Junta electoral de Illinois decide mantener a Biden en la boleta electoral

Por Catherine Yang
30 de enero de 2024 6:26 PM Actualizado: 30 de enero de 2024 6:26 PM

La Junta Electoral del Estado de Illinois votó unánimemente para certificar al presidente Joe Biden como candidato para las primarias en respuesta a dos impugnaciones separadas a su candidatura.

En la primera impugnación, los votantes locales Beth Findley-Smith y Timothy Conrad alegaron que los documentos de candidatura del presidente Biden habían sido notariados en Washington y no localmente.

La consejera general Marni Malowitz señaló que la junta había desestimado anteriormente un caso similar del candidato Kanye West, y recomendó a la junta que hiciera lo mismo.

En la segunda impugnación, tres votantes locales, dos de los cuales no estaban presentes, alegaron que el presidente Biden era inelegible para la candidatura en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda.

La votación se produjo después de una audiencia y votación unánime para mantener al expresidente Donald Trump en la boleta después de que cinco votantes locales impugnaran su elegibilidad en virtud de la Sección 3. La junta es bipartidista y está compuesta a partes iguales por republicanos y demócratas.

La Sra. Malowitz recomendó a la junta conceder la moción para desestimar la impugnación contra el presidente Trump, añadiendo que la impugnación era «tan inadecuada legal y fácticamente».

Los demandantes habían argumentado que las políticas fronterizas del presidente Biden perjudicaban a la nación, así como cuestiones relacionadas con la salida de Afganistán, y un funcionario de la audiencia había advertido que estas políticas no pueden equipararse a proporcionar «ayuda o consuelo» a los enemigos de la nación, como se menciona en la Sección 3 de la 14ª Enmienda.

«También es un asunto controvertido en el que la junta no tiene por qué meterse», añadió Malowitz.

La junta no hizo comentarios sobre cuestiones de insurrección, salvo un miembro republicano con respecto al presidente Trump.

El asunto Trump

Durante una audiencia sobre la Sección 3 en su aplicación al presidente Trump, el miembro de la junta Jack Vrett dijo que el axioma «los casos difíciles generan malas leyes» ciertamente se aplica.

«Si nos excediéramos en nuestra autoridad … y miráramos la conducta subyacente … creo que lo que veríamos sería una gran apertura a los litigios», dijo. Por ejemplo, todos los candidatos al consejo escolar podrían impugnar a sus rivales por presunta conducta delictiva y exigir a las juntas electorales que investigaran.

«La reparación que buscan los peticionarios es la confiscación de las boletas» y no han alcanzado ese umbral, añadió.

La miembro de la junta Cristina Cray fue el único otro miembro que hizo una declaración, queriendo dejar constancia de que ella era republicana pero que «no hay duda en mi mente» de que el presidente Trump participó en la «insurrección». Ella dijo que no creía que la junta tuviera jurisdicción para pronunciarse sobre tal cuestión.

La Sra. Malowitz había aconsejado a la junta que incluso si no tenía autoridad para analizar cuestiones constitucionales, tenía autoridad estatutaria con respecto a la certificación de la boleta electoral. Dijo que no estaba convencida de que el presidente Trump hubiera presentado documentos falsos. Añadió que varias cuestiones necesitaban determinación antes de la cuestión de si la Sección 3 constituía insurrección, y recomendó a la junta no tocar ese tema.

La votación unánime para mantener al presidente Trump en la boleta se produjo después de que un oficial de audiencia recomendara que se concediera la moción de desestimación. El funcionario de la audiencia, el exjuez Clark Erickson, republicano, recomendó a la junta que determinara que el presidente Trump participó en una insurrección el 6 de enero y que, por lo tanto, quedaba descalificado como candidato. Había extraído sus conclusiones de las pruebas presentadas en el juicio ante un tribunal de distrito de Colorado, que en gran parte se basaban en el informe del Comité Selecto del 6 de enero.

La decisión puede ser apelada ante un tribunal estatal, algo que los activistas han señalado que harán.


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