El senador Bill Hagerty (R-Tenn.) criticó el plan de la Administración Biden de crear una «Junta de Gobernanza sobre Desinformación», diciendo que el plan probablemente es ilegal.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció la creación de la junta en abril, días después de que Elon Musk consiguiera un acuerdo de 44,000 millones de dólares para comprar Twitter. La idea de la nueva agencia fue inmediatamente criticada por los legisladores y los usuarios de las redes sociales por igual, y muchos la compararon con el «Ministerio de la Verdad» de George Orwell en la novela «1984».
«Es una idea horrible, y debería disolverla», dijo el senador Mitt Romney (R-Utah) a Mayorkas durante una audiencia en el Senado el 4 de mayo.
En una carta del 29 de abril (pdf) dirigida a Mayorkas, Hagerty sostenía que las «acciones del jefe del DHS merecen ser revisadas por el Congreso, tanto como una cuestión general, como en virtud de la Ley de Revisión del Congreso y porque las acciones pueden estar en violación de las disposiciones de la Ley Antideficiencia».
Hagerty vinculó su propia oposición a la junta a las disposiciones de la Ley de Antideficiencia, una ley de 1982 diseñada para evitar que el poder ejecutivo se apropie de fondos que excedan los aprobados previamente por el Congreso, así como a la Ley de Revisión del Congreso (CRA), una ley de 1996 que permite al Congreso anular las regulaciones internas de las agencias ejecutivas con una mayoría simple de votos en la Cámara y el Senado.
Si Mayorkas creara la junta sin la aprobación del Congreso, añadió Hagerty, estaría violando la ley a sabiendas y voluntariamente, un delito que podría llevarle a la cárcel federal hasta dos años y una multa de 5000 dólares.
«Usted cumplirá con los requisitos» de la junta de la CRA, incluyendo los requisitos de que «cualquier acción de la agencia que entre en la definición de una ‘regla’ debe ser presentada al Congreso para su revisión antes de que pueda entrar en vigor», dijo Hagerty a Mayorkas.
La decisión de Mayorkas de crear el consejo y contratar a Nina Jankowicz como su nueva directora «puede ser también una violación directa de las disposiciones de la Ley de Antideficiencia», afirmó Hagerty.
Dicha ley prohíbe «realizar o autorizar un gasto, o crear o autorizar una obligación, con cargo a cualquier asignación o fondo que supere la cantidad disponible en la asignación o fondo, a menos que lo autorice la ley».
Citando la Ley Ómnibus de Asignaciones de 2022, Hagerty dijo que la financiación aprobada por el Congreso para la junta y el salario de Jankowicz «no es ninguna», porque «el Congreso la desfinanció explícitamente, hace apenas unas semanas».
De acuerdo con el último proyecto de ley de financiación federal, dijo Hagerty, la ley «prohíbe específicamente al secretario de Seguridad Nacional utilizar cualquier fondo proporcionado por el Congreso para llevar a cabo la Sección 872 de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, lo que significa que desfinancia cualquier acción para ‘asignar o reasignar funciones entre los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional o para establecer, consolidar o alterar las unidades organizativas dentro del Departamento de Seguridad Nacional'».
Reiterando su advertencia de que la creación de la junta podría hacer que Mayorkas tuviera consecuencias legales, escribió: «Como sabe, un funcionario o empleado, incluido usted, que viole la Ley Antideficiencia ‘estará sujeto a la disciplina administrativa apropiada’ y, en caso de violaciones intencionadas, se enfrenta a una multa penal, a la cárcel o a ambas».
En virtud de las disposiciones de la Ley Antideficiencia, el Congreso dictaminó que cualquier empleado o funcionario federal que «a sabiendas y deliberadamente» infrinja sus disposiciones «estará sujeto a la disciplina administrativa apropiada, incluyendo, cuando las circunstancias lo justifiquen, la suspensión de funciones sin goce de sueldo o la destitución del cargo» y «será multado con un máximo de 5000 dólares, encarcelado por un máximo de 2 años, o ambas cosas».
«Claramente, esta Junta de Gobernanza sobre Desinformación del DHS que impone restricciones significativas en la base de los valores y las libertades estadounidenses y nuevos gastos al pueblo estadounidense requiere la revisión del Congreso y puede ser una violación de la Ley Antideficiencia», concluye Hagerty.
«Para que los representantes electos de los estadounidenses puedan revisar oportunamente las normas y políticas de aplicación de esta medida, tal y como exige la ley federal, les rogamos que confirmen antes del lunes 16 de mayo que la presentarán al Congreso antes de que entre en vigor».
Después de que el plan iniciara una intensa respuesta en Internet y en los medios de comunicación, Mayorkas acudió al Senado el 4 de mayo para testificar sobre la nueva oficina.
«No tenemos definiciones de lo que es [la Junta de Gobierno de Desinformación]. No tenemos límites sobre lo que hace», dijo el senador James Lankford (R-Okla.) durante la audiencia, repitiendo las preocupaciones comunes del GOP sobre el plan. «¿Por qué no deberíamos tener sospechas sobre esto?».
«Esta no es la policía de la verdad», afirmó Mayorkas. «Nuestro trabajo para hacer frente a la desinformación que amenaza la seguridad de la nación ha estado en marcha durante casi 10 años. Hice la pregunta —y la hicimos dentro del [Departamento de Seguridad Nacional]— de qué esfuerzos tenemos en marcha».
«¿Qué políticas, procedimientos y normas de conducta tenemos en marcha para garantizar que ese trabajo de vital importancia para la seguridad nacional… no vulnere los derechos fundamentales?».
Mayorkas también ha afirmado que la junta no censurará información ni tendrá «autoridad operativa».
Sin embargo, la información sobre lo que es realmente la junta y lo que hará sigue siendo escasa, por lo que sigue sin estar claro cómo funcionará exactamente la junta.
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