La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres decidirá «cuanto antes», pero ya después del verano, si es la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Nicolás Maduro o la nombrada por el opositor Juan Guaidó la que tiene autoridad sobre las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.
Al término este lunes de un juicio de cuatro días, Cockerill, de la división comercial del Superior, indicó que, debido a otros compromisos, es improbable que haya un fallo antes de octubre. En cualquier caso, en principio cualquiera de las partes podrá recurrirlo.
La magistrada debe determinar si considera aplicables en Inglaterra las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas que anularon los nombramientos de Guaidó a su junta «ad hoc» del BCV, a pesar de que el Gobierno del Reino Unido le reconoce a él, y no a Maduro, como presidente interino del país latinoamericano.
Si concluye que son válidas, sería el BCV de Maduro el que tendría autoridad sobre las 31 toneladas del metal precioso, valoradas en 1600 millones de euros (unos 1627 millones de dólares). Si, en cambio, juzga que no rigen en jurisdicción inglesa, accedería el bando de Guaidó.
El TSJ venezolano, bajo lupa
El letrado de la junta presidida por Calixto Ortega, Richard Lissack, defendió la independencia del TSJ, mientras que Andrew Fulton, por parte de la de Guaidó, instó a ignorar sus dictámenes con el argumento de que es una institución ligada al régimen de Maduro.
Lissack recordó a la magistrada que este caso es de «una enorme gravedad» y tendrá «reverberaciones», pues sienta precedente en el derecho británico, y le pidió que ejerza «cautela» al pronunciarse y no se base en las «generalizaciones» y «habladurías» presuntamente esgrimidas por Fulton sobre la situación política en Venezuela.
El abogado subrayó que este litigio no es «un juicio sobre el Gobierno de Maduro» sino sobre qué junta puede dar instrucciones al Banco de Inglaterra, y señaló que la de Guaidó no tiene poder real y «no responde ante nadie».
Concederle el acceso al oro les dará campo libre «para hacer lo que quieran» con impunidad, mantuvo.
Fulton replicó por su parte que los miembros de la junta opositora son gente «seria y responsable» y no «renegados» que vayan a huir con el metal precioso. «Fueron designados por Guaidó para velar por los activos hasta que haya nuevas elecciones» en Venezuela, apuntó.
Testigos cuestionados
Lissack sostuvo que los testigos que él ha presentado en este proceso -entre ellos el exjuez Francisco Carrasquero y el propio Ortega, que declaró por escrito, aunque estaba en la sala- demostraron que el Supremo y el banco central venezolanos son entidades «independientes» del Ejecutivo.
También arguyó que sus declarantes están avalados por una reconocida carrera en sus campos mientras que, según él, los elegidos por Fulton -entre ellos el procurador «especial» de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón- son «partidistas» y no tienen siquiera la experiencia para los puestos que ocupan en la junta «ad hoc», además de que llevan años fuera de Venezuela.
Fulton rebatió a esto que sus clientes deben reunirse por videoconferencia y no pueden viajar a territorio venezolano porque afrontan ser detenidos, al tiempo que acusó a los testigos del chavismo de haberse ceñido a «un guión».
El pleito sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando Ortega acusó al Banco de Inglaterra de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que fueran usados en la lucha contra la covid en Venezuela.
Además de la gestión de esos activos, el eventual dictamen de la Justicia británica servirá para dirimir un litigio planteado por Deutsche Bank en mayo de 2020, sobre cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.
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