El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que algunos jueces han estado cuestionando erróneamente a sus colegas y señaló que está preocupado por estos hechos.
«Se ha convertido en una característica preocupante de algunas opiniones recientes, el criticar las decisiones con las que no se está de acuerdo, yendo más allá del propio rol del poder judicial», escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, al final de su dictamen mayoritario que anula el programa del presidente Joe Biden de condonación de la deuda estudiantil.
Seis jueces concluyeron que el programa de la administración Biden, que canceló la deuda de decenas de millones de prestatarios, no estaba autorizado por la ley federal que la administración citó para autorizarlo. La ley permite al secretario de Educación «renunciar o modificar cualquier disposición legal o reglamentaria aplicable a los programas de ayuda financiera a los estudiantes».
El estado de Missouri, uno de los demandantes, presentó la demanda porque el plan le costaría a una organización sin ánimo de lucro creada por el estado unos USD 44 millones si se promulgara.
«Hoy, nosotros hemos concluido que una instrumentalidad creada por Missouri, gobernada por Missouri, y responsable ante Missouri es de hecho parte de Missouri; que las palabras ‘renunciar o modificar’ no significan ‘reescribir completamente’; y que nuestro precedente-viejo y nuevo-requiere que el Congreso hable claramente antes de que un secretario de departamento pueda alterar unilateralmente grandes secciones de la economía estadounidense», dijo Roberts. «Para ello hemos empleado las herramientas tradicionales de la toma de decisiones judiciales».
A continuación, Roberts, un juez nombrado por George W. Bush, apuntó contra la disidencia de la juez Elena Kagan, nombrada por Obama.
Kagan afirmó que la mayoría estaba «distorsionando la doctrina de la legitimación para crear un caso apto para resolución judicial» porque Missouri no se vio perjudicado y que su «‘normal’ interpretación estatutaria no puede sostener su decisión».
«El estatuto, leído como está escrito, otorga al secretario una amplia autoridad para aliviar el efecto de una emergencia nacional sobre la capacidad de los prestatarios para pagar sus préstamos estudiantiles. El secretario no hizo más que utilizar esa autoridad legalmente delegada. Así que la mayoría aplica una norma especialmente concebida para acabar con la acción reguladora significativa, exigiendo al Congreso que delegue no solo claramente, sino también microespecíficamente», escribió Kagan, añadiendo luego: «El Congreso al autorizar ampliamente la condonación de préstamos, el secretario y el presidente al utilizar esa autoridad para aplicar el plan de condonación. La mayoría, en cambio, dice que les corresponde que ellos decidan».
Roberts dijo que Kagan estaba equivocada.
«El Congreso al autorizar ampliamente la condonación de préstamos, el secretario y el presidente al utilizar esa autoridad para aplicar el plan de condonación. La mayoría, en cambio, dice que les corresponde a ellos decidir», escribió el juez. «El hecho de que múltiples fundamentos apoyen un resultado suele considerarse una fortaleza, no una debilidad».
También dijo que «mentes razonables» pueden estar en desacuerdo con la mayoría y que la mayoría no «confunde este desacuerdo claramente sincero con un menosprecio».
«Es importante que tampoco se engañe al público. Cualquier percepción errónea de este tipo sería perjudicial para esta institución y nuestro país», agregó el juez Roberts.
Los comentarios del juez Roberts se producen tras una serie de polémicas sentencias en las que los seis jueces nombrados por presidentes republicanos formaron mayoría y los tres jueces nombrados por presidentes demócratas ofrecieron las disidencias que atacaron a la mayoría.
La jueza Sonia Sotomayor, por ejemplo, disintió de la sentencia que anulaba las políticas de admisiones racialmente discriminatorias en las universidades estadounidenses alegando que la Corte estaba «subvirtiendo» la protección de la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
«Dado que la opinión de la Corte no se basa en la ley ni en los hechos y contraviene la visión de igualdad plasmada en la Decimocuarta Enmienda, disiento», escribió Sotomayor, designada por Obama.
La mayoría había dictaminado que las políticas aplicadas por la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte eran inconstitucionalmente discriminatorias. Las propias universidades habían admitido que discriminaban a los solicitantes que no eran afroamericanos o hispanos.
En una opinión concurrente, el juez Clarence Thomas, nombrado por George W. Bush, dijo que la sociedad estadounidense no ha sido ni es daltónica, y que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución exige que no se tengan en cuenta las distinciones raciales.
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