Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta Platforms Inc, no será considerado personalmente responsable en las demandas en las que se alega que plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram contribuyen a la adicción y a problemas de salud mental entre los jóvenes usuarios, según dictaminó un juez federal el 7 de noviembre.
La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, del Distrito Norte de California, aceptó la moción de Zuckerberg de desestimar las demandas por ocultación fraudulenta y negligente y tergiversación presentadas contra él personalmente en más de dos docenas de casos consolidados en un litigio multidistrito.
Los demandantes habían intentado responsabilizar personalmente a Zuckerberg, alegando que dirigió o participó en la ocultación por parte de Meta de información sobre los efectos negativos de sus plataformas en la salud de los usuarios jóvenes.
Sin embargo, la corte consideró que los demandantes no habían aportado pruebas suficientes de que Zuckerberg dirigiera o autorizara específicamente la supresión de información material.
«El control de la actividad corporativa por sí solo es insuficiente para establecer la responsabilidad personal», escribió Rogers en su orden.
«Las alegaciones de los demandantes no son suficientes para alegar plausiblemente que Zuckerberg dirigió la supresión de información material. Las alegaciones generalizadas, incluso si son convincentes, son insuficientes».
Anteriormente, la corte había aceptado la primera petición de desestimación de Zuckerberg, pero permitió a los demandantes la oportunidad de modificar sus demandas. A pesar de presentar un apéndice con alegaciones adicionales, la corte determinó que las demandas de los demandantes seguían siendo insuficientes.
Los demandantes —un grupo de 33 estados— argumentaron que Zuckerberg mantenía el control sobre el desarrollo de la plataforma, era consciente de los riesgos de seguridad, rechazó propuestas relacionadas con la seguridad infantil e hizo declaraciones públicas sobre la seguridad de la plataforma.
Señalaron casos en los que Zuckerberg presuntamente vetó iniciativas destinadas a mejorar la seguridad infantil, como una propuesta de prohibición de filtros que simulaban cirugía plástica, a pesar del apoyo de expertos e investigaciones académicas favorables a la prohibición.
Sin embargo, Rogers dictaminó que estas alegaciones no demostraban que Zuckerberg dirigiera o autorizara específicamente la ocultación de información.
La jueza explicó que, según las leyes de los 13 estados implicados en el litigio, un directivo de una empresa solo puede ser considerado personalmente responsable si dirigió, autorizó o participó específicamente en la conducta ilícita. El control general sobre la empresa no es suficiente para establecer la responsabilidad personal, dijo la jueza.
En consecuencia, las demandas contra Zuckerberg han sido desestimadas. Si bien la corte reconoció que el descubrimiento podría revelar una participación más activa de Zuckerberg en la supuesta ocultación de Meta, sostuvo que las alegaciones actuales no cumplen con el estándar requerido para la responsabilidad personal.
No está claro si los demandantes planean apelar la decisión o emprender otras acciones legales contra Zuckerberg personalmente.
Meta Platforms Inc. no respondió a la solicitud de comentarios sobre la sentencia. La empresa sigue enfrentándose a litigios por el supuesto impacto de sus plataformas de redes sociales en la salud mental de los adolescentes.
La sentencia forma parte de un procedimiento multidistrital que consolida ante la jueza cientos de demandas por daños personales en nombre de niños y adolescentes, distritos escolares, gobiernos locales y fiscales generales estatales.
Los demandantes alegan que Facebook e Instagram, así como otras plataformas de redes sociales como YouTube, TikTok y Snapchat, están diseñadas para fomentar el uso compulsivo por parte de los menores.
Las demandas forman parte de un escrutinio más amplio de las empresas de redes sociales y su responsabilidad en la salud mental de los jóvenes usuarios, con una atención cada vez mayor por parte de los reguladores, los legisladores y el público.
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