El expresidente Donald Trump no debería ser excluido de las boletas electorales de Illinois, ya que la cuestión de su posible inhabilitación para las elecciones de 2024 es un asunto de los tribunales, no algo que pueda decidir una junta electoral, dijo un exjuez el domingo.
El viernes, el juez estatal retirado y republicano, Clark Erikson, presidió una audiencia de petición que buscaba evitar que el presidente Trump apareciera en las boletas de las primarias de Illinois. La petición, presentada ante la Junta Electoral de Illinois, argumentaba que el expresidente «no puede satisfacer los requisitos de elegibilidad» para convertirse en POTUS, ya que supuestamente violó la Sección 3 de la 14ª Enmienda.
Aprobada tras la Guerra Civil, la Sección 3 prohíbe a las personas que hayan «participado en insurrección o rebelión» aspirar a un cargo público. La petición afirmaba que la presunta participación del presidente Trump en los hechos que rodearon la irrupción del 6 de enero lo descalifica para ocupar el cargo.
En una recomendación escrita presentada a la Junta Electoral del Estado de Illinois el domingo, el Sr. Erikson declaró que la ley de Illinois prohíbe a la junta electoral abordar cuestiones que impliquen un análisis constitucional. Este caso, que requiere una decisión sobre si la Sección 3 se aplica al presidente Trump, cae en esa categoría, explicó el Sr. Erikson.
Es «imposible» que la junta decida si el candidato del Partido Republicano está descalificado por la Sección 3 sin realizar en un «análisis constitucional significativo y sofisticado», escribió.
Tratar de resolver esta cuestión constitucional dentro del calendario de una audiencia de la junta electoral es «similar a programar un combate de dos minutos entre boxeadores de peso pesado en una cabina telefónica», añadió el Sr. Erikson. La junta electoral votará sobre la petición el martes.
Dado que se espera que la junta gestione los asuntos con rapidez para garantizar que el proceso de votación no se retrase, no es adecuada para realizar análisis constitucionales. Estas cuestiones «pertenecen a los tribunales».
El Sr. Erikson recomendó que la junta desestime la petición, lo que permitiría al presidente Trump figurar en la boleta.
Sin embargo, si la junta decide no prestar atención a esta recomendación, el Sr. Erickson dijo que se presentaron pruebas suficientes durante la audiencia del viernes para demostrar que el presidente Trump «participó en la insurrección, en el sentido de la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda». Por lo tanto, el nombre del expresidente puede ser «eliminado de la boleta de las primarias de marzo de 2024 en Illinois», escribió.
El martes, el panel bipartidista de ocho miembros de la Junta Estatal de Elecciones de Illinois decidirá si acepta la recomendación del Sr. Erickson. El panel está compuesto por cuatro republicanos y cuatro demócratas. Cualquier decisión tomada por la junta puede ser apelada en las cortes estatales de Illinois.
Ron Fein, director legal de Free Speech For People, que actúa como abogado colíder en la petición, dijo que esperan que la junta electoral y eventualmente los tribunales «mantengan el análisis reflexivo del juez Erickson de por qué Trump está descalificado para el cargo».
Las primarias de Illinois están previstas para el 19 de marzo.
Demandas para bloquear a Trump
De forma similar a Illinois, en otros estados se ha intentado eliminar al presidente Trump de las boletas electorales. En Michigan y Minnesota, tales demandas han sido desestimadas por motivos de procedimiento. Sin embargo, en algunos estados, las decisiones han quedado suspendidas a la espera del resultado de la demanda en Colorado.
El 19 de diciembre, la Corte Suprema de Colorado prohibió al presidente Trump aparecer en las boletas electorales del estado en una decisión de 4-3, citando su inelegibilidad debido a una supuesta violación de la Sección 3 de la 14ª Enmienda. A principios de este mes, el presidente Trump apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Su petición decía: «El fallo de Colorado no es ni puede ser correcto».
«Esta corte debería conceder certiorari para considerar esta cuestión de suma importancia, revocar sumariamente el fallo de la Corte Suprema de Colorado y devolver a los votantes el derecho a votar por el candidato de su elección», decía.
La sentencia de la Corte Suprema de Colorado marcó la «primera vez en la historia de Estados Unidos que el poder judicial ha impedido a los votantes votar por el principal candidato presidencial de uno de los principales partidos».
En un escrito inicial presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos el 18 de enero, los abogados del presidente Trump argumentaron que la decisión del tribunal de Colorado se basaba en una «interpretación dudosa» de la Sección 3ª. Sostuvieron que el presidente Trump «ni siquiera está sujeto a la Sección 3, ya que el presidente no es un ‘funcionario de los Estados Unidos’ según la Constitución».
Además, incluso si estuviera sujeto a la Sección 3, el presidente Trump no participó en ninguna actividad que pudiera calificarse como insurrección, argumentó el escrito.
«Hay esfuerzos en curso en más de 30 estados para eliminar al presidente Trump de las votaciones primarias y de las elecciones generales sobre la base de fundamentos similares».
La Corte Suprema de Estados Unidos «debería poner fin de manera rápida y decisiva a estos esfuerzos de descalificación de la boleta electoral, que amenazan con privar del derecho al voto a decenas de millones de estadounidenses y que prometen desatar el caos si otros tribunales estatales y funcionarios estatales siguen el ejemplo de Colorado y excluyen al probable candidato presidencial republicano de sus boletas electorales».
La Corte Suprema de EE. UU. escuchará los primeros argumentos orales en el caso el 8 de febrero y ha indicado que tiene la intención de anunciar opiniones escritas sobre el asunto el mismo día.
El expresidente también ha sido inhabilitado para aparecer en las boletas electorales en Maine, tras una resolución emitida a finales de diciembre por la secretaria de Estado, la demócrata Shenna Bellows.
A mediados de enero, una Corte Superior de Maine suspendió la inhabilitación a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.
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