorkas.
Demanda liderada por Texas
Ken Paxton, el fiscal general de Texas, un republicano, encabezó la coalición de 21 estados que presentaron la demanda en enero del año pasado. Ellos afirmaron que los programas de libertad condicional van más allá del alcance permitido por la ley.
“El poder de libertad condicional del Departamento es excepcionalmente limitado, ya que ha sido restringido por el Congreso varias veces, y solo puede se usado caso por caso, por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo.
“Pero el nuevo programa de libertad condicional del Departamento permite a los extranjeros en sus países de origen obtener el beneficio de optar por una autorización previa para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no hay otra base legal para que lo hagan”, se lee en la demanda.
Los estados también argumentaron que el programa les está obligando a gastar “cantidades significativas de dinero” para brindar educación y servicios de atención médica a los inmigrantes. Texas indicó que el programa le cuesta “decenas de millones de dólares al año”, según la denuncia.
Paxton dijo a través de una declaración del 24 de enero que las políticas de inmigración de la administración Biden crearon una crisis humanitaria que ha abrumado a los estados y las comunidades locales.
«La agenda de fronteras abiertas de Biden ha creado una crisis humanitaria que está aumentando el crimen y la violencia en nuestras calles, abrumando a las comunidades locales y empeorando la crisis de opioides».
“Este programa de amnistía ilegal, que invitará a cientos de millones de extranjeros a Estados Unidos cada año, solo empeorará drásticamente esta crisis de inmigración”, añadió el fiscal general.
A Texas se unieron en la acción Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
Con la contribución de Zachary Stieber e información de Reuters.
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