Una jueza en Paraguay admitió este jueves la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) y ocho funcionarios de su gestión y anunció que solicitará a la Cámara Alta el desafuero del dirigente político, que es senador vitalicio por haber encabezado el Ejecutivo.
En declaraciones a periodistas, la jueza penal de garantías Cynthia Lovera aseguró que, hecho el análisis, «se tiene por recibida el acta de imputación presentada por los agentes fiscales y se tiene por iniciado el presente procedimiento penal». Lovera explicó que se fijaron audiencias de imposición de medidas para siete exfuncionarios.
No fue así el caso para el exgobernante y su exsecretario privado y diputado oficialista Mauricio Espínola, ya que deberá remitir previamente al Congreso la solicitud de desafuero, con base en el artículo 191 de la Constitución Nacional, antes de proseguir la causa.
Además, la jueza fijó el próximo 11 de septiembre como la fecha en la que los fiscales deberán presentar el «requerimiento conclusivo» al término de la etapa preparatoria, que puede ser en contra o a favor de los imputados.
Abdo Benítez y los ocho exfuncionarios fueron acusados el lunes pasado por dos fiscales por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, declaración falsa y simulación de un hecho punible, entre otros, dentro de lo que se describió como «un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado», entre ellas el también exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) y el actual presidente del país, Santiago Peña.
Los fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti -que este jueves fueron retirados del caso por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón- dijeron tener sospechas de «la existencia de los hechos punibles» de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La acusación recayó sobre el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, el extitular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) René Fernández y su antiguo colega de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Adolfo Arregui y la exviceministra de esa entidad Carmen Pereira, así como otros tres exfuncionarios.
El secretario general del Congreso, Antonio Sánchez, confirmó a periodistas que el Legislativo ya recibió en esta jornada el pedido de desafuero de Abdo Benítez y Espínola.
Sánchez indicó que en la próxima sesión de la Cámara se dará entrada al pedido, que posteriormente pasará a análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Defensa Nacional y Fuerza Pública.
La Constitución paraguaya establece que la Cámara respectiva «examinará el mérito del sumario» remitido por el juez, y por mayoría «de dos tercios» resolverá si avala o no el desafuero.
La acusación contra Abdo Benítez y sus exfuncionarios se vio salpicada el miércoles por la divulgación por parte de la prensa local de presuntos chats entre el fiscal Aldo Cantero y Pedro Ovelar, el abogado de Cartes.
Según el diario ABC Color y la radio ABC Cardinal, que difundieron capturas de pantalla al parecer del teléfono del funcionario judicial, las presuntas conversaciones entre Cantero y Ovelar tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2023.
En las imágenes se observan, entre otros, alusiones a supuestas reuniones entre ambos, el presunto envío de archivos de parte del abogado al fiscal y, al parecer, pedidos del defensor sobre asuntos a investigar.
En respuesta, la defensa de Abdo Benítez solicitó a la Fiscalía se investiguen los presuntos chats filtrados y se ordene incautar los celulares y computadoras usadas en la investigación.
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