Un juez federal emitió el 26 de noviembre una orden judicial preliminar que ordenaba a dos agencias federales comenzar a publicar documentos relacionados con los tratos de la administración Trump con Ucrania antes del 12 de diciembre, diciendo que los registros eran de interés público.
Los documentos se requirieron bajo una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) del Centro para la Integridad Pública (CPI), una organización de noticias sin fines de lucro.
Colleen Kollar-Kotelly, jueza de Distrito de Estados Unidos para el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, dictaminó el lunes que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD) y la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos (OMB) presenten los registros. Los registros requeridos están relacionados con la presunta retención de ayuda militar por parte de la administración Trump a Ucrania, una acusación central de la investigación de impeachment en curso contra el presidente Donald Trump.
Los demócratas de la Cámara de Representantes alegaron que la Casa Blanca retuvo USD 400 millones en ayuda militar a Ucrania a cambio de investigaciones, lo que el presidente Trump ha negado.
NEW: A federal judge has granted @publicintegrity a preliminary injunction in their FOIA lawsuit seeking OMB/Defense Dept docs on the withholding of Ukraine aid. She orders the agencies to release all non-exempt docs by 12/20, with first batch due 12/12. https://t.co/86WCuuJ9aA pic.twitter.com/wnf430dZXG
— Jacqueline Thomsen (@jacq_thomsen) November 25, 2019
Kollar-Kotelly entregó a las agencias federales una fecha límite para publicar las 211 páginas de registros, que incluyen comunicaciones entre el Pentágono, el contralor del Pentágono y OMB. Al menos la mitad de los registros correspondientes y no exentos (alrededor de 106 páginas) deben publicarse antes del 12 de diciembre, mientras que el resto debe hacerse antes del 20 de diciembre, según el fallo (pdf).
La jueza dictaminó que los documentos son de interés público, ya que el medio de comunicación solicitó la información para informar al público sobre asuntos relacionados con los procedimientos del impeachment.
«Los registros solicitados por el demandante apuntan al centro de los procedimientos del impeachment como se alega, independientemente de si el presidente Trump y su administración retuvieron o no los pagos bajo la USAI (Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania del Pentágono) para presionar a Ucrania a realizar una investigación», escribió Kollar-Kotelly.
“Como un proceso de juicio político tiene el potencial de producir la destitución del Presidente de su cargo, los actuales procedimientos de juicio político son de la mayor preocupación nacional”.
«Solo un electorado informado puede desarrollar sus opiniones y solicitar persuasivamente a sus funcionarios electos que actúen de maneras que promuevan los objetivos de esas opiniones».
En medio de las afirmaciones del denunciante de que el Presidente había suspendido toda la asistencia de seguridad a Ucrania, un alto funcionario de la administración dijo a The Epoch Times el 2 de octubre que la ayuda militar de Estados Unidos se envió según lo programado.
El alto funcionario de la administración afirmó que la ayuda se sometió a un proceso rutinario de revisión y, después de una llamada ‘nota al pie’, se desembolsó en los fondos destinados para Ucrania a tiempo o antes de lo previsto. La ayuda fue revisada en un periodo en que los funcionarios de la Casa Blanca estaban considerando una amplia gama de recortes de ayuda extranjera.
En lugar de la suspensión abrupta, el paquete de ayuda fue sometido a un proceso típico, dijo el portavoz de la administración. La oficina de presupuesto estaba considerando simultáneamente un paquete de rescisiones que podría afectar a otros nueve países.
“Esto no fue algo atípico, en cuanto a asegurarse de que este dinero vaya al lugar correcto. Fue un proceso típico. Se ha hecho varias veces. No es nada anormal en la forma en que se hizo», dijo un funcionario familiarizado con el proceso.
En lugar de retrasarse o retenerse, el dinero se envió una vez que se completó el proceso reglamentario, agregó el funcionario. Los fondos, que vencían el 30 de septiembre, se enviaron a principios o mediados de septiembre, según el Departamento de Defensa.
El Congreso aprobó USD 250 millones en fondos para Ucrania, conocida como la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania. El fondo fue creado en 2015 en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia.
Trump encargó a Esper y al entonces asesor de seguridad nacional John Bolton que revisaran la ayuda de Ucrania para asegurarse de que el dinero no se desperdiciara y que los aliados pagaran su parte.
«El Presidente tiene toda la autoridad para hacer lo que considere correcto con el dinero relacionado con el proceso», dijo el funcionario de la administración.
La llamada realizada en julio entre Trump y Zelensky es el punto medular de la denuncia del denunciante (pdf), que se presentó en agosto y se hizo pública el 26 de septiembre. El denunciante afirmó que Trump aprovechó su posición para obtener ganancias políticas al presionar a Zelensky para que investigara al exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden.
El denunciante sugirió que la solicitud de Trump podría haber constituido una violación de las leyes de financiamiento de campañas. El Departamento de Justicia revisó la denuncia en busca de evidencia de criminalidad y determinó que no era necesaria ninguna otra acción. No obstante, los demócratas han emprendido procedimientos de impeachment, alegando, en parte, que Trump presionó a un líder extranjero para que investigara a un opositor electoral.
Durante la llamada con Zelensky, cuya transcripción fue publicada por la Casa Blanca, Trump preguntó por un exfiscal ucraniano. Joe Biden, en comentarios grabados en video, se había jactado en 2016 de forzar la remoción del principal fiscal ucraniano Viktor Shokin al retener mil millones de dólares en préstamos mientras era vicepresidente. En el momento en que Shokin fue removido, estaba investigando Burisma, la compañía de gas donde Hunter Biden formó parte de la junta directiva.
En una declaración jurada (pdf), obtenida por el periodista de investigación John Solomon para The Hill, Shokin dijo a un tribunal europeo que fue removido debido a la presión de Biden porque se negó a abandonar la investigación de Burisma.
La jueza Kollar-Kotelly dictaminó que la información solicitada por CPI podría informar a los ciudadanos estadounidenses, en medio de las audiencias en curso en el Congreso, sobre un tema «de la mayor preocupación nacional».
Con la colaboración de Ivan Pentchoukov.
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