La jueza de distrito de Estados Unidos Aileen Cannon cambió y programó el 5 de junio las sesiones informativas sobre cuestiones importantes en el caso de los documentos clasificados del expresidente Donald Trump.
La nueva orden pone el nombramiento y las acciones del abogado especial Jack Smith bajo un microscopio, al tiempo que retrasa una audiencia de tres días originalmente programada para este mes para discutir cuestiones de descubrimiento que han dominado el litigio desde la acusación.
El 21 de junio, las partes argumentarán sobre la moción del presidente Trump de desestimar la acusación basada en el nombramiento ilegal del abogado especial. Como indicó anteriormente la jueza, se permitiría participar en la audiencia a los amici, incluidos los expertos que propusieron esta teoría jurídica. El 4 de junio, ella emitió una orden que permitía a tres abogados —que representaban a dos grupos que apoyaban la moción y a uno que se oponía ella— exponer sus argumentos de 30 minutos cada uno.
Se espera que esto dure todo el día.
Entre los amici hay profesores que argumentaron que el nombramiento del abogado especial Robert Mueller fue ilegal cuando el Sr. Mueller fue encargado de investigar al presidente Trump sobre las acusaciones de colusión rusa. Un demandado acusado por el Sr. Mueller había impugnado su nombramiento, que fue confirmado por una corte del Distrito de Columbia y nuevamente en apelación.
Cualquiera que sea el fallo de la jueza Cannon, se puede esperar que sea apelado ante una corte superior. Y aunque no está garantizado que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte revisar la cuestión, durante una audiencia celebrada en abril sobre la defensa de la inmunidad presidencial del presidente Trump en otro caso, el juez Clarence Thomas sacó a relucir esa teoría jurídica.
Anticipándose a esta audiencia, el juez también solicitó recientemente que las partes presenten informes complementarios sobre el argumento del presidente Trump de que la financiación de la oficina del Sr. Smith también viola la cláusula de asignaciones de la Constitución.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió recientemente una decisión en un caso de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que se centra en la cláusula de asignaciones, y las partes tienen como fecha límite el 11 de junio para informar a la corte sobre cómo el nuevo fallo afecta sus posiciones en este caso.
La jueza Cannon programó una nueva audiencia para el 24 de junio para que las partes argumenten la cuestión de la financiación. Posteriormente, por la tarde, las partes argumentarán acerca de la solicitud del abogado especial de modificar las condiciones de la liberación del presidente Trump, de hecho una orden de silencio. Este es el cuarto caso en el que se examina una orden de silencio contra el presidente Trump.
El 25 de junio, el juez programó una nueva audiencia sobre la moción de amparo del presidente Trump, argumentando que se violó su privilegio abogado-cliente en relación con la redada en Mar-a-Lago. Esta audiencia no estará abierta al público, ya que los abogados consultarán materiales de un procedimiento del gran jurado que aún está sellado. Esta audiencia abordará, entre otras cosas, si el presidente Trump tiene derecho a una audiencia acerca de si un agente de la ley mintió para obtener la orden de registro de su residencia.
La jueza Cannon también hizo referencia a la posibilidad de programar una audiencia probatoria adicional sobre este tema.
La jueza también retrasará la audiencia de tres días sobre las mociones de los acusados para obtener más pruebas de los fiscales por una variedad de razones, incluida una admisión reciente de los fiscales que generó dudas por parte de la defensa sobre la cadena de custodia de los documentos clasificados incautados en Mar -a-Lago.
Reloj de juicio rápido
El presidente Trump fue acusado junto con su valet Walt Nauta y el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira. Sus coacusados habían exigido un juicio rápido, poniendo a la corte a contra reloj para juzgar el caso en la misma legislatura o resolverlo sin juicio.
El 7 de mayo, menos de dos semanas antes de la fecha original del juicio para el caso, la jueza Cannon emitió un nuevo cronograma y se negó a fijar una nueva fecha para el juicio hasta que se pudieran resolver las diversas mociones «sustantivas» y cuestiones de descubrimiento de pruebas.
Puso pausa el reloj y descubrió que «los fines de la justicia servidos por este aplazamiento… pesan más que el interés superior del público y de los acusados en un juicio rápido».
Los fiscales habían exigido que la corte siguiera el estricto proceso de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA) al litigar cuestiones relacionadas con la información clasificada en el caso, y si bien gran parte de este litigio está sellado al acceso público, las entradas en los expedientes indican que esto ha llevado mucho tiempo.
La jueza Cannon escribió que fijar una nueva fecha para el juicio antes de resolver «innumerables e interconectadas cuestiones previas al juicio y CIPA» no sería justo ni prudente, lo que efectivamente suspendería el juicio indefinidamente.
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