El juez de la Corte Suprema de Nueva York Juan Merchán retrasó el 2 de julio la sentencia del expresidente Donald Trump «hasta el 18 de septiembre de 2024, a las 10:00 AM para la imposición de la sentencia, si esta sigue siendo necesaria, u otros procedimientos».
Las partes habían solicitado permiso para argumentar sobre el impacto de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del 1 de julio sobre la inmunidad presidencial, y el juez accedió a las solicitudes. La defensa tiene de plazo hasta el 10 de julio para presentar una moción y los fiscales tienen de plazo hasta el 24 de julio para presentar una respuesta. El juez también concedió una solicitud adicional a los fiscales para presentar una recomendación de sentencia.
Los abogados del expresidente Trump se están movilizando para anular el juicio penal de Nueva York, mientras que los fiscales dicen que creen que el argumento no tiene mérito.
«Los veredictos en este caso violan la doctrina de inmunidad presidencial y crean graves riesgos de ‘un Poder Ejecutivo que se canibaliza a sí mismo'», escribieron los abogados defensores en una carta al juez el 1 de julio, solicitando permiso para presentar una moción para anular el veredicto antes del 10 de julio, un día antes de la audiencia de sentencia programada.
En Nueva York, el expresidente Trump fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado y un jurado emitió un veredicto de culpabilidad en mayo. Los 34 documentos que se encontraron falsificados fueron creados en 2017, mientras el presidente Trump estaba en el cargo, aunque sus abogados no argumentan que los cheques de la Organización Trump que el presidente firmó fueran deberes oficiales.
Argumento sobre los actos oficiales
En marzo, los abogados defensores solicitaron limitar el alcance de las pruebas en el caso de Nueva York para excluir los actos oficiales del presidente. El juez Merchán había denegado la moción por «extemporánea», dudando de la buena fe de la defensa. El juez consideró que la defensa podría haber presentado la moción cuando trató de trasladar el caso a una corte federal, o antes de la fecha límite para las mociones para limitar las pruebas utilizadas en el juicio, o cuando trató de desestimar el caso penal federal del expresidente en el Distrito de Columbia sobre la base de la inmunidad presidencial.
Los abogados de la defensa dijeron que el juez se equivocó y explicó que los plazos de los que hablaba no se aplicaban a las mociones para excluir pruebas. El juez respondió que podría pronunciarse sobre las objeciones basadas en la inmunidad presidencial durante el juicio.
Ahora la defensa argumenta que, a pesar de las objeciones, el fiscal de distrito presentó declaraciones y pruebas perjudiciales en el juicio.
Los fiscales describieron como «devastador» un suceso ocurrido en el Despacho Oval e introdujeron declaraciones del presidente y testimonios de testigos sobre su trabajo para el presidente en la Casa Blanca, argumentó la defensa.
«Estas pruebas de actos oficiales nunca deberían haberse presentado ante el jurado», argumentaron los abogados de la defensa.
La Corte Suprema sostuvo que un presidente «no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales». Los fiscales tendrían que refutar la presunción de inmunidad para los actos oficiales antes de que pudiera ser acusado por ellos.
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