Una juez federal del caso de los archivos presidenciales del expresidente Donald Trump ha denegado la petición de los fiscales de una orden muy restrictiva que rija la forma en que los abogados defensores pueden compartir información clasificada con sus clientes en este caso.
En un comentario publicado en el sistema de registros de los tribunales federales el 19 de julio, un día después de una reunión previa al juicio del caso, la juez Aileen Cannon informó que había rechazado la petición que los fiscales habían presentado el 17 de julio.
Los fiscales solicitaban una orden de protección (pdf) que regulara la forma en que los abogados del Sr. Trump y su ayudante, el coacusado Walt Nauta, compartirían información clasificada, una cuestión central en el caso.
Requisito SCIF
En esa propuesta de orden, los fiscales dijeron que querían exigir a los abogados defensores que mantuvieran cualquier discusión o revisión de material dentro de una instalación especial de seguridad. Dicho lugar, conocido como «instalación de información confidencial compartimentada» (SCIF, por sus siglas en inglés), entró recientemente en el léxico público cuando los líderes del Congreso dijeron que se les exigía entrar en una SCIF para ver documentos sobre la investigación de un supuesto soborno pagado a Joe Biden durante su mandato como vicepresidente.
La jueza dijo que denegaba la solicitud «sin perjuicio», lo que significa que los fiscales mantendrían el derecho a volver a presentar una solicitud de este tipo en el futuro.
El único otro comentario que figuraba en la entrada «sin papeles» indicaba que la jueza desestimaba la propuesta de orden «por falta de atribución significativa».
Al parecer, esa afirmación se refería a una nota a pie de página en la que se indicaba que los fiscales y los abogados defensores no habían podido fijar una fecha para debatir la propuesta de orden antes de la conferencia previa al juicio del 18 de julio. Pero los fiscales afirmaron que la presentaron de todos modos porque dicha orden es necesaria antes de que pueda iniciarse cualquier intercambio de información clasificada.
Se aplica la Ley Especial
Independientemente de la denegación o de la justificación del juez, los fiscales señalan que los documentos marcados como clasificados forman parte del caso y «estarán sujetos a los procedimientos descritos en la Ley de Procedimientos de Información Clasificada».
Esa ley obliga a los jueces a dictar una orden «de protección contra la divulgación de cualquier información clasificada revelada por Estados Unidos a cualquier acusado en cualquier causa penal», si los fiscales solicitan dicha orden, escribieron los fiscales en su moción.
«Cuando se trate de información clasificada, deberán dictarse órdenes de protección siempre que el gobierno revele información clasificada a un acusado en relación con un proceso».
Se ha nombrado a un jefe de seguridad de la información en el caso, según los fiscales, y ese jefe ha revisado la orden propuesta que la jueza Cannon denegó.
Se fijará la fecha del juicio
El caso presentado contra el Sr. Trump y el Sr. Nauta hace un mes se centra en una acusación de 38 cargos. Tanto el Sr. Trump como el Sr. Nauta se han declarado inocentes.
Cinco cargos acusan a ambos acusados de ocultar documentos citados. En dos cargos distintos, se acusa a cada uno de los acusados de hacer declaraciones falsas sobre la investigación.
Pero la mayor parte de los cargos, 31, se dirigen contra el Sr. Trump en virtud de la Ley de Espionaje. Como reportó anteriormente The Epoch Times, «la mayor parte de la ley no está relacionada con el espionaje». Se le acusa en virtud de una sección que considera ilegal «retener voluntariamente información de defensa nacional».
Tras dejar la presidencia, el Sr. Trump se llevó documentos presidenciales a su casa de Mar-a-Lago, en Florida; algunos tenían marcas de clasificación.
Afirma que tenía derecho a hacerlo en virtud de la Ley de Archivos Presidenciales, y que todos los presidentes de la historia moderna han tenido la oportunidad de separar los archivos personales de los gubernamentales. También sostiene que la ley otorga al presidente la autoridad exclusiva para decidir qué documentos se desclasifican.
El Sr. Trump afirma que los organismos federales están tratando al presidente Biden de forma muy diferente en varios casos, incluidos los relacionados con su posesión de registros clasificados de su época como vicepresidente y como senador estadounidense. Esos cargos carecen de autoridad para desclasificar registros. Un abogado especial seguía investigando el manejo de los archivos por parte de Biden.
Una investigación sobre un número menor de registros en posesión del ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, concluyó sin que se presentaran cargos. Tanto el Sr. Pence como el Sr. Biden han declarado que guardaban los registros sin saberlo.
Se esperaba que la jueza Cannon fijara una fecha para el juicio poco después de escuchar los argumentos de los abogados el 18 de julio en Fort Pierce, Florida. También se esperaba que emitiera una orden completa sobre su denegación de la solicitud de orden de protección de la fiscalía. Esa orden no estaba disponible a las 14.00 horas del este del 19 de julio.
Con información de Hans Mahncke.
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