La Comisión Anti-corrupción de Birmania presentó ante la Policía varias denuncias por supuestos delitos de corrupción contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi, a quien acusan de recibir sobornos y aprovecharse de su posición.
Tras investigar una serie de denuncias, este organismo estimó que Suu Kyi aceptó 600,000 dólares y 11.2 kilos de oro en sobornos y usó su cargo para alquilar una serie de terrenos por un monto por debajo del precio estimado, recoge este miércoles el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.
Los abogados de Suu Kyi, previamente, rechazaron de manera rotunda cualquier acusación de corrupción contra la nobel de la paz.
La comisión denuncia que Suu Kyi «abusó de su autoridad» para alquilar a un mejor precio un terreno público de 0.75 hectáreas en Rangún para abrir la sede de una fundación que ella misma preside, causando un perjuicio al erario público de 5200 millones de kyat (3.15 millones de dólares o 2.6 millones de euros).
Además, la derrocada líder también usó su influencia para hacerse con dos terrenos públicos de 41 y 9 hectáreas cerca de Naipyidó para establecer una escuela taller, con una pérdida valorada en 19,000 millones de kyat (11.5 millones de dólares o 9.5 millones de euros).
«Estos movimientos no se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos estipulados, sino a través de su poder y autoridad. Pagó precios inferiores a las cantidades razonables por el arrendamiento de tierras», argumenta la comisión, según recoge la prensa oficialista.
La Comisión también asegura que Suu Kyi utilizó 1600 millones de kyat (970,000 dólares u 800,000 euros) recaudados en donaciones para la fundación como fondos para construirse una residencia y recibió sobornos y oro de manos del exgobernador de Rangún.
Además de contra Suu Kyi, la comisión también presentó denuncias contra el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, y otros dos políticos locales.
Suu Kyi, quien hasta ahora afronta seis cargos en dos procesos judiciales, se encuentra bajo arresto desde el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero que la apartó del poder.
Está previsto que el próximo lunes comience en un tribunal especial de la capital el juicio oral contra Suu Kyi por cinco variopintos cargos como la importación ilegal de dispositivos electrónicos, vulnerar las normas sobre la covid-19 o incitar al odio.
La política birmana afronta además otro juicio en el Tribunal Supremo por la presunta violación de la ley de Secretos Oficiales, cargo penado con hasta 14 años de cárcel.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
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