WILMINGTON, Delaware— Una jueza federal emitió el 24 de mayo varias resoluciones que establecen los parámetros para la presentación de evidencias en el próximo juicio de Hunter Biden por cargos de delito grave de armas. Tanto la fiscalía como la defensa obtuvieron resoluciones favorables sobre las mociones.
La jueza de distrito, Maryellen Noreika, aprobó una moción del Sr. Biden, de 54 años, para excluir ciertas referencias durante el juicio, sobre su baja de la Marina de Estados Unidos y los procedimientos de manutención de los hijos de los que formó parte. También aceptó las peticiones de excluir las referencias a los cargos de fraude fiscal a los que se enfrenta Hunter Biden en California y de prohibir a los fiscales que describan sus derrochadores gastos como un «estilo de vida extravagante».
La jueza Noreika, designada por el expresidente Donald Trump, dijo que el gobierno puede hablar sobre los gastos del Sr. Biden, incluido cómo gastó 900 dólares en un revólver que compró en Delaware en 2018.
El gobierno también se anotó una victoria clave cuando la jueza dictaminó que la fiscalía no necesitaba probar que el Sr. Biden estaba consumiendo drogas el día que compró el revólver. Los fiscales solo tendrán que demostrar que era un usuario en el momento.
Sin embargo, también accedió a considerar las preguntas de la defensa sobre el contenido de un destacado ordenador portátil que el Sr. Biden supuestamente dejó en un taller de reparación de Delaware.
Los abogados de Hunter Biden quieren plantear preguntas sobre la autenticidad de los datos del portátil en el juicio, mientras que los fiscales dicen que no hay pruebas de que haya sido comprometido y que una lucha prolongada sobre él sería una pérdida de tiempo.
La jueza Noreika dijo que considerará objeciones a datos específicos a medida que se desarrolle el juicio.
Los fiscales fueron capaces de convencer a la jueza para prohibir a los abogados del Sr. Biden de hablar de funcionarios estatales de Delaware que no presentaron cargos contra el Sr. Biden. Los fiscales dijeron que ese hecho no era relevante porque los funcionarios estatales «no poseían las pruebas que las autoridades federales obtuvieron más tarde, e incluso si lo hubieran hecho, la conducta probablemente no era perseguible bajo la ley del estado de Delaware».
El Sr. Biden se enfrenta a un juicio acusado con cargos de haber hecho declaraciones falsas al comprar un arma de fuego y de poseer ilegalmente un arma siendo drogadicto y consumidor. El juicio comenzará el 3 de junio y, según los abogados, podría durar hasta dos semanas, o incluso más.
El Sr. Biden se enfrenta a hasta 25 años de prisión y una multa de hasta 750,000 dólares si es declarado culpable.
Mientras rellenaba un formulario federal en 2018 para comprar un revólver en una tienda de armas en Delaware, el Sr. Biden marcó «no» en respuesta a una pregunta que decía: «¿Es usted un usuario ilegal de, o adicto a, marihuana o cualquier depresivo, estimulante, estupefaciente o cualquier otra sustancia controlada?»
La sección de certificación del formulario, que el Sr. Biden firmó, advertía que «hacer cualquier declaración falsa, oral o escrita, o exhibir cualquier identificación falsa o tergiversada con respecto a esta transacción, es un delito punible como delito grave bajo la ley federal».
En un reciente escrito sobre el juicio, los fiscales dijeron que planean llamar a múltiples testigos para demostrar que el Sr. Biden infringió la ley, entre ellos su exesposa, varias exnovias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los fiscales también planean admitir las declaraciones hechas por el Sr. Biden de que compró y poseyó el arma y que era un drogadicto en ese momento.
Los abogados del Sr. Biden dijeron en su escrito que el Sr. Biden no poseyó en realidad el arma de fuego después de comprarla, de momento que fue arrojada por una exnovia a un contenedor de basura. Ellos dijeron que el Sr. Biden dijo que no era un usuario ilegal de drogas o adicto porque había «completado un programa de rehabilitación de 11 días y vivió con una compañera sobria después de eso».
También dijeron que las recientes sentencias en otros casos significa que los jurados deben ser informados de que una de las leyes federales que el Sr. Biden está acusado de violar, «se viola solo cuando una persona está simultáneamente armada y activamente intoxicada, y que usando el arma de alguna manera aterroriza o pone en peligro a otros».
Los abogados defensores querían decir a los miembros del jurado que el Sr. Biden ha estado sobrio, y ha obedecido la ley, desde el verano de 2019, pero la moción del gobierno para prohibir esas declaraciones fue aprobada por la jueza Noreika.
Debido a que los cargos solo involucran el año 2018, cualquier evidencia de las acciones del Sr. Biden en 2019 «no es relevante», dijeron los fiscales en su moción.
Las mociones de la fiscalía para excluir preguntas sobre la constitucionalidad del estatuto de armas cuestionado por la defensa, y para prohibir los argumentos sobre un acuerdo de culpabilidad que el Sr. Biden firmó, pero más tarde fue desechado, también fueron aprobadas por la jueza.
La jueza no se pronunció sobre otras mociones, incluida una relativa a los datos que, según los fiscales, se obtuvieron de la nube de datos de Biden.
Otra moción que se resolverá más adelante tiene que ver con el formulario federal ATF 4473 que firmó Biden.
La copia original es la única que debe introducirse como prueba en el juicio, argumentaron los fiscales. Hay otra versión que tiene varias adiciones, incluyendo la adición de las palabras «REGISTRO DE VEHÍCULOS» bajo una sección que enumera la identificación suplementaria proporcionada por el Sr. Biden para la compra del arma de fuego.
Los fiscales dijeron en una moción que los delitos del Sr. Biden se cometieron cuando completó el formulario el 12 de octubre de 2018, y que las anotaciones realizadas posteriormente no cambian los delitos.
Los abogados defensores dijeron que las anotaciones constituyen «doctoring», que «plantea preguntas sobre la exactitud del formulario inicial y quién lo completó, así como la credibilidad y ahora el sesgo de los empleados de la tienda de armas».
El propietario de StarQuest Shooters and Survival Supply, la armería, figura entre los testigos previstos por el gobierno. El propietario declarará que vio al Sr. Biden rellenar el formulario y marcar la casilla «no».
Con información de The Associated Press.
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