La Junta de Ética del Condado de Fulton canceló la audiencia de dos quejas contra el Fiscal de Distrito del Condado de Fulton Fani Willis el jueves, declarando que no tenía jurisdicción sobre el asunto, ya que Willis es una funcionaria del estado.
«La fiscal de distrito Fani T. Willis es una funcionaria constitucional elegida por el estado que forma parte del poder judicial del gobierno estatal, al igual que todos los fiscales de distrito», declaró la junta el jueves. «El cargo y los poderes del Fiscal de Distrito se definen y derivan del artículo 6 de la Constitución del Estado de Georgia».
El 20 de febrero, a raíz de un testimonio explosivo de Willis sobre presunta mala conducta, la junta había programado una sesión especial para escuchar dos denuncias de ética contra el fiscal de distrito. Antes de la reunión, sin embargo, la junta determinó que no tenía jurisdicción sobre el asunto.
«La fiscal de distrito del condado de Fulton no entra dentro de la definición de un «funcionario del condado», tal como se define en el código de ética», declaró la junta. «En consecuencia, cualquier queja ética contra un fiscal de distrito de cualquier condado estaría bajo la jurisdicción exclusiva de la Comisión de Ética del estado».
Las quejas habían sido presentadas por los residentes del condado de Fulton Steven Kramer y Gregory Mantell, que estaban investigando de forma independiente las finanzas de la fiscal del distrito después de que las acusaciones de mala conducta y una relación «impropia» se hicieran públicas a través de una presentación judicial a principios de este año.
Desde el 8 de enero, Willis ha sido objeto de un mayor escrutinio público. La fiscal de distrito ya estaba en el centro de atención por procesar un caso de chantaje de alto perfil que alega que el expresidente Donald Trump y 14 coacusados participaron en una conspiración criminal por sus acciones para desafiar los resultados de las elecciones de 2020.
La entonces abogada defensora Ashleigh Merchant, asesora legal del acusado Michael Roman en el caso de chantaje, alegó un conflicto de intereses y que su nombramiento como fiscal principal del caso había resultado en un beneficio financiero no declarado para el fiscal de distrito. Las acusaciones incluían detalles de una aventura amorosa que las partes acusadas han reconocido desde entonces, y unas «fastuosas» vacaciones que Willis declaró que no eran regalos.
El 6 de marzo, ante un comité del Senado estatal, Merchant expuso los antecedentes de su investigación sobre las finanzas de Willis y cómo su investigación dio lugar a la presentación de una moción para descalificar al fiscal del caso de las elecciones.
Ella identificó prácticas inusuales de contratación y pago en la oficina de la fiscal del distrito a través de esta investigación de registros, pero fue un exasociado del fiscal especial Nathan Wade quien detalló una relación romántica de años entre Wade y Willis.
Merchant declaró que Terrence Bradley, exsocio de Wade, también había contado esta información a Manny Aurora, un abogado que representaba a otro acusado en el caso de las elecciones que ya se ha declarado inocente, así como a Cindi Lee Yaeger, subjefa adjunta del fiscal de distrito del condado de Cobb. Desde entonces, ambos abogados han declarado en los tribunales que pueden testificar sobre la relación entre Wade y Willis. Bradley también había dado instrucciones a Merchant para que identificara a una antigua «amiga» de Willis, de la que dijo que tenía un apartamento que Willis utilizaba para reunirse con Wade durante su aventura.
Desde que Merchant fue contratada por su cliente en el caso de las elecciones del pasado agosto, ha realizado docenas de solicitudes de documentos públicos. Muchas de estas solicitudes nunca fueron atendidas, lo que llevó a Merchant a demandar el acceso.
Sin embargo, en los archivos judiciales, Willis también argumentó que ella era una funcionaria constitucional del estado y no estaba sujeta a las leyes del condado que Merchant la acusó de violar.
Willis ha testificado ante el tribunal sobre la supuesta mala conducta. La mitad de los acusados en el caso de chantaje se unieron a la moción para descalificarla como fiscal, y se celebró una vista probatoria de tres días ante el juez Scott McAfee del Tribunal Superior del condado de Fulton.
La cuestión jurídica clave en la decisión del juez será si la «apariencia de incorrección» es suficiente para justificar la descalificación o si se requiere una mala conducta forense y pruebas de un conflicto de intereses.
Al final de los alegatos finales, el 1 de marzo, el juez anunció que esperaba emitir una decisión en el plazo de dos semanas. Desde entonces, la defensa ha solicitado que se reabran las pruebas y que testifiquen Aurora y Yeager
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