Después de muchos ruidosos debates en las reuniones de los consejos escolares de Florida, los organismos de los condados de todo el estado han decidido introducir cambios en su política de comentarios públicos.
Tradicionalmente, los consejos escolares y los gobiernos locales establecen normas y políticas para ayudar a regular la participación del público en sus reuniones. Ayudan a que los procedimientos avancen, ofrecen tiempo para que los residentes expresen sus quejas o preocupaciones, y mantienen el civismo.
Sin embargo, las recientes amenazas contra profesores y autoridades educativas han hecho que muchos sistemas escolares cambien su política para mantener la seguridad de sus empleados y de los miembros del consejo.
Los cambios propuestos varían según las juntas, pero, en esencia, pretenden limitar el tiempo de intervención del público.
Las juntas quieren reducir los minutos de cada orador, e incluso la duración de las sesiones de comentarios públicos.
Jane Goodwin, la nueva presidenta de la Junta Escolar del Condado de Sarasota, ha revisado su política y los cambios han sido aprobados para su publicación durante una reunión de trabajo el 7 de diciembre.
La política de Sarasota reduciría el tiempo de los comentarios del público de tres minutos a dos minutos por orador, permitiría una hora para los comentarios del público, anunciaría su nombre y cualquier afiliación a un grupo, y movería los comentarios del público sobre los puntos no incluidos en la agenda al final de la reunión.
Durante el taller, Goodwin, junto con la expresidenta Shirley Brown y Tom Edwards, apoyaron los cambios, citando que «muchos miembros del público fueron disuadidos de asistir a las reuniones de la junta durante el último año debido a un comportamiento problemático».
Otros miembros, Bridget Ziegler y Karen Rose, se opusieron a los cambios porque «limitarían las aportaciones del público y dividirían aún más a la comunidad».
Este problema no es exclusivo de Florida.
Los consejos escolares de todo el país están empezando a «buscar formas» de «controlar» los comentarios del público en las reuniones locales en un esfuerzo por calmar a las multitudes sobre temas candentes como la teoría crítica de la raza y las órdenes de uso de mascarillas.
En otros reportes de los medios de comunicación, un consejo escolar de Kentucky cambió su política para que los comentarios se enviaran por correo electrónico, después de que una reunión se convirtiera en una pelea a gritos.
En el norte de Virginia, los funcionarios del consejo escolar restringieron quiénes querían que hablaran en sus reuniones por cuestiones similares.
En los últimos meses, los padres han dejado oír sus voces y opiniones y han expresado que quieren tener más control sobre lo que sus hijos aprenden en la escuela.
Otros condados de Florida —como Brevard, Orange y ahora Sarasota— están estudiando ideas para limitar los comentarios del público como forma de, lo que Ziegler de Sarasota expresó, «calmar el ambiente» en las reuniones controvertidas.
En el condado de Brevard, la junta está proponiendo cambios para impedir que los oradores levanten carteles, limitar el número de oradores que pueden hablar y limitar el tiempo, especialmente cuando hay un gran número de personas programadas para dar sus opiniones.
En el condado de Alachua, los miembros del público en las reuniones del consejo escolar tienen prohibido aplaudir o vitorear en respuesta a los comentarios de los oradores, o sostener carteles.
La política oficial sobre la participación del público limita los comentarios individuales a tres minutos, llamando a los oradores en el orden en que fueron recibidos en una hoja de inscripción de oradores en la puerta.
La norma dice que el tiempo para los comentarios del público será de 30 minutos, a menos que la junta vote para ampliar el tiempo. El presidente puede ampliar el tiempo de los oradores, según la norma. No hay ninguna regla para acortar ese tiempo.
Las personas que quieran hablar —y que no tengan la oportunidad durante los 30 minutos reservados para los comentarios del público-— «pueden dirigirse a la junta al final de la reunión», dice la regla.
Los asistentes habituales dicen que, desde septiembre, la junta ha restringido a menudo el uso de la palabra a un máximo de dos minutos.
Y el tiempo para los comentarios del público se ha reducido recientemente a solo 15 minutos, dicen.
En la reunión del 7 de septiembre, la única persona inscrita para hablar fue Antoinette Chanel, madre de dos niños en las escuelas del distrito.
Después de subir al podio, Chanel contó a los miembros de la junta que dos semanas antes, ella y su hija de 8 años iban en bicicleta a la escuela de su hijo.
Cuando se acercaban a una intersección y se preparaban para cruzar, «oí el ruido de un autobús escolar amarillo», dijo.
«Tuve que actuar rápidamente para evitar que mi hija acelerara hacia la calle para cruzar, porque esto la habría puesto en el camino del autobús escolar».
El autobús circulaba en sentido contrario por un carril de tráfico, aparentemente en un intento de evitar un embotellamiento, dijo. Y ahora su hija «quiere saber por qué está bien que el conductor del autobús escolar infrinja las leyes de tránsito».
Me dijo: «¡Ves, mamá, por eso me da miedo ir sola al colegio por la mañana!».
«Contar historias es mi oficio», dijo Chanel. «Pero me niego a utilizar mi precioso oficio para inventar una historia que explique su negligencia».
Añadió que había inventado historias para explicar «por qué un policía se arrodilla sobre el cuello de un hombre», y por qué la gente «se enfada por usar mascarillas», y por qué la gente «ondea banderas confederadas cuando la Confederación perdió».
Cuando el cronómetro señaló que habían transcurrido sus dos minutos para hablar, la entonces presidenta Leanetta McNealy intentó interrumpirla.
«¡Oh, no voy a parar!» dijo Chanel.
McNealy hizo una señal a dos agentes para que sacaran a Chanel de la reunión.
«¿Qué van a hacer?» exigió Chanel. «Acompañarla a la salida, señora», respondió uno de ellos.
«¿Qué va a hacer usted?» gritó Chanel a McNealy, mientras los agentes la instaban a marcharse.
«¡He venido por respuestas! Tuve que contratar a una niñera para que cuidara a mis hijos para poder estar en esta reunión, ¡y usted imprimió la dirección equivocada en la agenda! Necesito respuestas».
Cuando los agentes la instaron a marcharse, Chanel se dio la vuelta, murmurando, y salió furiosa, gritando detrás de ella: «¡No he terminado! Y a ustedes no se les permite poner mi vida, ni la de mis hijos, en peligro dando poder a gente imprudente».
Pero, desde entonces, los oradores se limitan a dos minutos, dicen los asistentes habituales.
«Los oradores suelen tener de dos a tres minutos para hablar», escribió Jackie Johnson, oficial de información pública de las Escuelas Públicas del Condado de Alachua, en un correo electrónico.
«La junta desalienta las declaraciones que sean abusivas, obscenas, alborotadoras, disruptivas o que incluyan un ataque personal a un miembro del personal, o a cualquier otra persona».
«Pedimos que los oradores sigan nuestra política de civismo, que da al personal del distrito, incluida la junta, la autoridad para pedir a alguien que utiliza obscenidades —o habla de una «manera exigente, ruidosa, insultante y / o degradante»— salir, o ser retirado, de las instalaciones. Esto también es válido para cualquier persona que sea indisciplinada o amenazante».
En el momento de esta publicación, Johnson no había respondido a las peticiones de más información sobre el incidente y el aparente cambio de política.
A principios de octubre, el representante estatal Randy Fine, un republicano, presentó una denuncia penal contra la junta de Brevard.
Fine afirmó que ésta violó las «Sunshine Laws» (leyes de gobierno abierto) de Florida cuando, en septiembre, el presidente de la junta desalojó una reunión pública que se había «vuelto ruidosa» y luego no les permitió volver a entrar.
Fine dijo que la junta está formada por «dictadores de pacotilla», que tienen miedo de enfrentarse al público por sus decisiones.
Brevard fue una de las 11 juntas escolares que desafiaron las reglas de la administración del gobernador Ron DeSantis para obligar a los estudiantes y al personal a usar mascarillas.
En el condado de Orange, la junta había sugerido límites de tiempo en octubre: tres minutos para temas con menos de 20 oradores, dos minutos para menos de 30, y un minuto cuando más de 40 personas iban a hablar.
La junta consideró un «sistema de prioridad» que pondría a los estudiantes, padres de estudiantes y empleados de las Escuelas Públicas del Condado de Orange en primer lugar para hablar, y a los residentes locales y visitantes en segundo lugar.
Además, se prohibiría el uso de clips de video o audio, así como pancartas o banderas, y se prohibiría que la gente se reuniera en la parte trasera de las cámaras de la junta escolar.
Michael Ollendorff, gerente de relaciones con los medios de comunicación para las escuelas públicas del condado, dijo que no se han hecho revisiones a la política desde el 16 de diciembre de 2016, pero no dijo si la medida se abordaría en las próximas reuniones.
Zeigler, de Sarasota, dijo que las críticas sobre las decisiones que toma la junta «vienen con el cargo público», y agregó que como miembro de la junta por 7 años hizo un juramento para «escuchar al público».
También dijo que la forma en que los padres han sido tratados en las reuniones de la junta tiene «consecuencias imprevistas».
«Algunos padres, al hablar en las reuniones de la junta, han sido recibidos con un nivel de desprecio», dijo a la Radio Pública Nacional el 19 de octubre de 2021.
«La gente tiene derecho a hacer peticiones a su gobierno, y cuando se intenta amordazar, o limitar, el derecho del público a hacer peticiones al gobierno se alimenta aún más la frustración».
Las polémicas reuniones del consejo escolar, que han acaparado la atención de los medios de comunicación nacionales, llamaron la atención de la Casa Blanca, donde se pidió al FBI que vigilara a los padres que expresaban sus preocupaciones hasta el punto de que podrían ser calificados de terroristas domésticos.
Esto no ha gustado al gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya que se pronunció sobre el tema en una rueda de prensa en octubre.
«Movilizar al FBI, no es necesario», dijo DeSantis a los periodistas. «La razón para hacerlo es intimidar a los padres, reprimir a la disidencia, hacer que se callen y lo acepten —incluso cuando están muy en desacuerdo con lo que puede estar sucediendo a su hijo».
El Consejo Escolar de Sarasota continuará el debate en enero y votará sobre la nueva política en febrero.
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