Una jueza federal de Seattle dictaminó el 27 de febrero que la administración Trump no podrá desviar millones de dólares destinados para el proyecto de edificación militar en el estado de Washington, para que sean usados en la construcción de otro tramo de muro fronterizo entre México y Estados Unidos.
El fallo se produce después que la administración Trump anunciara a principios de este mes que destinaría casi 4000 millones de dólares del presupuesto militar a la construcción de un muro de unas 177 millas (285 km) a lo largo de la frontera, en un esfuerzo por hacer frente a las actividades de contrabando de drogas.
La jueza de Distrito de los Estados Unidos, Barbara Rothstein, bloqueó el jueves a la administración para que no se utilicen 89 millones de dólares del Pentágono destinados a un proyecto de construcción en la Base Naval de Submarinos de Bangor, también conocido como el Proyecto Bangor.
Rothstein dictaminó que cambiar el dinero destinado al proyecto es ilegal, porque tomaría el dinero que el Congreso asignó para la construcción militar y lo usaría para la aplicación de la ley nacional. Rothstein también dictaminó que es ilegal porque el Congreso prohibió específicamente al presidente Donald Trump gastar dinero adicional en el muro fronterizo.
«El Congreso se negó repetida y deliberadamente a apropiarse de todos los fondos que el presidente solicitó para un muro fronterizo a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos», escribió Rothstein.
En su fallo, Rothstein destacó la importancia de Bangor, que, según dijo, «es el asiento de la Flota de Submarinos de Misiles Balísticos Trident del Pacífico de los Estados Unidos, submarinos de propulsión nuclear que transportan ojivas nucleares».
«Es difícil para esta Corte imaginar algo, si es que hay algo, que pueda ser más importante para el Estado de Washington que los submarinos de propulsión nuclear que llevan ojivas nucleares sean seguros cuando viajan a través de sus aguas», escribió Rothstein. «Los resultados potencialmente desastrosos de las armas nucleares inseguras dentro de las fronteras del Estado son tan obvios que no es necesario explicarlos aquí».
«Difícilmente se puede negar que el público tiene un gran interés tanto en la integridad de las fronteras de este país como en asegurar que las fuerzas armadas reciban un buen apoyo mientras se despliegan las misiones», manifestó en su fallo. «Sin embargo, hacerlo no puede hacerse a expensas de nuestras leyes».
El Congreso a finales de 2018 y principios de 2019 se negó a dar a Trump todo el dinero que quería para un muro fronterizo, lo que llevó al cierre parcial del gobierno durante 35 días. Los legisladores finalmente le dieron 1400 millones de dólares.
En reacción, Trump declaró una emergencia nacional. La administración afirmó que le permitió transferir casi tres veces esa cantidad de dinero —3600 millones de dólares— de las cuentas militares para construir cercas combinada de 175 millas (282 km) en California, Arizona, Texas y Nuevo México.
El verano pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó una orden judicial que impedía al gobierno gastar 2500 millones de dólares del dinero del Departamento de Defensa destinado para las pensiones militares y los esfuerzos antidrogas. Pero continúan los desafíos legales con respecto a ese dinero, así como los 3.6 billones de dólares que el Pentágono está desviando para los proyectos de construcción militar.
Se envió una solicitud al Congreso a principios de este mes, declarando que el dinero es «necesario para proporcionar apoyo a las actividades antidrogas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)».
Desde que asumió el cargo, Trump ha exigido que el Congreso financie la construcción de un muro en la frontera sur, en su promesa de campaña histórica.
The Associated Press contribuyó a este informe.
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