Un juez federal de Texas suspendió temporalmente el proceso de libertad condicional «Keeping Families Together» de la administración Biden, que permitiría a los inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses acceder a la ciudadanía, mientras se resuelve un recurso legal.
Según la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya ha empezado a admitir solicitudes, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal pueden solicitar permiso para permanecer en el país, lo que se conoce como «libertad condicional en el lugar». Si se les concede, ellos pueden entonces solicitar una tarjeta verde y avanzar hacia la plena ciudadanía si se cumplen ciertos requisitos.
Dieciséis estados presentaron una demanda para detener el programa el 23 de agosto, alegando que incentiva la inmigración ilegal y «perjudicaría irreparablemente a los estados demandantes» por millones de dólares que se pagan anualmente en asistencia sanitaria y aplicación de la ley. Los estados solicitaron una orden de restricción temporal.
En una sentencia dictada el 26 de agosto en la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Texas, el juez John Campbell Barke ordenó suspender el programa durante al menos dos semanas mientras se resuelve el recurso legal, concediendo una suspensión administrativa.
El juez Barke dijo que, en su opinión, las «reclamaciones son sustanciales y merecen un examen más detenido del que la corte ha podido permitirse hasta la fecha».
El fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, expresó su apoyo a la orden. «Ésta es sólo el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país y el Estado de Derecho», escribió en X.
El fallo significa que el gobierno federal no puede conceder a ningún nuevo solicitante la «libertad condicional en el lugar» durante los próximos 14 días. Sin embargo, los inmigrantes aún pueden solicitarlo e iniciar el proceso.
Para poder acogerse al programa, los solicitantes deben haber vivido en Estados Unidos de forma continuada durante al menos 10 años, no suponer una amenaza para la seguridad y no tener antecedentes penales que los descalifiquen. También se les exige haber estado casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio.
Si son aprobados, los solicitantes tienen tres años para pedir la residencia permanente. Se calcula que más de 500,000 personas podrían ser elegibles.
Grupo de defensa califica la decisión de «extrema»
Karen Tumlin, fundadora y directora del grupo de defensa de los inmigrantes Justice Action Center, dijo en un comunicado del 26 de agosto que la orden del juez Barke es una «medida extrema» que no debería haberse utilizado en este caso.
«Esto es desgarrador para nuestros clientes y para las miles de parejas que esperan beneficiarse de este proceso y poder vivir sin temor a que su familia sea separada», decaró la Sra. Tumlin.
Harold Solís, codirector jurídico de la organización liderada por inmigrantes, Make the Road New York, indicó antes del fallo que el Centro de Acción por la Justicia y Make the Road New York presentaron una moción para intervenir en la demanda en nombre de 11 personas.
Según Solís, sus clientes quieren convertirse en partes en el pleito para que la corte tenga en cuenta sus puntos de vista antes de dictar sentencia.
«Hemos presentado hoy nuestra Moción de Intervención para exigir que la corte comprenda las vidas afectadas por la orden que se acaba de dictar», dijo el Sr. Solís.
«Esperamos que la corte falle rápidamente a favor de nuestra Moción para que nuestros clientes tengan por fin en cuenta sus perspectivas, ya que su unidad y estabilidad familiar pende de un hilo».
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