Una jueza federal acordó el miércoles nombrar a un agente judicial para proteger ciertos materiales de la oficina y los fiscales que el FBI confiscó a Project Veritas.
En un pequeño número de casos se nombra a un agente judicial, típicamente un juez retirado, para examinar los materiales incautados y separar los documentos que son privilegiados o que están legalmente protegidos de las autoridades.
Si bien un equipo de filtrado del gobierno podría revisar adecuadamente los materiales, se está nombrando a un agente judicial para «garantizar ‘la percepción de equidad'», escribió la jueza de distrito estadounidense Analisa Torres, nominada por Obama, en la orden de cinco páginas.
“A la luz de las posibles preocupaciones de la Primera Enmienda que podrían estar implicadas por la revisión de los materiales incautados a los peticionarios, el tribunal determina que el nombramiento de un agente judicial ‘ayudará [] a proteger la confianza del público en la administración de justicia'», añadió.
La jueza retirada Barbara Jones, nominada por Clinton, fue nombrada como agente judicial.
Se ordenó al gobierno que terminara de extraer materiales de los dispositivos propiedad de James O’Keefe, fundador de Project Veritas, y de dos exempleados de Project Veritas y entregar los materiales a Jones para que los revise.
Jones dejará a un lado cualquier material que no responda a las órdenes de registro aprobadas por un juez diferente el mes pasado, lo que permitió al FBI allanar las residencias de O’Keefe, Eric Cochran y Spencer Meads. Ella entregará cualquier material que responda a las órdenes judiciales al equipo de filtrado, que luego revisará los documentos para determinar si alguno debe ser retenido del equipo de investigación separado por razones tales como el privilegio abogado-cliente.
Los abogados de Project Veritas pueden oponerse a que cualquier material autorizado vaya al equipo de investigación y Jones fallará sobre cada objeción.
Torres negó otra solicitud de los peticionarios. Le habían pedido a la juez que ordenara al gobierno buscar la fuente de la información filtrada entregada al New York Times relacionada con las redadas y los materiales incautados. Ella se negó, afirmando que no proporcionaron una base legal para su solicitud o no alegaron que el gobierno violó alguna regla, ley o política.
Los agentes del FBI allanaron las casas en busca de evidencia de una conspiración que involucraba un diario que se dice pertenecía a la hija del presidente Joe Biden, Ashley Biden.
Los abogados del Proyecto Veritas dijeron que la mayoría de los materiales incautados eran privilegiados y no estaban relacionados con el diario de Ashley Biden, enfatizando la necesidad de un agente judicial. El gobierno se opuso a nombrar a un agente judicial, argumentando que un equipo de filtrado sería adecuado.
El fallo se produjo un día después de que la magistrada Sarah Cave rechazara un segundo intento de forzar la apertura de registros que convenció al juez de aprobar las órdenes.
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