Un juez federal ha denegado una demanda presentada por Pacific Legal Foundation (PLF) que impugnaba el plan de la Administración Biden para perdonar los préstamos estudiantiles, después de que el Departamento de Educación (DoE, por sus siglas en inglés) hiciera algunas aclaraciones en su página web.
La demanda se presentó en nombre del abogado de interés público Frank Garrison, beneficiario del programa de condonación de préstamos de servicio público, autorizado por el Congreso, que condonará sus préstamos estudiantiles una vez que haya efectuado los pagos durante 10 años. Garrison ha estado pagando regularmente los préstamos. El programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden cancelará automáticamente sus deudas, pero luego le impondrá una nueva factura de impuestos, causando así un daño irreparable, argumentó el PLF.
Sin embargo, el DoE actualizó su página web sobre el programa de condonación de préstamos estudiantiles afirmando que se permitirá a aquellos que deseen optar por no participar en el alivio de la deuda debido a la preocupación por la responsabilidad fiscal estatal.
Como resultado, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Richard Young desestimó la petición de la demanda de una orden de restricción temporal, así como una orden judicial preliminar para detener el programa de condonación.
«El tribunal, en vista del hecho de que el Departamento de Educación eximió al demandante de recibir la condonación de la deuda, considera que el demandante no puede sufrir un daño irreparable, como se requiere para el desagravio preliminar», dice la orden judicial.
Sin embargo, el juez permitió a Garrison hasta el 10 de octubre para presentar una demanda enmendada. El juez pidió a Garrison que considerara si tiene alguna legitimación en el caso y si el DoE ha tomado «suficientes medidas para que el caso esté maduro para la adjudicación».
«Las alegaciones del demandante especulan sobre las condiciones del programa. Pero como lo demuestra la reciente adición por parte del gobierno de una disposición de exclusión, el plan sigue evolucionando», declaró el tribunal.
Ley inconstitucional, fuerte carga fiscal
Tras la decisión del juez Young, el PLF ha prometido seguir impugnando el programa de cancelación de la deuda estudiantil.
Todo el programa es «descaradamente ilegal de arriba a abajo», dijo el abogado del PLF Michael Poon, según The Hill. En ningún momento el gobierno de Biden presentó un argumento plausible de que la política subyacente es legal, afirmó.
«El Congreso no autorizó al poder ejecutivo a cancelar unilateralmente la deuda estudiantil», dijo Caleb Kruckenberg, abogado del PLF, en un comunicado de prensa del 27 de septiembre.
«Es flagrantemente ilegal que el poder ejecutivo cree un programa de 500,000 millones de dólares por medio de un comunicado de prensa, y sin la autoridad estatutaria o incluso el procedimiento básico de notificación y comentario para nuevas regulaciones».
Además de la demanda de Garrison, el programa de cancelación de estudiantes de Biden también se enfrenta a una demanda de seis estados liderados por Nebraska que califican de ilegal la decisión de la administración.
Un análisis de la Fundación de la Unión Nacional de Contribuyentes estima que el programa de cancelación de préstamos añadirá entre 386,000 y 405,000 millones de dólares en costes netos para los contribuyentes, basándose en suposiciones conservadoras. Cada contribuyente estadounidense tendrá que soportar una carga de más de 2500 dólares debido al programa.
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