Una juez de un tribunal federal de Distrito en Washington ha ordenado la divulgación de un memorando legal preparado por el Departamento de Justicia de la era Trump para ayudar al entonces fiscal general William Barr en su decisión de procesar o no al entonces presidente Donald Trump por obstrucción a la justicia durante la investigación de Mueller.
El Departamento de Justicia había retenido el memorando del 24 de marzo de 2019 alegando que debía estar exento de divulgación bajo la Ley de Libertad de Información porque contenía consejos privados de los abogados y se produjo antes de que se tomara cualquier decisión.
Pero la juez de Distrito Amy Berman Jackson, nombrada por Obama, rechazó el argumento, diciendo que en el momento en que Barr había recibido el memorando, él y los redactores tenían un entendimiento compartido sobre la decisión de no procesar a Trump, y, por lo tanto, el documento no era «predecisional».
«Las partes tachadas de la Sección I revelan que tanto los autores como el destinatario del memorando tenían un entendimiento compartido sobre si procesar al presidente era un asunto que debía considerarse de alguna manera», escribió Jackson (pdf), refiriéndose al memorando que había revisado en privado.
«La revisión del documento revela que el fiscal general no estaba entonces abocado a tomar una decisión sobre si el presidente debía ser acusado de obstrucción a la justicia; el hecho de que no sería procesado era un hecho».
También concluyó que el memorando representaba «un asesoramiento estratégico, en contraposición a un asesoramiento jurídico» y quedaría fuera del ámbito de la exención.
La sentencia está vinculada a un caso presentado por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), una organización sin ánimo de lucro que había presentado una solicitud de registro público de información que Barr había revisado antes de su anuncio público en relación con el informe del abogado especial Robert Mueller sobre las acusaciones de que la campaña de Trump había colaborado con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
La solicitud de CREW se hizo después de que Barr dijera al Congreso el 18 de abril que las pruebas presentadas por Mueller no podían establecer suficientemente que Trump hubiera cometido un delito de obstrucción a la justicia. Barr dijo en ese momento que tomó la decisión después de «revisar cuidadosamente los hechos y las teorías legales esbozadas en el informe, y en consulta con la Oficina de Asesoría Legal y otros abogados del Departamento».
La organización buscaba los documentos utilizados en esas consultas con los abogados del departamento.
Aunque la mayor parte del caso se ha resuelto, lo que estaba en cuestión eran dos documentos que el departamento argumentaba que estaban exentos de ser divulgados al público.
En una declaración al tribunal, un abogado especial de la Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ, Paul Colborn, dijo que el primer documento denominado «Documento 6″ y descrito como un «borrador de análisis jurídico sin título y sin fecha» había contenido asesoramiento y análisis jurídico de la OLC, así como información confidencial de clientes.
Colborn también explicó que el DOJ retuvo partes del memorando del 24 de marzo de 2019 porque contenía «asesoramiento y análisis que apoyaban una recomendación sobre la decisión que [Barr] estaba considerando».
«Tal asesoramiento y análisis es predecisional porque se proporcionó antes de la decisión del fiscal general sobre el asunto, y es deliberativo porque consiste en asesoramiento y análisis para ayudar al fiscal general a tomar dicha decisión», declaró Colborn.
Jackson estuvo de acuerdo en que el «Documento 6» fue retenido apropiadamente, pero concluyó que el memorando del 24 de marzo de 2019 no lo fue.
«La revisión a puerta cerrada del tribunal lleva a la conclusión de que la agencia no ha cumplido ni de lejos con su obligación de demostrar que el memorando fue ‘preparado para ayudar a un responsable de la toma de decisiones de la agencia a llegar a su decisión'», escribió.
Jackson ha dado al DOJ hasta el 17 de mayo para que presente el documento. El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times sobre si estaba considerando opciones para suspender la orden.
Este caso es Citizens for Responsibility and Ethics in Washington contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (número de expediente: 1:19-cv-01552).
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