El expresidente Donald Trump y sus abogados sólo pueden revisar pruebas clasificadas en un lugar seguro mientras se prepara para un juicio penal por su presunta mala gestión de documentos tras abandonar la Casa Blanca en 2020, según la sentencia de una jueza emitida el miércoles.
El expresidente, también favorito para la candidatura presidencial del Partido Republicano en 2024, fue acusado, junto con dos ayudantes, de almacenar ilegalmente montones de documentos clasificados en su residencia personal y de mentir a los investigadores federales que trataron de recuperarlos. El año pasado, el FBI llevó a cabo una redada sin precedentes en su casa de Mar-a-Lago, Florida, antes de que se nombrara a un abogado especial para investigar.
En documentos judiciales, los abogados del presidente Trump se habían opuesto a los estrictos protocolos de seguridad para las pruebas clasificadas por considerarlos inconvenientes, afirmando que él y sus abogados deberían poder revisarlas en su despacho de su finca de Mar-a-Lago.
Pero la jueza de distrito de Florida, Aileen Cannon, emitió el miércoles una a orden preventiva (pdf) en la que se indicaba que sería inapropiado que el expresidente pudiera revisar documentos clasificados en Mar-a-Lago, donde los fiscales han alegado que almacenó ilegalmente dichos documentos.
«La corte considera que este caso afectará a información que ha sido clasificada en interés de la seguridad nacional. El almacenamiento, la manipulación y el control de esta información requerirán precauciones de seguridad especiales exigidas por la ley, la orden ejecutiva y la normativa», escribió en su auto la jueza, que fue nombrada por el presidente Trump.
Y el presidente Trump, dictaminó: «puede tener una obligación contractual continuada con el gobierno de no revelar a ninguna persona no autorizada información clasificada de la que tenga conocimiento o que esté en su posesión», y añadió que los fiscales federales también «tienen derecho a hacer cumplir ese acuerdo de mantener la confidencialidad de la información clasificada».
«Ningún miembro del personal judicial requerido por esta corte para su asistencia tendrá acceso a información clasificada relacionada con este caso a menos que esa persona haya recibido previamente la autorización de seguridad necesaria», añadió la jueza Cannon.
Su fallo es una victoria para los fiscales federales que habían intentado impedir la divulgación de «información clasificada de seguridad nacional» y de materiales que van a ser revisados por el abogado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y los abogados del presidente Trump.
En julio, los fiscales presentaron documentos judiciales en los que solicitaban una orden de protección en un intento de «impedir el uso, la revelación o la difusión no autorizados de información y documentos clasificados de seguridad nacional que serán revisados por el acusado y los abogados defensores, que estarán a su disposición o en su poder».
La moción también estipulaba que no existe base alguna para la solicitud del presidente Trump de que se le conceda autoridad para discutir materiales clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, a pesar de haber sido comandante en jefe.
«Resulta especialmente notable que solicite permiso para hacerlo en el mismo lugar en el que se le acusa de retener deliberadamente los documentos imputados en este caso», afirmaron, y añadieron: «Las residencias y oficinas personales del acusado Trump no son lugares lícitos para debatir información clasificada, como tampoco lo serían para cualquier ciudadano privado».
En esa presentación también se indicaba que el codemandado del presidente Trump en el caso, Walt Nauta, también solicita pleno acceso a las pruebas clasificadas. Sin embargo, el Sr. Nauta no está acusado de retener ilegalmente documentos relacionados con la defensa nacional, a diferencia del presidente Trump, escribieron, y añadieron que el Sr. Nauta no tiene necesidad de revisar la información.
«Mientras que el acusado Trump está acusado de violar [la sección del código] al retener ilegalmente documentos relacionados con la defensa nacional, el acusado Nauta no lo está», dijo el gobierno en su presentación. «El abogado del acusado Trump puede necesitar hablar de los documentos clasificados con el acusado Trump para formular su estrategia de defensa».
Los fiscales escribieron entonces que los materiales clasificados sólo deben discutirse y revisarse en instalaciones federales de información confidencial compartimentada, conocidas como SCIF. La moción se presentó al mismo tiempo que el Sr. Smith hizo pública una imputación sustitutiva que acusaba al presidente Trump tres cargos adicionales, incluida una presunta obstrucción a la justicia.
En respuesta, los abogados del presidente Trump escribieron en agosto que el caso de los documentos clasificados es «complejo y excepcional», con una cantidad significativa de material de descubrimiento. Sería poco práctico para el expresidente y sus abogados ir a un SCIF para montar su caso de defensa, argumentando que debería ser capaz de ver los materiales en una «instalación previamente aprobada en o cerca de su residencia».
También hay agentes del Servicio Secreto de EE. UU. destinados en Mar-a-Lago, escribieron.
«Esta solicitud se basa en los inmensos obstáculos y costes prácticos y logísticos que hacen casi imposible que el presidente Trump se desplace con regularidad a una instalación pública para debatir con su abogado el material clasificado que se le ha revelado y que es necesario para llevar a cabo una defensa acorde con los derechos que le otorga la Constitución», escribió su equipo.
El presidente Trump fue acusado en junio de cargos penales, entre ellos violación de la Ley de Espionaje, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas a los investigadores. El expresidente se ha declarado inocente y ha negado los cargos, junto con sus coacusados.
También está acusado en Washington D.C. y en el condado de Fulton, Georgia, por sus acciones tras las elecciones de 2020. A principios de este año, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo acusó de presunta falsificación de registros comerciales durante las elecciones de 2016.
El presidente Trump se ha declarado inocente y ha negado haber actuado mal en todos los casos. Ha argumentado que forman parte de un complot político para impedir que vuelva a ocupar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2024.
Con información de Reuters.
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