Un juez federal denegó la solicitud de Roger Stone, exasesor de la campaña de Trump, de realizar un nuevo juicio.
Stone fue condenado por un jurado por obstrucción, manipulación de testigos y hacer declaraciones falsas al Congreso, en noviembre de 2017.
Stone quería el nuevo juicio porque, según argumentó, un jurado a quien no se le debería haber permitido escuchar el juicio original se le permitió, según la orden judicial de la juez Amy Berman Jackson, quien fue nombrada por Obama. Stone afirmó que el Tribunal no «eliminó a un miembro del jurado por parcialidad porque (la persona) trabaja en una división del Servicio de Impuestos Internos» que había trabajado en el Departamento de Justicia en múltiples casos.
En el fallo, que se hizo la semana pasada pero que no se hizo público hasta el miércoles, Jackson dijo que Stone no estableció un «sesgo inherente».
«El hecho de que el jurado fuera solo uno de estos aproximadamente 1400 abogados [del Departamento de Justicia] no establece un tipo de sesgo inherente que debería haber impulsado al Tribunal a eliminar [a la persona] a su discreción», escribió Jackson en el fallo.
Los abogados de Stone no incluyeron al integrante del jurado en una lista de jurados para la exclusión o una nueva solicitud de exclusión, dijo Jackson.
El segundo argumento de Stone, de que el jurado no siguió las instrucciones para no leer sobre el caso, «tampoco es suficiente para garantizar un nuevo juicio», escribió Jackson. El jurado declaró que él o ella vio «un pequeño artículo» un día en el camino a la corte. «No hubo evidencia de que el jurado tomara medidas por su cuenta para desafiar las instrucciones del Tribunal y [su] exposición limitada a una sola pieza en el periódico tenía una importancia mínima», dictaminó el juez.
El caso de Stone ha aparecido de nuevo en las noticias antes de la sentencia programada para el 20 de febrero. Los fiscales esta semana pidieron a Jackson que sentenciara a Stone a por lo menos siete años de prisión, argumentando que tal sentencia era «consistente con las pautas de asesoría aplicables» y «reflejaría con precisión la seriedad de sus crímenes y promovería el respeto por la ley».
Pero el Departamento de Justicia dijo en un nuevo expediente que la recomendación «podría considerarse excesiva e injustificada».
«El gobierno sostiene respetuosamente que una sentencia de encarcelamiento de mucho menos de 87 a 108 meses de prisión sería razonable bajo las circunstancias», escribió el departamento. «El gobierno en última instancia difiere con la Corte en cuanto a la sentencia específica que se impondrá».
Janita Kan e Isabel Van Brugen contribuyeron con este informe.
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