Una jueza de Virginia Occidental bloqueó temporalmente el 18 de julio que se haga efectiva la prohibición del aborto que regía antes del caso de Roe.
La jueza del circuito del condado de Kanawha, Tera Salango, decidió emitir una medida cautelar preliminar que bloquea la entrada en vigor de la prohibición del aborto, tras una demanda presentada en junio a nombre del Centro de Salud de la Mujer de Virginia Occidental, la única clínica de aborto del estado.
Después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe vs. Wade el 24 de junio, la clínica había suspendido los abortos y las consultas por temor a ser procesada en virtud de la prohibición del aborto que rige en el estado desde hace 150 años. La demanda del Centro impugna esta ley y pretende impedir que entre en vigor.
La decisión Roe vs. Wade de 1973 vetó a los estados prohibir los abortos antes de que el feto se considerara «viable» —o potencialmente capaz de vivir fuera del vientre de su madre— lo que se consideraba alrededor del segundo trimestre de embarazo, a las 24 semanas.
Por cinco décadas Roe permitió en gran medida los abortos hasta las 24 semanas de embarazo en todo el país, anulando las leyes estatales que habían estado en vigor antes de 1973, como la de Virginia Occidental.
Katie Quiñonez, directora ejecutiva del Centro de Salud de la Mujer de Virginia Occidental, dijo en una declaración el 18 de julio que la última decisión del Tribunal de Circuito del Condado de Kanawha significa que la clínica puede volver a funcionar por ahora.
Quiñonez comparó el aborto con la «atención sanitaria esencial», añadiendo que «las repercusiones de que el aborto haya quedado fuera de alcance durante el último mes fueron devastadoras».
El fiscal general de Virginia Occidental, el republicano Patrick Morrisey, dijo a través de una declaración que el dictamen es «un día oscuro» para el estado.
«Apelaremos esta decisión ante la Corte Suprema de Apelaciones tan pronto como sea legalmente posible», dijo Morrisey. «Como firme defensor de la vida, estoy comprometido con la protección de los bebés no nacidos en la mayor medida posible según la ley y no descansaré hasta que se levante esta medida cautelar. La ley actual escrita en los libros exige la protección de la vida».
La demanda es una de las varias que han presentado los proveedores de servicios de aborto y los defensores que consideran que este procedimiento es un derecho en Estados Unidos, para tratar de impedir o frenar en los diferentes estados las prohibiciones y restricciones impuestas tras la caída de Roe, en su mayoría lideradas por los republicanos.
Argumentos
La prohibición del aborto en el estado, que data del 1800, convierte en delito la práctica o la realización de un aborto, excepto en los casos que se consideren necesarios para proteger la vida de la madre.
La Oficina del Fiscal General de Virginia Occidental argumentó que la prohibición sigue siendo aplicable y tiene que volver a entrar en vigor.
Pero los abogados del Centro de Salud de la Mujer de Virginia Occidental manifestaron que la prohibición del aborto anterior a Roe fue superada por las leyes modernas, como la de 2015 de Virginia Occidental, que bloquea el aborto a partir de las 20 semanas.
Salango estuvo de acuerdo con los demandantes y dijo que las leyes estatales recientemente promulgadas «entran en conflicto irremediato con la prohibición penal del aborto». Como tal, sería «inequitativo» permitir que se apliquen las leyes en conflicto.
«El código está repleto de ejemplos de conflictos innegables en la ley que parecen fundamentales e irreconciliables, lo que hace que la ley sea incompatible por cualquier lectura», dijo Salango sobre la prohibición del aborto anterior a Roe. «Quizá cuando se redactó, esa legislación era suficiente. Sin embargo, en el mundo actual, es simplemente demasiado vaga para ser aplicada».
«Sencillamente, no importa si se está a favor del aborto o de la vida», añadió Salango. «Todos los ciudadanos de este estado tienen derecho a conocer claramente las leyes bajo las que se espera que vivan».
Por su parte la Oficina del Fiscal General sostuvo que las nuevas leyes no entran en conflicto con la prohibición anterior a Roe, sino que pretenden «llenar el vacío relativo al aborto no regulado posterior a Roe». La oficina también señaló que si los legisladores hubieran querido derogar la prohibición anterior a Roe, lo habrían hecho.
La prohibición de aborto anterior a Roe sólo estuvo inactiva durante décadas debido a Roe, que había hecho ilegal perseguir a las personas por conseguir o realizar abortos. Pero como Roe fue anulado, eso ya no es así, añadió la oficina.
Salango indicó que los legisladores deberían haber tomado más medidas si querían asegurarse de que el aborto tuviera más penas tras la derogación de Roe.
«No voy a poner palabras en la boca de la Legislatura», dijo Salango. «Sin embargo, si la Legislatura tenía la intención de que la [prohibición del aborto anterior a Roe] estuviera en plena vigencia, era libre de aprobar una ley de activación inmediata, similar a la de varios otros estados. La Legislatura eligió no hacerlo».
El dictamen de Salango se produjo horas después de que un juez de Luisiana ampliara en el estado un bloqueo temporal a la aplicación de la prohibición del aborto por «activación» automática.
Las leyes de «activación» automática fueron diseñadas para que el aborto se detenga automáticamente o se limite severamente de inmediato después de la anulación de Roe. Otros doce estados tienen leyes similares.
Con información de The Associated Press y Reuter.
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