El juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega a su etapa final esta semana, cuando el exmandatario podría sentarse en la silla de los testigos para defenderse de las acusaciones del Gobierno de EE. UU., que le enfrentan a cadena perpetua.
Aunque su abogado principal, Raymond Colón, indicó que Hernández testificaría, aún no está claro si finalmente JOH, como se conoce también al expresidente, dará ese paso, en el que también sería interrogado por la Fiscalía.
El Gobierno de EE. UU., representado por la Fiscalía, terminó este lunes la presentación de su caso, tras lo cual el principal abogado de defensa, Raymond Colón, pidió que se desestimaran los cargos alegando que la Fiscalía no había podido presentar evidencias en su contra.
La Fiscalía dijo al juez Kevin Castel que hay «extensa evidencia» entre ella los testimonios de los coconspiradores.
El juez Castel rechazó el pedido de la defensa y el juicio continuará esta tarde con el testimonio a favor de JOH de dos militares, según informó Colón previo al receso de almuerzo.
En las dos semanas de juicio, que comenzó el pasado 20 de febrero, la Fiscalía sentó en la silla de los testigos a varios narcotraficantes hondureños que cumplen sentencia en este país y que esperan quedar en libertad o la reducción de su condena a cambio de su testimonio.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado vídeos, grabaciones o fotos que comprometan a Hernández con la entrega de dinero del narcotráfico, que según la acusación, también recibió del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzman Loera, quien presuntamente donó un millón para su campaña presidencial del 2013.
Entre los testigos estrellas de la Fiscalía estuvieron el exalcalde y narco Alexander Ardón y Devis Leonel Rivera Madariaga, fundador y líder junto a su hermano Javier del cartel de Los Cachiros, que confesó 78 asesinatos en su país y que se asoció con el cartel Valle, también de Honduras, para la compra y exportación de la cocaína que traían desde Colombia, en ruta hacia EE. UU., con el presunto apoyo de Hernández.
También se escuchó a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio «Pepe» Lobo, que precedió a Hernández, a quien su hijo vinculó con el cartel de Los Cachiros.
Rivera Madariaga y Lobo aseguraron haber extorsionado a Hernández a cambio de recibir protección para su negocio, de no extradición a EE.UU., de información estratégica del Gobierno sobre controles policíacos o radares, o de contratos para sus negocios de blanqueo de dinero, en el caso de Los Cachiros.
La Fiscalía terminó hoy su presentación de testigos con el experto en armas John Miller, quien habló en detalles sobre las diversas armas que, según han declarado los narcos en este juicio, usaban para proteger los cargamentos de cocaína.
Miller, de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de fuego (ARF, por sus siglas en inglés) identificó algunas armas en fotos, pero también trajo a la sala armas como un M-16, un AK-47 y un lanza granadas, entre otras -pese a la objeción que había presentado la defensa- habló de sus partes, cómo funcionan, su alcance y en qué se diferencian.
De acuerdo con la acusación, entre 2004 y el 2022 Hernández participó en una conspiración violenta y corrupta de narcotráfico para exportar cientos de miles de kilogramos a EE. UU., a cambio de miles de dólares para su ascenso en la política y para ello se valió de policías, militares, y otros miembros del sistema de justicia de su país.
En enero del 2022, poco después de terminar su segundo mandato como presidente, Hernández, que también fue presidente del Congreso nacional, fue acusado de narcotráfico por EE. UU. y el 15 de febrero fue arrestado en su hogar en Tegucigalpa.
El 21 de abril de ese año fue extraditado tras perder la apelación para enfrentar juicio en la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan.
De acuerdo con EE. UU., el acusado usó sus vastos poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de cárteles, y bajo su presidencia convirtió a Honduras en un «narcoestado».
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