Una jueza federal pronto deberá tomar al menos dos decisiones clave que establecerán el escenario para un histórico caso contra el expresidente Donald Trump y su ayudante, sobre los documentos clasificados de Florida.
El 18 de julio, la jueza federal de distrito Aileen Cannon celebró en Fort Pierce, Florida, su primera audiencia sobre el caso, previa al juicio. Después de escuchar los argumentos de los abogados sobre las posibles fechas del juicio durante unas dos horas, la jueza dijo que emitiría una decisión por escrito «con prontitud», informó The Associated Press.
Más tarde, la jueza Cannon también se enfrentará a una cuestión particularmente crucial en el centro de las acusaciones contra el Sr. Trump: Cómo se permitirá compartir información clasificada a medida que se desarrolla el caso.
El expresidente y el coacusado Walt Nauta se han declarado no culpables de los cargos relacionados con su presunto manejo indebido de documentos clasificados. El FBI incautó muchos documentos de la residencia de Trump en Florida en agosto de 2022. Ambos acusados se presentaron ante otro juez en una comparecencia muy publicitada en Miami el mes pasado.
Los fiscales solicitaron que la jueza Cannon fije el inicio del juicio para el 11 de diciembre.
Pero los abogados del Sr. Trump quieren que el juicio se posponga hasta algún momento después de las elecciones presidenciales, previstas para el 5 de noviembre de 2024. Ellos argumentan que necesitan más tiempo para prepararse para el caso extraordinariamente complejo. También sostienen que dudan de que su cliente pueda tener un juicio justo antes de las elecciones.
Debates sobre el efecto de la candidatura
Los fiscales han discutido la complejidad del caso, cuya línea de tiempo se remonta a enero de 2021, cuando el Sr. Trump tomó los documentos con él al salir de la Casa Blanca. También han argumentado que la carrera presidencial de Trump no debería afectar al proceso legal.
Sin embargo, el Sr. Trump afirma que está siendo objeto de persecución, precisamente porque está llevando a cabo una prometedora campaña de reelección al cargo que ocupó entre los años 2017-21. El expresidente es el actual favorito para la nominación republicana.
El presidente Joe Biden, el principal demócrata para la nominación presidencial de su partido en 2024, sigue siendo investigado por posesión de documentos clasificados durante su mandato como vicepresidente y senador de Estados Unidos. Trump alega que Biden y otros demócratas han «convertido en un arma» el sistema de justicia penal contra él. Pero el Sr. Biden ha negado que trató de influir para que el abogado especial Jack Smith persiga cargos contra el Sr. Trump.
Antes del caso federal de Florida, el Sr. Trump fue procesado en Nueva York donde le imputaron cargos relacionados con registros comerciales estatales. El 18 de julio, Trump además dijo que fue notificado por la oficina del Sr. Smith de que es objeto de una investigación relativa a sus iniciativas para disputar la victoria del Sr. Biden en las elecciones de 2020, lo que sugiere que pronto podrían emitirle nuevos cargos. El expresidente también puede ser acusado en una investigación de Georgia sobre el mismo asunto.
Aunque no se esperaba que ninguno de los acusados en el caso de los documentos clasificados de Florida compareciera en la audiencia previa al juicio, el Sr. Nauta sí asistió. En cambio, Trump se dirigía a Iowa para un foro ciudadano previamente planeado y moderado por el presentador de Fox News, Sean Hannity. Ese evento de la tarde fue grabado para una emisión programada para varias horas más tarde, a las 9 p.m. ET, del 18 de julio.
Solicitud de orden de protección
Otro aspecto clave del caso de Florida es la solicitud por escrito de la fiscalía de una orden de protección sobre el uso de información clasificada.
En virtud de la orden propuesta que los fiscales presentaron el 17 de julio (pdf), los acusados podrían revelar información clasificada a sus abogados con el único fin de preparar su defensa.
Pero la orden pondría condiciones especiales a la información que los abogados defensores estarían autorizados a revelar a los señores Nauta y Trump.
Si se aprueba, la orden se aplicaría a «todos los asuntos previos al juicio, durante el juicio, posteriores al juicio y de apelación relativos a información clasificada en este caso». Esa información incluye «cualquier documento, grabación o información» que cualquier agencia del Poder Ejecutivo haya clasificado como confidencial, secreto, alto secreto, «datos anteriormente restringidos» o «información sensible compartimentada», señala el documento.
También incluiría «información verbal u otra información no escrita o no registrada conocida por los acusados o el equipo de defensa».
En el documento, la fiscalía enumera más de 30 tipos diferentes de medios de almacenamiento de información que la orden debería cubrir, incluyendo incluso los anticuados «telegramas» y «cintas de máquina de escribir», junto con dispositivos de la era informática como las unidades de memoria USB.
Además, según la orden propuesta por la Fiscalía, «la información clasificada que también sea de dominio público no se desclasifica automáticamente». Debe haber sido declarada desclasificada por «una declaración oficial de un funcionario del Poder Ejecutivo del Gobierno de los EE. UU.» que posea autoridad en materia de desclasificación.
Otras resoluciones de la jueza
En otra acción reciente en el caso, la jueza Cannon se negó a permitir que los fiscales federales sellen una lista de 84 testigos de cargo. Los fiscales querían impedir que Trump se comunicara con esas personas sobre el caso. Pero el juez Cannon, al negarse a acceder a la petición de los fiscales, dijo que no dieron ninguna justificación para ocultar los nombres a la vista del público. El juez también dijo que los fiscales no explicaron «por qué el sellado parcial, la redacción o medios distintos del sellado no estaban disponibles o eran insatisfactorios».
La jueza Cannon fue objeto de críticas casi de inmediato cuando las autoridades revelaron que había sido asignada al caso penal de Florida contra Trump.
El expresidente había nombrado a la jueza Cannon para el puesto federal mientras estaba en el cargo, y los críticos apuntan a su controvertido fallo anterior en un aspecto separado pero relacionado al caso.
El año pasado, después de que los abogados de Trump presentaran una demanda por el allanamiento de su casa por parte del FBI, la jueza Cannon accedió a su solicitud de nombrar a un «abogado especial» encargado de eliminar los documentos que estaban cubiertos por el privilegio ejecutivo, el privilegio abogado-cliente, o estaban exentos de la investigación del Departamento de Justicia de los documentos clasificados.
Sin embargo, el trabajo del abogado especial terminó a fines del año pasado después de que una corte de apelaciones dictaminó que la jueza Cannon carecía de la autoridad para nombrar a un revisor independiente.
Los jueces de apelación dijeron que no podían “escribir una regla que permita a cualquier sujeto en relación con una orden de allanamiento bloquear las investigaciones del gobierno después de la ejecución de la orden”.
Con información de The Associated Press
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