Una juez federal falló en contra del esfuerzo legal de un grupo de Arizona para obligar a los funcionarios del condado a investigar antes de las próximas elecciones generales si más de 40,000 votantes registrados son ciudadanos estadounidenses.
La juez de distrito Krissa Lanham, en una orden de 22 páginas emitida el 11 de octubre, denegó una petición de la Fundación Comunidades Fuertes de Arizona para que se emitiera una orden de restricción temporal y una medida cautelar que habría obligado a los registradores del país a verificar inmediatamente la condición de ciudadanía de las personas inscritas para votar únicamente en las elecciones federales.
La demanda de Strong Communities se centra en el sistema de registro de votantes de dos niveles de Arizona. Según la ley estatal, las personas que presenten pruebas documentadas de su ciudadanía pueden votar en todas las elecciones. Sin embargo, la Ley Nacional de Registro de Votantes (National Voter Registration Act) permite que quienes no tengan dicha se registren para las elecciones federales firmando una declaración bajo pena de perjurio.
En la actualidad, unos 42,000 votantes están registrados con este sistema exclusivamente federal. Aunque sigue siendo ilegal que los no ciudadanos voten, la demanda alega que los registradores de los condados de Arizona no cumplen las leyes estatales que les obligan a realizar un “mantenimiento de las listas” para garantizar que las listas de votantes estén libres de votantes no elegibles.
En su orden, la juez determinó que Comunidades Fuertes carece de legitimación para impugnar la supuesta omisión de los funcionarios del condado de realizar las comprobaciones de ciudadanía.
“La petición de los demandantes no plantea más que una ‘queja generalizada’ compartida por todos los votantes de Arizona de que los funcionarios electos deben cumplir la ley”, escribió la juez.
Lanham también señaló que incluso si los demandantes tuvieran legitimación, su solicitud para obligar a los registradores del condado a presentar solicitudes de verificación de ciudadanía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaba demasiado cerca de las elecciones del 5 de noviembre para ser factible.
“Los demandantes esperaron hasta poco antes de las elecciones para presentar esta demanda a pesar de haber sufrido supuestamente un daño irreparable desde que entraron en vigor las leyes de mantenimiento de la lista de votantes de Arizona de 2022”, escribió la juez.
Lanham también declaró que Strong Communities no había demostrado cómo su propuesta de reparación abordaría el supuesto daño, ya que la ley federal prohíbe el mantenimiento sistemático de la lista de votantes dentro de los 90 días de una elección federal.
“La corte se niega a ordenar a los registradores de los condados de Arizona que desvíen recursos de la preparación para las elecciones generales a la presentación de miles de solicitudes al DHS cuando los demandantes no han demostrado un perjuicio claro, en particular cuando la solución que originalmente solicitaron… está actualmente excluida por el período de silencio de la Ley Nacional del Votante”, escribió.
En su demanda del 30 de septiembre, Comunidades Fuertes argumentó que no verificar la ciudadanía podría llevar a la dilución del voto y socavar la integridad de las elecciones. Los demandantes citaron las preocupaciones de los votantes de Arizona y las encuestas que indican la falta de confianza en los esfuerzos de los funcionarios electorales para evitar que los no ciudadanos voten.
“No han tomado las medidas exigidas por la ley para garantizar que los ciudadanos extranjeros sean eliminados de las listas de votantes”, alegaron los demandantes. “Estos fallos hacen que los votantes pierdan la confianza en la integridad de nuestro sistema electoral. Por ejemplo, una reciente encuesta nacional de probables votantes encontró que el 52 [por ciento] cree que los funcionarios electorales no están haciendo nada para evitar que los ciudadanos extranjeros voten o no están haciendo lo suficiente”.
Los demandantes argumentaron que su demanda busca restaurar la confianza pública en el sistema electoral de Arizona al asegurar que se lleve a cabo el mantenimiento de la lista de votantes requerido tanto por la ley como por el “sentido común”.
En respuesta a la moción de los demandantes, el registrador del condado de Maricopa, Stephen Richer, quien fue nombrado como demandado en la acusación, argumentó que las demandas de Comunidades Fuertes se basan en suposiciones infundadas de que los 42,000 votantes sólo federales son no ciudadanos que intentan cometer fraude electoral. Richer argumentó que los actuales esfuerzos de verificación del estado son adecuados según la ley y señaló que un reciente fallo de la Corte Suprema de Arizona rechazó la idea de que la falta de documentación implique la no ciudadanía.
Merissa Hamilton, de Strong Communities, le dijo a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico que los abogados del grupo están evaluando el fallo.
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