La jueza federal de distrito Tanya Chutkan aceptó el 9 de agosto una solicitud de los fiscales de la oficina del abogado especial Jack Smith después de consultar con los abogados del expresidente Donald Trump para retrasar un informe de situación y una conferencia para reanudar el litigio en el caso que acusa al 45º presidente por sus acciones el 6 de enero de 2021.
El informe de situación debía presentarse originalmente el 8 de agosto, pero las partes solicitaron más tiempo después de consultar. La jueza ordenó que el informe se presentara el 30 de agosto y que la audiencia se celebrara el 5 de septiembre.
El caso sale de una interrupción de un mes en la corte de distrito, y se espera que proceda con una imputación que es mucho más limitada después de un fallo de la Corte Suprema de EE. UU.
Cronología
El caso fue presentado por el abogado especial el año pasado, y se detuvo cuando los abogados de Trump apelaron el fallo de Chutkan de diciembre de 2023 de que no había inmunidad presidencial en el caso. La corte de apelaciones confirmó la decisión del tribunal de distrito en febrero, y aceleró la esperada apelación de Trump ante la Corte Suprema.
El 1 de julio, la Corte Suprema estableció directrices sobre la inmunidad presidencial y ordenó a las cortes inferiores que analizaran los detalles.
El 2 de agosto, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia devolvió el caso a la corte de distrito, ordenando a Chutkan que siguiera adelante con el caso de acuerdo con la orden del alto tribunal. Chutkan ordenó un nuevo informe de situación y una conferencia al día siguiente, cuyos calendarios ya se han reajustado.
Cuestiones de inmunidad presidencial
Tanto la corte de distrito como la de apelaciones habían dictaminado que Trump no gozaba de inmunidad presidencial en el caso, mientras que los abogados de Trump argumentaron que todas las acciones por las que fue acusado eran actos oficiales inmunes a la acusación.
La decisión del alto tribunal encontró un término medio: dictaminó que los presidentes gozan de «inmunidad absoluta» frente a procesos penales por «conductas dentro de su esfera exclusiva de autoridad constitucional», inmunidad presunta por actos oficiales, y ninguna inmunidad por acciones no oficiales realizadas incluso estando en el cargo.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que escribió la opinión, dio algunas pautas y ejemplos sobre cómo se aplicaría esto en el caso de Trump. Por ejemplo, las conversaciones con ayudantes como el jefe interino del Departamento de Justicia, o el vicepresidente Mike Pence, serían parte de las funciones oficiales del presidente, y presuntamente inmunes.
La Corte Suprema dictaminó además que las conversaciones con ayudantes no podían aportarse como prueba para indagar si las acciones eran oficiales, ya que esto anularía la presunción de inmunidad.
La Corte Suprema dictaminó que algunos de los discursos de Trump incluidos en la imputación eran oficiales y otros no, pero dejó en manos de los tribunales inferiores la decisión sobre los detalles.
En la presentación del 8 de agosto, los fiscales notificaron a la jueza que todavía estaban evaluando el caso de acuerdo con las nuevas directrices de inmunidad presidencial, en consulta con otros funcionarios del Departamento de Justicia, y que no habían finalizado su posición.
La decisión de la Corte Suprema no desestima directamente ninguno de los cuatro cargos de obstrucción y conspiración, pero afecta a varias acciones que componen estos cargos. Se espera que los fiscales revisen la imputación.
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